Lucha anticarcelaria: ruptura judicial

por CRUZ NEGRA ANARQUISTA- BOGOTÁ

Bogotá, miércoles 30 de junio de 2010

«Sin embargo, si día a día son más los individuos que ingresan a las cárceles por no ser funcionales para el Estado, cabe pensar que tal vez la realidad sea que día a día el aparato estatal se hace menos funcional para los individuos y, consecuentemente, para la sociedad. Por lo tanto, nuestra tarea no es transformar la realidad carcelaria para humanizarla y hacerla resocializadora, sino destruir el Estado hasta su cimientos y crear una sociedad libertaria para que la cárcel se convierta en una institución innecesaria, en un triste recuerdo de la miseria y la explotación»

Carta en prisión de un anarquista que estuvo recluido en la penitenciaria de la Picota entre los años 2005 y 2006

La constante represión que vivimos en Colombia día a día busca imponer modelos de vida, de pensamiento y de actuación homogéneos y acríticos a través de una fuerte criminalización, señalamiento y persecución a la oposición política desde sus múltiples expresiones. En este contexto la situación de lxs1 más de 7.000 presxs políticoxs y de guerra no sólo es preocupante sino particularmente indignante.

La cárcel sirve como una bodega humana en donde se encierra a todxs quienes cuestionan y ponen en vulnerabilidad el estado actual de cosas. Es por éste, entre otros motivos, que lxs presxs políticxs viven en unas condiciones inhumanas de reclusión mediante una política penitenciaria déspota. Si a esto le sumamos un sistema judicial basado en el esquema del derecho penal del enemigo —o la ley del enemigo, como la denomina Schmitt— en donde el presx políticx y todx luchadorx social es vistx como criminal y terrorista que no cuenta con derechos, todas las medidas para neutralizarlx son permitidas y consideradas como crímenes de guerra.

Problema o solución, un ejercicio que depende de todxs

En oposición a quienes consideran que el tema de presxs políticxs es de manejo exclusivo de algunas ONG que con dificultad cubren sus necesidades —ya que en ocasiones ni siquiera las organizaciones de las que hacen parte algunxs de lxs presxs les apoyan—, nosotrxs consideramos que el tema de lxs presxs y de la represión en todas sus formas —como la lucha por una sociedad distinta— son temas que nos conciernen a todxs, que necesitan de nuestro trabajo en conjunto, que requieren de estrategias, tácticas y prácticas colectivas que sepan asumir con altura las diferencias y buscar puntos de articulación en común.

 

¿Por dónde encaminar la lucha anticarcelaria?

Ésta es una preocupación constante que requiere recuperar experiencias históricas y sumar potencialidades de manera que podamos dar luchas conjuntas con mayor eficacia e incidencia, fortaleciendo los lazos de solidaridad activa con lxs presxs pero también reafirmando el carácter político de sus acciones que la ley burguesa denomina como delito.

Nuestra propuesta como Cruz Negra Anarquista posee varias aristas. Una de ellas es la ruptura judicial que en concordancia con otros ejes de trabajo se enmarca dentro de la lucha por la abolición del sistema penitenciario (abolicionismo) lo cual sólo será logrado tras la destrucción del sistema capitalista y del Estado. Creemos que la erradicación de la cárcel y otros tipos diversos de panóptico sin acabar con este sistema nauseabundo es imposible y por ello propugnamos por una revolución social que extirpe los cimientos de la actual sociedad vertical y de clases.

En el caso de presxs políticxs2 nos enfrentamos a una situación de contradicción fundamental entre los valores del acusado y los acusadores (Estado, jueces, etc.). Y ello porque éstos son completamente opuestos y antagónicos debido a que son la estructura de la sociedad y el sistema en sí mismos sobre los que se está debatiendo.

En ese sentido, la ruptura judicial plantea un proceso de negación de la autoridad del sistema político y judicial. Así, mientras la ley intenta llamar criminal al presx políticx, éste acusa con el mismo cargo al sistema y al juez, funcionarixs y demás protectores del sistema por ayudar a mantenerlo y legitimarlo. Es así como se consideran ilegítimos a los jueces, a todos los agentes represivos, al sistema penitenciario y al Estado como tal. Finalmente se convierte la cárcel y el juzgado en una instancia de lucha, en una trinchera más.

Si bien creemos en un uso restringido o mínimo de la justicia burguesa para las necesidades concretas a partir de la situación que se vive en las cárceles, la lucha debe ser vista desde el plano estructural. En este sentido se debe acudir al trabajo conjunto —tanto dentro como fuera de la cárcel— y a la movilización horizontal para que, entre otras cosas, dinamice y ponga sobre la mesa la problemática de lxs detenidxs políticxs y la necesidad de efectuar una lucha por un mundo digno y libre.

Entendemos que algunos derechos y leyes han sido producto de arduas luchas, pero el sistema dominante ha logrado hacer uso de éstas de tal manera que su funcionalidad sea mantener el orden existente. Así se convierten más que en una garantía, en una atadura y una forma efectiva de hacernos creer que es posible apelar a la justicia respetando la Constitución y las leyes, cuando todos estos elementos en realidad están en función de los intereses de la clase dominante.

Llamado a la ruptura judicial

Por esto hacemos un llamado a la ruptura, a quebrar las relaciones de dominación y de explotación. Rompamos las dinámicas de reconciliación con el poder ya que lo único que han logrado es domesticar las luchas sociales.

En este sentido, cuando hablamos de ruptura judicial, más allá del rechazo a las leyes se trata de un acto de dignidad y una declaración de voluntad de lxs prisionerxs contra un sistema injusto y asesino que se atribuye el derecho a juzgarles. Por esto, entendemos los procesos de ruptura en un concepto mucho más amplio que el del terreno judicial, ya que si queremos construir un nuevo mundo debemos atacar sus estructuras, sus símbolos y los mecanismos de legitimación que lo mantienen y reproducen. Asimismo vemos que en lo referente a delitos políticos, no se trata de un problema exclusivamente de abogadxs, sino de un problema del sistema de justicia y de la estructura social en su conjunto que sirve a los intereses de las élites.

Nos diría Xosé Tarrío, preso anarquista ibérico: «Tenemos el origen político de la prisión: el monopolio por parte del poder del uso de la represión y de la violencia sobre las demás personas, en exclusiva. Su utilidad funcional: hacer valer sus leyes por medio del terror y de la tortura. Su fin: la destrucción de los enemigos del sistema vigente y de aquellas personas insumisas a las leyes y códigos»3.

A partir de esto reconocemos la necesidad de organizarnos en torno a mejorar las condiciones de existencia al interior de las prisiones, pero no podemos perder de vista que también estamos peleando contra una justicia de clase que categoriza a la oposición política como terrorismo.

Reiteramos la importancia de romper la incomunicación que mediante los muros nos quieren imponer, generando la posibilidad de expresión y denuncia de lxs presxs políticxs por medio de la solidaridad revolucionaria que rompa con el sofisma asistencialista. Entendemos entonces la solidaridad como un hecho concreto y no como una consigna vacía, una acción que nos permita trazar cartografías en dinámicas de apoyo mutuo y lucha social.

1 Se sustituyó el as/os o femenino y masculino por la letra “x” con el fin de facilitar la lectura.

2 Creemos que todo presx es políticx aunque debido al contexto de conflicto armado, social y político que se vive en Colombia utilizamos el término prisionerx políticx enmarcándolo dentro de lxs prisionerxs de guerra y prisionerxs de conciencia.

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