Entre profecías autocumplidas, Ubuntu una alternativa de futuro

Por Adriana Quiñones León

 

“Sí un hombre define ciertas situaciones como reales, estas se hacen reales en sus consecuencias”

 (Teorema de Thomas)

La economía extractiva de la que hoy por hoy depende la humanidad ve a la naturaleza como una gran despensa, esta pasó con el capitalismo a ser entendida como naturaleza extensa, es decir, elemento a dividir, fragmentar, explotar, percepción que la somete a ser un simple recurso, es decir, que la reduce a ser insumo para la dinámica del flujo de capital inherente al modelo económico capitalista. Esta visión del mundo provoca el declive de la acepción de recurso que Vandana Shiva recuerda con cierta nostalgia, según la cual recurso significa vida que nace, surge, que retoña, que florece. Por el contrario el recurso es hoy todo aquello que se arranca con sevicia del seno de la naturaleza, aquello robado frenéticamente a la tierra, a la que se insiste  en “domar” y se obliga a producir bajo los dictados del mercado. Se pretende un crecimiento económico sin límites en una Tierra que los tiene y a la que bajo ese ritmo se está encaminando a un destino de inevitable agotamiento.

Dicha visión extractivita del modelo económico trae en sí a la guerra como uno de los mecanismos con los que cuenta para acceder a los recursos que considera escasos en función de relaciones económicas mediada por los intereses  del  mercado, es decir que  la guerra no es un efecto colateral sino un medio propio de la dinámica del sistema, y que llegado un momento se vuelve innecesario a su causa y debe plantearse la manera de superarla, es decir, se llega a una encrucijada.

Aquella encrucijada implica una paradoja, pues aunque la guerra se manifiesta ventajosa para asegurar alcanzar los recursos, a veces también impide su acceso, luego deja de ser funcional. Fue en un contexto de este tipo que en 1997 se definieron 4 escenarios en un ejercicio condensado en un documento llamado Destino Colombia, que parece haber servido de hoja de ruta, y al leerse hoy parecieran dichos escenarios una suerte de profecía para las últimas décadas de  realidad colombiana. Los cuatro escenarios generados fueron amanecerá y veremos (el país se hundió en el caos), más vale pájaro en mano que cien volando (el país desangrado decide negociar), todos a marchar (se instaura un mandato de mano dura con licencia de inhumanidad en el que se incluye el actuar paramilitar y la reforma constitucional para reelegir a Uribe), la unión hace la fuerza, (la sociedad hace esfuerzos para transformar la mentalidad colectiva y realizar un nuevo esfuerzo para una paz negociada con participación de la sociedad civil).

Estos escenarios eran conjeturas sobre posibilidades de futuro suma cero, de alternativas independientes  de resolución del tablero, pero que se han puesto en escena de forma intercalada en el orden incluso descritas, lo que sin duda inquieta, pareciera que tuvo una gran  incidencia  a la luz de los acontecimientos históricos contemporáneos, que lo hacen parecer un libreto de las últimas décadas  del país. Incluso, no deja de llamar la atención que entre participantes firmantes de Destino Colombia aparece el actual presidente Iván Duque. (Consulta y descarga el documento Destino Colombia aquí)

Sin embargo podemos pensar esa realización en cascada de los escenarios entendiendo que aquel ejercicio de construcción de escenarios estratégicos contó con la participación de actores determinantes de la vida política, económica, social, así como de actores del conflicto (guerrillas y paramilitares), de modo que podemos verlo como una profecía autocumplida, o desde el teorema de Thomas, entendiendo la dimensión psicológica y sociológica según la cual la concepción de un escenario genera unos comportamientos que hacen que la situación concebida se vuelva verdadera. Dicho condicionamiento opera dando vida a los escenarios pensados, al ser elaborados por aquellos actores con capacidad de incidencia y decisión en el curso de los acontecimientos de las últimas décadas, convenciéndose  a sí mismos y a los otros jugadores de las escenas de que todo aquello era posibles, es decir, lo que creyeron lo crearon.

20 años de impunidad

 

  “Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia. Yo propongo que entre todos echemos de pa’ atrás y busquemos las razones de por qué el país está como está”, Jaime Garzón. Por eso hagamos memoria, y quizá podamos encontrar el conjuro para un mejor futuro, un mejor país.

 

Todos juntos en un mismo grito por la vida, 26 de julio

Éste viernes también nos sumamos, porque si se calla el sentir, el grito digno en medio de la barbarie, si se calla nuestro aliento, no existirá mañana. Es imperativo reexistir, sacar a las calles nuestras iras, la indignación, el dolor y la rabia por el exterminio sistemático de los líderes sociales, bajo la aquiescencia del Estado colombiano. La indiferencia, el silencio y la apatía de la sociedad es cómplice de éste genocidio político, tanto como la falla negligente del Estado, su omisión culposa, con dolo, intencionada, junto a sus acciones en el escenario de la ilegalidad, las ejecuciones extrajudiciales,  su licencia de inhumanidad, sus nexos con un paramilitarismo renovado con el regreso al gobierno del uribismo. Este viernes salimos en un grito conjunto que emerge de las entrañas de la Colombia profunda, la Colombia abandonada, condenada por el Estado a todas las formas de violencia, la de los grupos armados, la estructural y la de una cultura política nacional anestesiada frente al dolor y a la angustia producida cada vez que un líder social es arrebatado a la a vida por perseguir una esperanza, un sueño, el de un país y un mundo mejor posible.

Memoria parlante, una etnografía sonora del Sumapaz

Etnografía sonora construida con la comunidad del alto Sumapaz, vereda la Concepción. Investigación y producción: Adriana Quiñones León (Reexistencia), profesora María del Carmen León y estudiantes IE Juan de la Cruz Varela sede vereda la Concepción. Edición y Mezcla: Diego Arenas Casalaire estudio. Música de: Wilson Rey (el llanero de corazón), Alfredo Díaz (compositor y maestro del territorio), Norman Muñoz (director Los Líricos del Sumapaz).

Conjurar la violencia. Subjetividad y cultura de paz

Por Adriana Quiñones León[*]

La subjetividad entendida como el conjunto de elementos que constituyen la identidad del sujeto está íntimamente ligada a la cultura, de la cual se nutre de forma inherente. Lo puede hacer tanto de la cultura de paz, como también de la cultura de la violencia, que sería por antonomasia su antítesis.

Pensemos la cultura de paz como Fisas[1], de acuerdo a una serie de valores, comportamientos y patrones que constituyen la manera de relacionarse y de resolver dinámicas conflictivas  una sociedad desde mecanismos no violentos, en el que la individualidad de quienes conforman esa comunidad estará enmarcada por códigos compartidos al respecto, entonces, construir una cultura de paz implica generar una cultura “nodriza” que alimenta las subjetividades, de manera que se opone a la cultura de la violencia consolidando sujetos que se aproximan a la resolución de sus conflictos a través de formas que no implican la degradación del otro ni física, ni moral, ni estructural.

Es cambiar la fiesta de la guerra de la que hablaba Estanislao Zuleta[2] por la alegría del contrario, es abrazar la diferencia. En lugar de preferir al adversario armado, lo que me permite el regocijo o placer sádico de exterminarlo, tener una transformación de la interioridad  que lleve a preferir el diálogo con el opositor.

Así la reciente expresión de Uribe en la que afirma que prefiere un guerrillero en armas que debatiendo, por ejemplo en el congreso, es un vívido retrato de la cultura de la violencia, cuyo entramado de significados está orientado a eliminar la diferencia política como una forma de sometimiento de la otredad y la resistencia.

Pelando el cobre con las víctimas: algunas contradicciones insalvables con la razón del Derecho Internacional Público y las objeciones de Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP

Por Juan David Ojeda Lópe[1]

Hoy 23 de abril que la oposición política al gobierno de la guerra, en el Congreso de la República hace uso de las disposiciones contempladas en el Estatuto de la Oposición para ejercer su derecho a establecer como prioridad en el orden del día la obligatoria discusión, de momento en el Senado, de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, me permito compartir esta aproximación al tema para develar las reales intenciones de las objeciones de Duque y la inconveniencia de las mismas, en contravía del discurso estilizado supuestamente garantista de los derechos de las víctimas, que vende en los medios de comunicación con su postura de yo no fui.

Primero que todo, se partirá por entender que lo conveniente desde el deber ser como Estado en estos momentos de post- acuerdo con las FARC-EP, es honrar los acuerdos de paz y cumplirlos resolviendo las tensiones existentes dentro de los parámetros legales, a la luz de los conceptos sobre Justicia Transicional (JT) de Jorge Errandonea en su texto Justicia transicional, obligación de investigar y leyes de amnistía en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos  y el juez García-Sayán con su Voto Concurrente en el caso de Mozotes en Salvador, y del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera en Colombia, el cual se centra en el cumplimento de los derechos a las víctimas, que son el eje de los mismos.

Para este ejercicio nos enfocaremos en dos de las Objeciones que el Presidente Iván Duque presentó el pasado 11 de marzo ante el Congreso de la República al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, el cual es la columna vertebral del Sistema de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición- SIVJRNR. La primera la objeción respecto al artículo 7 Reparación integral a víctimas, y la segunda objeción, sobre el parágrafo 2 del artículo 19 sobre el principio de selección, para lo cual iniciaremos citando el artículo 7, por corresponder a la primera objeción en estudio.

ARTÍCULO 7. REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS. Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” del 24 de Noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según Duque, se omite establecer que las FARC son titulares de la obligación de entregar sus bienes para la reparación material de las víctimas, siendo esta especificación necesaria “políticamente” lo que lo lleva a interponer esta objeción por inconveniencia. Partiremos por decir que afirmar que los victimarios son los primeros llamados a contribuir con sus propios bienes a la reparación integral de las víctimas (SIC), es afirmar que las FARC como contraparte de la negociación con el Estado, en esta fase de implementación, no han sido diligentes, no han estado interesados en reparar con sus bienes a las víctimas del conflicto armado. Afirmación que independientemente de si es cierta o falsa, es  partir de la mala fe en el cumplimiento del acuerdo por la contraparte, lo cual genera un clima de inestabilidad jurídica en relación al cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno Nacional.

En este punto es importante señalar, que cuando nos referimos a reparación de las víctimas, no sólo nos estamos refiriendo a la reparación económica, que pareciera ser la única que le interesa al Presidente Duque, sin comprender el gobierno de turno que “las reparaciones deben comprender dimensiones no pecuniarias para realmente ser efectivas e integrales” (P. 42, Errandorrea), lo que implica que el Estado como contraparte debe crear los mecanismos y estrategias, que no se limiten a la reparación económica, con el fin de lograr la efectividad e integralidad en la Política.

Por encima del aspecto discursivo y el enfoque reducido como el gobierno entiende la reparación, en este momento es clave remitirnos al Voto se Sayán sobre el caso de Mozotes y entender que lograr el fin superior de la paz y la realización efectiva y paulatina de los derechos de las víctimas de un conflicto armado interno como el nuestro, es contribuir efectivamente a la reparación integral de las víctimas, lo cual además contribuirá a fortalecer el tejido social y los lazos de confianza, tanto con las instituciones, como entre nosotros mismos.

“La reparación integral es el tercer elemento esencial de la justicia transicional en un contexto así. Apunta a restablecer las relaciones de confianza en la sociedad y busca cimentar procesos que impidan la repetición del drama que la afectó con el conflicto armado no internacional (…) En materia de reparaciones el abanico de opciones es amplio y va desde las compensaciones materiales, medidas de rehabilitación y satisfacción, entre otras”. (P. 158, García-Sayán)

Judicialización en el marco de la Justicia transicional y la violencia como lenguaje político en la sociedad colombiana

Por Juan David Ojeda López [1]

Al aproximarnos a los desafíos de la judicialización de las violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos DDHH en el contexto colombiano de la implementación de los acuerdos de paz del 2016, tomaremos para esta oportunidad como marco teórico a Carlos Nino en su libro El juicio al mal absoluto. En un primer momento nos referiremos a la naturaleza consensuada de nuestro conflicto armado, para posteriormente revisar las trabas que se presentan para la aplicación de la nueva legislación que permita la discontinuidad jurídica.

Analizaremos igualmente como el sentimiento retribuista en la sociedad colombiana es otro desafío para avanzar en una judicialización y como la identificación social con los autores de los abusos y la difusión de la responsabilidad, son quizás los mayores desafíos que presenta la justicia transicional en Colombia en la actualidad. Por último, abordaremos la falta de cohesión política en torno al consenso de avanzar por la paz en Colombia.

La naturaleza consensuada del proceso de transición en que nos encontramos en la actualidad, tuvo como fruto los Acuerdos de Paz del Teatro Colón del 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, pero más que entre el Estado y las FARC-EP, fue entre estas y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual representaba a la élite progresista y moderna del país, con todas sus complejidades y contradicciones, pero que ve en la paz una oportunidad para el desarrollo de sus negocios en un clima de tranquilidad y confianza inversionista.

En la actualidad nos encontramos en un escenario diferente: el actual gobierno Liderado por el Presidente del Centro Democrático, Iván Duque, ha demostrado con sus acciones de gobierno estar en contra de la implementación de la Justicia Especial para la Paz JEP, tal y como se acordó por las partes en La Habana y que hace parte del bloque de Constitucionalidad del Estado Colombiano. Las objeciones presentadas recientemente al –Congreso de la –República es la mejor prueba de ello.

En este hilo, al no tener legitimidad los Acuerdos firmados para el actual gobierno, lo cual conlleva a su desconocimiento, conduciendo a que el actual gobierno busque desconocerlos e invisibilizarlos en el actual Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, que es la carta de navegación de las Políticas Públicas de los próximos 4 años, fundamentales para la implementación de los acuerdos de paz de La Habana.