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Judicialización en el marco de la Justicia transicional y la violencia como lenguaje político en la sociedad colombiana

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Por Juan David Ojeda López [1]

Al aproximarnos a los desafíos de la judicialización de las violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos DDHH en el contexto colombiano de la implementación de los acuerdos de paz del 2016, tomaremos para esta oportunidad como marco teórico a Carlos Nino en su libro El juicio al mal absoluto. En un primer momento nos referiremos a la naturaleza consensuada de nuestro conflicto armado, para posteriormente revisar las trabas que se presentan para la aplicación de la nueva legislación que permita la discontinuidad jurídica.

Analizaremos igualmente como el sentimiento retribuista en la sociedad colombiana es otro desafío para avanzar en una judicialización y como la identificación social con los autores de los abusos y la difusión de la responsabilidad, son quizás los mayores desafíos que presenta la justicia transicional en Colombia en la actualidad. Por último, abordaremos la falta de cohesión política en torno al consenso de avanzar por la paz en Colombia.

La naturaleza consensuada del proceso de transición en que nos encontramos en la actualidad, tuvo como fruto los Acuerdos de Paz del Teatro Colón del 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, pero más que entre el Estado y las FARC-EP, fue entre estas y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual representaba a la élite progresista y moderna del país, con todas sus complejidades y contradicciones, pero que ve en la paz una oportunidad para el desarrollo de sus negocios en un clima de tranquilidad y confianza inversionista.

En la actualidad nos encontramos en un escenario diferente: el actual gobierno Liderado por el Presidente del Centro Democrático, Iván Duque, ha demostrado con sus acciones de gobierno estar en contra de la implementación de la Justicia Especial para la Paz JEP, tal y como se acordó por las partes en La Habana y que hace parte del bloque de Constitucionalidad del Estado Colombiano. Las objeciones presentadas recientemente al –Congreso de la –República es la mejor prueba de ello.

En este hilo, al no tener legitimidad los Acuerdos firmados para el actual gobierno, lo cual conlleva a su desconocimiento, conduciendo a que el actual gobierno busque desconocerlos e invisibilizarlos en el actual Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, que es la carta de navegación de las Políticas Públicas de los próximos 4 años, fundamentales para la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Sigue leyendo


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S.O.S COLOMBIA Comunicado Sociedad Civil y Organizaciones Internacionales NO MÁS GUERRA DE ESTADO CONTRA LA MINGA INDÍGENA

ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, ACADÉMICOS, DEMÓCRATAS, HUMANISTAS Y LÍDERES POLÍTICOS EXIGEN AL PRESIDENTE DE COLOMBIA IVÁN DUQUE MARQUÉZ:

PASAR DE LAS ACCIONES DE GUERRA CONTRA LA MINGA MANIFESTACIONES DE RESPETO, VOLUNTAD POLÍTICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS FIRMADOS POR EL ESTADO COLOMBIANO

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“…En la protección de los derechos humanos está necesariamente
comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Colombia, 27 de Marzo de 2019

Las Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y de Paz, nos solidarizamos con la Minga
Nacional por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz y hacemos un
llamado urgente al gobierno Colombiano en Cabeza del Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, y a
los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos con el fin de
demandar en primera instancia la protección de la vida e integridad de las comunidades indígenas,
campesinas y sectores populares movilizados desde el pasado 10 de marzo de 2019. Es un deber
del Estado evitar tragedias de mayor magnitud a las que ya se han presentado y una obligación ética
de los organismos internacionales y cuerpos diplomáticos presentes en Colombia solicitarle al
gobierno colombiano que frene la guerra y la acción militar en contra de la Minga que ejercen el
derecho a la participación, expresión y movilización.

En segunda instancia, hacemos un llamado Presidente Duque para que cumpla las normas,
acuerdos y tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales del pueblo
colombiano en particular el derecho a la participación de las comunidades indígenas, campesinas y
sectores populares vulnerables, que como es de conocimiento de todos, son sujetos de especial
protección del Estado. Los atropellos, uso abusivo de la fuerza y atentados directos contra la vida de
las comunidades deben ser investigados ejemplarmente, castigados y no se pueden repetir. En este
sentido es importante que el Ministerio del Interior, instale prontamente la Mesa de Seguimiento a la
Protesta Social que permita evaluar y garantizar este derecho constitucional, a la luz de pactos y
convenios internacionales signados por el Estado Colombiano.

Nos preocupa la falta de avances en la Mesa de Negociación y la alta militarización en los territorios
donde se desarrollan las concentraciones de la Minga. Señor presidente solicitamos que nos
explique porque el transporte de tropas del Ejército Nacional, Policía, ESMAD, SIJIN y Personal de
Civil no identificado en carros sin placas cerca de los puntos de movilización han aumentado. Estos
operativos y exhibición de armamento, sobrevuelos de helicopteros y drones que cruzan de manera
permanente en medio de los ataques con bombas aturdidoras, gases lacrimogenos y disparos con
armas de largo alcance en contra los sectores sociales participantes de la Minga envían un mensaje
de guerra y no de voluntad política y solución a la grave crisis social, económica y al escalonamiento
del conflicto armado que vive el país y que afrontan de manera directa las comunidades que hoy
ejercen su derecho a manifestar públicamente la necesidad de una respuesta institucional.

Le llamamos a abstenerse de continuar dando tratamiento militar a las justas exigencias de las
comunidades y detener la estigmatización en contra de las comunidades campesinas, indígenas,
negras y sectores populares, toda vez que estos señalamientos generan mayor vulnerabilidad, así
mismo le solicitamos respeto y acatamiento a las Autoridades Indígenas y a la Jurisdicción Especial
Indígena, y rechazamos los señalamientos y pronunciamientos que por medios de comunicación y
redes sociales se han hecho por parte de funcionarios del Gobierno y de Estado, en los que sin
haberse dado informe oficial por parte de las Autoridades Indígenas que investigan los hechos
ocurridos en días pasados en Dagua, han señalado que se trató de un “auto atentado”, queriendo
deslegitimar y estigmatizar a quienes hacen parte de la Minga y criminalizando el derecho a la
protesta social. A los organismos de control del estado disponer de toda la capacidad investigativa
necesaria para determinar los responsables de los hechos que han atentado contra la vida, el
derecho a la participación, la integridad y el buen nombre de quienes participan y encabezan la
Minga.

Recordamos que las comunidades hoy movilizadas, son quienes han apostado por la paz de
Colombia, las que creyeron en el proceso de paz, lo acompañaron y ayudaron a construir el capítulo
étnico dentro del Acuerdo Final y han exigido a las dos partes que los diálogos de paz con el Ejército
de Liberación Nacional continúen. Sin embargo, en el balance de implementación adelantados, los
índices de cumplimiento son muy bajos y los diálogos no avanzan. A esto se suma que finalmente el
Plan de Desarrollo presentado por el Presidente Iván Duque al Congreso, descartó el capítulo étnico,
además de contener políticas que van en contra de las búsquedas ambientales, agrarias y de paz
propias de estos Pueblos.

Con esto en cuenta, nos preocupa la falta de avances de la Mesa de Negociación con la Minga del
Sur Occidente y la alta militarización en los territorios donde se desarrollan las concentraciones de
las comunidades movilizadas en este y otros puntos del país en el Marco de la Minga Nacional. Nos
preocupa también que pese a que las comunidades han demostrado su voluntad de avanzar en las
negociaciones con el gobierno del Presidente IVÁN DUQUE, en los cuatro días de negociaciones, la
Ministra del Interior NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, manifiesta que “definitivamente el presidente
y los ministros compelidos no vienen al Cauca si persisten las vías de hecho”, las cuales la
fuerza pública ha venido utilizando indiscriminadamente contra los manifestantes.

Recordamos que la historia de la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas,
negros, campesinos y en particular de las actividades de defensa de los pueblos congregados una
vez más en la Minga, ha demostrado que sólo mediante la acción de participación directa en la
movilización social es posible visibilizar las condiciones de violencia, pobreza y marginalidad en la
que subsisten en los territorios más ricos de Colombia.

La vicepresidenta Martha Lucía Ramírez reconoció públicamente que los gobiernos anteriores no
cumplieron, según ella: “Es muy fácil dejar firmado un montón de compromisos
cuando no está dejando plata para cumplirlos”. Saludamos que la vicepresidenta tenga
claro que el Estado colombiano es uno solo y los acuerdos de Estado no caducan, tienen fuerza de
ley y permanencia en el tiempo. Esperamos que esta claridad la tenga el gobierno de IVÁN DUQUE
al que le recordamos que en los dos periodos de Gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, (2002- 2010)
los dos periodos de JUAN MANUEL SANTOS, (2010–2018), ambos debieron acudir al llamado de
las comunidades tras la acción de visibilización y defensa colectiva de los derechos fundamentales
liderado desde las Mingas Regionales y Nacionales. En su momento, los dos expresidentes
acudieron al territorio de paz y convivencia de la María, Municipio de Piendamó donde se firmaron
varios acuerdos, que hasta hoy han sido incumplidos.

Señor presidente usted como jefe máximo de las fuerzas militares y sus Ministros como miembros
del ejecutivo deben asumir la responsabilidad frente al tratamiento de guerra que se le ha dado a la
Minga. Por ello solicitamos que acuda al llamado de las comunidades Movilizadas en la Minga
Nacional, y se reúna con ellas sin mayor dilación. Recuerde que como rezan los estándares
internacionales de Derechos Humanos: “no basta con garantizar el libre ejercicio del derecho al
sufragio. La ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos, demanda un permanente
diálogo con sus autoridades electas y una efectiva participación ciudadana en los asuntos
públicos”. 1

Usted señor Presidente IVÁN DUQUE MARQUEZ, sabe que su presencia en el Cauca y
cumplimiento a los acuerdos que demandan los indígenas, campesinos y sectores populares que
hacen parte de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la
paz, evitarán que continúe el derramamiento de sangre del que está siendo testigo el mundo.

¡TODOS SOMOS MINGA POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL
TERRITORIO, LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ!

Organizaciones Nacionales

1. Acapropuga, Asociación Campesina De Productores De Puerto Gaitán – META
2. Afrorenacer del Micay
3. Agenda Ambiental
4. Agrosolidarias Viani
5. Alianza de Organizaciones sociales y afines
6. Alianza por la defensa del Agua
7. APOVENCO
8. ASCAP
9. Ascavex
10. Asoagros – CNA
11. Asociación Ágora Taller
12. Asociación Agro minera de Antioquia ASAGRAMA
13. Asociación Agro minera del Bajo Cauca – ASOAGROMICAUCA14. Asociación Agro minera del Sur de Bolívar – ASAMISSUR
15. Asociación Campesina de Antioquia – ACA
16. Asociación Campesina de Puerto Asís

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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional sobre los atentados en la zona Norte del Cauca, sur de Colombia

 

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en el resguardo indígena de las Mercedes, sector el Pital, territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe, Caldono, Departamento del Cauca, que participan de la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Denunciamos y rechazamos ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos y comunidad en general los hechos ocurridos en la madrugada del 26 de marzo del 2019.

En la Minga social del suroccidente nos encontramos en un ejercicio legítimo de movilización social, un derecho constitucional que tenemos como pueblos, organizaciones sociales y procesos populares.

Rechazamos las acciones criminales por parte de cualquier actor armado, sea legal o ilegal.

El día 25 de Marzo se anunció mediante comunicado a la opinión pública la amenaza que constituye para la Minga social la reunión llevada a cabo en la ciudad de Popayán entre los gremios empresariales y el Concejo de Seguridad en cabeza del Ministerio de Defensa, frente a esto manifestamos la posible construcción y ejecución de un plan militar para accionar en contra de los diferentes puntos de concentración de la Minga o en cualquier punto del departamento del Cauca en el que la población se pueda encontrar en riesgo. Entendemos que este plan incluye tanto acciones militares, ejecutadas conjuntamente entre, EMCAR, ESMAD Fuerza militares, Policía Nacional, Sijin, Dijín y demás entes investigativos, que buscan deslegitimar y estigmatizar la protesta social.

Dado lo anterior, denunciamos los siguientes hechos ocurridos en horas de la madrugada:

  1. Hostigamientos por disidencias en el municipio de Caloto a la 1 a.m y en el municipio de Toribío a las 4:45 am.
  2. Explosión de una motocicleta en el municipio de Miranda.
  3. Explosión de carro bomba al lado de la finca la Emperatriz y en la finca de un comunero de Toéz. Y posteriormente hostigamientos a puesto de la policía en la Emperatriz.
  4. Explosión en la vía panamericana entre el sector Mondomo y la Agustina a 2 km del punto de concentración de la minga social.
  5. Sobrevuelos de helicóptero en horas de la noche en la zona donde se encuentran los migueros y mingueras desde el pasado 24 de marzo hasta el día de hoy 26 del mismo.

Reiteramos nuestra voluntad de diálogo que se ha manifestado por parte de los voceros y autoridades indígenas reunidas desde hace 6 días en la vereda de Mandivá, municipio de Santander de Quilichao. Hemos sido claros en la necesidad de garantías frente a la protección de la vida y demás derechos humanos de todos los mingueros y mingueras, mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas. Sin embargo, no hay respuestas concretas frente a las peticiones, por esto nos encontramos con suma preocupación frente a los hechos denunciados que ratifican un tratamiento de guerra a la protesta social y nos preguntamos hasta cuándo continuarán las acciones descomprometidas por parte del Presidente Iván Duque y sus funcionarios.

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Miami-Cúcuta: el eje terrorista de la gusanería y los paracos

por: Renan Vega Cantor

¿Qué pueden tener en común Miami y Cúcuta, dos ciudades distantes entre sí por unos 2.200 kilómetros y que además tienen enormes diferencias en cuanto a nivel de vida, desarrollo arquitectónico, potencial económico y riqueza? A primera vista nada, porque en efecto las diferencias son abrumadoras, como lo indican unos datos de tipo general de la capital de Norte de Santander. En Cúcuta, con 750 mil habitantes, 40 de cada 100 no pueden cubrir sus gastos básicos; la tasa de informalidad es del 70%; el 40% de sus habitantes son pobres, 281 mil personas, y el 8.5% vive en la pobreza absoluta, unas 60 mil personas; es la ciudad con mayor exclusión de todo el país; el 1% de la población se desempeña en actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de mercancías venezolanas, como gasolina, alimentos y medicamentos; sólo el 25,32% de la población tiene acceso al agua potable, y el 74,68% recurre a fuentes hídricas de origen ilegal; existe un déficit habitacional de 60 mil viviendas y el 90% de los pobres se apiñan en cinco barrios de tugurios; el desempleo reconocido es del 17% y en las calles laboran diariamente 15 mil niños…

En contraste, Miami es un emporio capitalista de riqueza y despilfarro, con 5 millones y medio de habitantes y un ingreso per cápita de 16 mil dólares; es sede de empresas multinacionales, grandes bancos y de compañías de televisión y epicentro de la cultura de masas que domina a América Latina; cuenta con más de 800 edificios de Art Deco; tiene el mayor puerto de cruceros del planeta; por allí salen el 40% de las exportaciones de EEUU hacia el resto del mundo; en ese lugar viven multimillonarios de muchos países del mundo; pero también y como expresión de la desigualdad es la tercera ciudad con más pobres de los EEUU, solo superada por Detroit y El Paso, en Texas.

En conclusión, aparte de los pobres Cúcuta y Miami son dos universos distintos, uno es la meca del despilfarro capitalista de los EEUU y la otra es un desvencijado villorrio, lleno de pobres y huecos.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha construido un verdadero eje del terror que ha conectado a Miami con Cúcuta.

MIAMI Y LA GUSANERA

Miami después de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, se convirtió en la capital de la gusanería, nombre que se utiliza en Cuba para referirse a los contra-revolucionarios y criminales que salieron de la Isla y se refugiaron en Miami, hoy el lugar del mundo donde se concentra la mayor cantidad por metro cuadrado de torturadores, terroristas, mercenarios y criminales estatales y paraestatales, bajo el cobijo de las autoridades del Estado de la Florida y del gobierno federal. Allí residen y muchos de ellos conspiran contra diversos países de América Latina. En ese lugar cohabitan contra-revolucionarios de Cuba, torturadores de Haití (desde los tiempos de Bébé Doc), guarimberos venezolanos, paramilitares de Colombia, ex militares fugitivos de las dictaduras del cono sur y otras malas yerbas del pantano de la criminalidad.

Por ejemplo, en Miami se refugió uno de los militares que torturó y asesino al cantante chileno Víctor Jara y también allí ha residido el militar argentino Roberto Guillermo Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew de 1972, cuando remató él mismo a 16 de las víctimas de esa masacre cometida por el Ejército argentino. Luego de su refugio en Miami se convirtió en un próspero empresario que vende “servicios” a la US Army y es contribuyente del Partido Republicano. También Miami fue la guarida de los terroristas y asesinos internacionales, agentes de la CIA y protegido por los EEUU, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, entre cuyo palmarés criminal sobresalía el asesinato de 73 pasajeros que viajaban en un avión de Cuba en 1976, derribado por una bomba. Estos datos, entre miles, indican que Miami es un refugio de asesinos, los cuales son respaldados e impulsados por la mafia cubano-estadounidense, a la cabeza de la cual se encuentran congresistas como Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, no por casualidad los que encabezan la andanada de terror contra Venezuela.

Aparte de todo, Miami se ha convertido en el emporio del negocio de la música, encabezado por la “gusanería cultural” del clan Estefan, alrededor del cual y de otros mafiosos por el estilo se ha constituido un mercado de mercenarios de la música de diversos países del mundo, entre los que sobresalen muchos de los que participaron en el concierto del odio y de la muerte, que se celebró en Cúcuta el viernes 22 de febrero.

Para no ir más lejos, en 2006 se estableció una especie de Grammy Paramilitar, concedido a cantantes y compositores vallenatos de Colombia de dudosa ortografía, como fue el caso de su primer ganador, Poncho Zuleta. De este individuo circuló una grabación en la que, tras una ráfaga de ametralladora, remata diciendo “Nojoda, viva la tierra paramilitar, vivan los paracos”.

Esa zaga la ha continuado en el día de hoy Silvestre Dangond, denominado como “el paramilitar del vallenato” No extraña que haya sido una de las “estrellas” del concierto en la frontera del 22 de febrero. Sobre el mismo dice un comentario de prensa:

“Uno de los cantantes más populares de la música vallenata […] es Silvestre Francisco Dangond Corrales. El máximo representante de la nueva ola del vallenato […] muestra una de sus caras más nefastas ante un público que llena estadios, coliseos y parques alrededor del país: la de militar frustrado […] [al] que le queda perfecto el perfil de ‘paraco’. Basta con ver detenidamente los detalles de su álbum lanzado en 2013, La IX Batalla, en el que parece [ser] uno de los discípulos pródigos de Carlos Castaño”1.

Estos dos aspectos de gusanería predominantes en Miami, la política y la musical, han sido trasladados a Cúcuta, por unos pocos días, lo que dio la falsa impresión de que esta destartalada ciudad se había convertido en Miami. Soñar es barato, el problema es que al despertar el guayabo (la resaca) es intensa y frustrante,

CUCUTA Y LA PARAQUERA

Así como Miami va más allá de sus rascacielos, playas y cruceros, en Cúcuta, para completar su desgracia, reina el poder paramilitar, hasta el punto que se le conoce como la “República Independiente de los Paracos”. En efecto esta ciudad y sus habitantes han sido asolados por el paramilitarismo desde hace varias décadas, y estos se han convertido en el verdadero poder de la región, en estrecha alianza con políticos locales y regionales, mafiosos, miembros de las fuerzas armadas e incluso sectores de la iglesia católica. Desde Cúcuta se planearon y organizaron terribles masacres contra campesinos de Norte de Santander, y entre lo más infame que se ha realizado allí y en todo el país se encuentran la utilización de hornos crematorios –que revivieron las prácticas del nazismo en Alemania- para incinerar a campesinos y guerrilleros:

“Esto no ocurrió en 1943 en la Alemania nazi. Sus métodos fueron similares, pero la época y el lugar de los hechos está fuera del contexto de la Gran Guerra. Lejos de ser detenidos por las autoridades de la ciudad de Cúcuta, pero sí a tan solo 30 minutos de esta, se registraron estos degradantes relatos que la humanidad creía ya superados luego del horror que fue la aparición del Tercer Reich. Para vergüenza internacional, paramilitares en Colombia acondicionaron como crematorios unas ladrilleras para desaparecer seres humanos”2.

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Colombia en la geopolítica regional (y contra Venezuela)

Las implicaciones en el escenario geopolítico actual, se expresan en un liderazgo por suplantar los esquemas de integración creados y abonar el terreno para la intervención en Venezuela.

Desde comienzos del siglo XXI, Colombia mantuvo una actitud en extremo inversa respecto de los Estados de la Región. Mientras la arquitectura internacional de integración buscaba ganar mayores niveles de autonomía frente a los Estados Unidos, desde Bogotá se le demostraba fidelidad y confianza en la asistencia económica y militar, así como la condescendencia a su política hemisférica. Las implicancias en el escenario geopolítico actual, se expresan en un liderazgo por suplantar los esquemas de integración creados y abonar el terreno para la intervención en Venezuela.

Colombia y EE. UU.

Una postura subordinada a los planes hemisféricos de los Estados Unidos

Gran parte de lo que significa Colombia en la región latinoamericana y caribeña se debe a su política exterior, caracterizada por una postura subordinada a los planes hemisféricos de los Estados Unidos (EE. UU.), priorizando los asuntos militares y de seguridad en sus relaciones internacionales. Uno de los ordenadores de esta política, que mantiene consecuencias visibles en la actualidad, ha sido el Plan Colombia (renombrado Plan Paz Colombia[1] en 2016, a finales de la administración Obama), otro rótulo de la “guerra contra las drogas” y el “terrorismo”. Análisis sucesivos apuntan a que los objetivos reales eran destruir las organizaciones político-militares de izquierda y profundizar los mecanismos de acumulación vía la extracción de recursos minero-energéticos[2].

A través del Plan Colombia, se ha articulado una proyección continental que combina la militarización de la sociedad, la “asistencia para el desarrollo” y la creación de una infraestructura regional al servicio de la extracción de valiosos recursos naturales. En esa línea, Colombia ha concatenado su actitud hostil con las agendas devenidas de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002[3], y otras como el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Mérida[4]. Del mismo modo, ha diseñado una política de Defensa y Seguridad Nacional (conocida como “Seguridad Democrática”), cuya aplicación ha generado situaciones de alta tensión tanto en las fronteras con Venezuela y Ecuador por incursiones militares en sus territorios, como en la región a través del convenio de cooperación que ponía a disposición de los EE. UU. siete bases militares colombianas[5]. Esta trayectoria es actualmente el cheque en blanco para ser instrumento de operaciones en el marco de la crisis con Venezuela.

Mientras la región suramericana vivió un proceso creciente de integración con independencia de los Estados Unidos, Colombia desentonó, siendo además del único país con un conflicto armado, un agresor a sus vecinos y un articulador permanente de iniciativas extraoficiales a la institucionalidad internacional naciente. Mientras en la UNASUR se avanzaba en la perspectiva de articular agendas políticas y de defensa, con las que se restaban fuerzas al panamericanismo tutelado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Colombia fortalecía -mediante ONGs y fundaciones- una red de outsiders políticos de derecha que proyectaban reconfigurar el continente como área de influencia de Washington. Sigue leyendo


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En Venezuela se juega el futuro y la dignidad de toda América Latina

 

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Por.  John MAckerman

Doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional. Activista de izquierda, e investigador de la UNAM naturalizado mexicano nacido en Estados Unidos de origen judío.

¡Fuera Maduro! ¡Es un dictador! ¡Tenemos que salvar a los venezolanos! Espérate un momentito. Revisemos primero los hechos y, después, tomemos posición.

Te ofrezco algunos datos para reflexionar sobre el escabroso tema de Venezuela. Primero, Nicolás Maduro fue legítimamente reelecto presidente de la República por un segundo periodo de cinco años en las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018. Recibió más de 6 millones de votos, el 67 % de la votación, aplastando a su rival más cercano, Henri Falcón, por más del 40 %.

Segundo, el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros del mundo. La votación es electrónica, los electores son identificados por sus huellas dactilares y el sistema es plenamente auditable. Se utilizó exactamente el mismo sistema en las elecciones presidenciales de 2018 que se había utilizado en 2015 para la elección de la Asamblea Nacional, donde resultó electo Juan Guaidó como diputado.

Tercero, la Asamblea Nacional se encuentra en plena rebelión en contra del sistema constitucional de Venezuela. En 2015, ignoró la orden del Tribunal Superior de Justicia de cancelar el nombramiento de tres parlamentarios que habían cometido fraude electoral. Y, ahora, Guaidó se autoproclama “presidente encargado” sin absolutamente ninguna base constitucional. La “falta absoluta” del presidente Maduro que, supuestamente, le daría derecho a ocupar el poder ejecutivo durante 30 días jamás ocurrió.

Cuarto, la oposición en Venezuela dista mucho de ser ‘democrática’. Boicotean elecciones, llaman a la violencia, recurren al racismo y el clasismo y piden la intervención extranjera. Guaidó, en particular, siempre ha estado muy cercano a los proyectos de desestabilización del Gobierno de los Estados Unidos.

Quinto, la mayoría de los gobiernos del mundo no respaldan a Guaidó. Su apoyo se limita a los EE.UU., los viejos poderes coloniales europeos y los gobiernos de derecha de América Latina. La ONU, México, Uruguay y muchos otros países piden una salida pacífica y negociada a la crisis.

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Noam Chomsky explica qué esconden las “Ayudas Humanitarias”

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El concepto de ayuda humanitaria es casi todo acto agresivo realizado por cualquier potencia que, desde el punto de vista del agresor es una ayuda humanitaria, pero no desde el punto de vista de las víctimas, explica el filósofo Noam Chomsky. Según el también lingüista y politólogo, Estados Unidos lo reconoce públicamente y se entiende en el terreno del imperio tradicional.

Primer ejemplo de ayuda humanitaria: El bombardeo a Serbia en 1999

Fuerzas de Albania cometían ataques terroristas en territorio serbio para provocar una respuesta de su Gobierno que le sirviera como justificación a la OTAN (alianza militar intergubernamental Organización del Tratado del Atlántico Norte ), para entrar al país, es decir, una intervención de Estados Unidos. Las pérdidas estimadas fueron altas en ambos lados: dos mil víctimas.

Cuando asumieron la invasión, el general estadounidense a cargo, Wesley Clark, le informó a Washington que el resultado del ataque de EE.UU. intensificaría las atrocidades, porque Serbia no era capaz de responder militarmente bombardeando a los EE.UU., Serbia respondió por tierra, expulsando de Kosovo a los albaneses terroristas, justo después del bombardeo de EE.UU.

Pero la gran cobertura mediática fue la de Slobodan Milošević (expresidente serbio) llevado a la Corte Penal Internacional por una acusación sobre crímenes masivos, todos con una sola excepción, fueron después del bombardeo que ejecutó Estados Unidos contra su población.

Todo lo narrado anteriormente fue una intervención humanitaria, apunta Chomsky.

¿Son legales las intervenciones por ayudas humanitarias?

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una resolución sobre la responsabilidad de proteger, que dice explícitamente que no puede ejecutarse un acto no militar a menos que esté autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se utiliza para asegurarse de que los gobiernos no repriman a sus propias poblaciones.

No obstante, el activista estadounidense explica que hubo otra comisión, presidida por el exprimer ministro australiano Garreth Evans, que debatió sobre la “responsabilidad de proteger”, muy parecida a la versión de la ONU, pero con una diferencia, “que así el Consejo de Seguridad no esté de acuerdo en autorizar una intervención, agrupamientos regionales pueden intervenir a la fuerza por su cuenta, ¿qué agrupamiento regional es capaz de una intervención? Hay uno solo y se llama OTAN”.

La “responsablidad de proteger” es legal porque la Asamblea General de la ONU lo autorizó, pero lo que rige actualmente es la versión autorizada de Evans, un buen ejemplo de cómo funciona una propaganda en un sistema poderoso, agrega Chomsky y  que además se puede ver en los medios de comunicación.

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