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¿Por qué 9 países se preparan para marchar en defensa de la Amazonía?

Este 22 de setiembre se realizará la “Marcha por la Amazonía”, la cual se desarrollará  simultáneamente en los nueve países que comparten el territorio amazónico. El pedido común: exigir a sus estados y comunidad internacional frenar las agresiones hacia la Amazonía y sus poblaciones. 

Bajo el lema “Amazonía viva, humanidad segura”, este 22 de setiembre nueve países amazónicos desplegarán acciones simultáneas en defensa del territorio amazónico, el cual es permanentemente vulnerado junto a las poblaciones que lo ocupan.

El pedido común que comparten es exigir a sus estados y comunidad internacional frenar las agresiones y amenazas que actualmente —y desde hace décadas— viene atravesando la Amazonía.

Así, en base a una plataforma de demandas, se han identificado como amenazas comunes, por ejemplo, el avance de actividades como la deforestación, la depredación y contaminación de ecosistemas por minería.

De otro lado las plantaciones palma aceitera y otros monocultivos, como también el avance de los agronegocios y la construcción las grandes carreteras (caso TIPNIS), hidrovías, represas entre otras megaifraestructuras también son motivo de preocupación.

De igual forma, se denuncia cómo desde los propios estados se promueve políticas que desprotegen a los territorios y sus poblaciones en favor solo de las grandes inversiones económicas.

Entre las consecuencias más graves de alentar el extractivismo está el etnocidio que sufren comunidades indígenas, especialmente las que viven en condición de aislamiento.

En contraparte a este modelo que actualmente impera, se propone poner énfasis en el desarrollo de una Economía de Vida Plena, así como en la creación de fondos estatales que promuevan iniciativas alternativas como la acuicultura, bioindustrias, agroforestería.

Dicha demanda tiene como base la aplicación del artículo 7 del Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), para ejecutar y controlar estrategias de desarrollo propias de los pueblos indígenas.

De otro lado, se demanda una urgente atención en salud que dirija acciones efectivas nacionales y binacionales para detener enfermedades como la malaria, el VIH/SIDA, chagas, lepra, leishmaniasis; así como las derivadas de la contaminación por tóxicos, consecuencia de la minería (derrames petroleros) o de químicos de los agronegocios.


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Birmania. Las grandes del petróleo, una democracia fallida y los falsos profetas

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Ramzy Baroud


Hasta cierto punto, Aung San Suu Kyi es un falso profeta. Glorificada por Occidente durante muchos años, se convirtió en un “icono de la democracia” al oponerse a las mismas fuerzas militares que siguen hoy controlando su país, Birmania, en una época en que la coalición occidental dirigida por EEUU mantenía en aislamiento a Rangún por su alianza con China.

Aung San Suu Kyi jugó su papel como se esperaba que lo hiciera, consiguiendo la aprobación de la Derecha y la admiración de la Izquierda. Y por eso ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, incorporándose al elevado grupo de “Los Mayores”, mientras los medios de comunicación y diversos gobiernos la promocionaban como figura heroica a emular.

Hillary Clinton la describió en una ocasión como “esta extraordinaria mujer”. El recorrido de la “Lady” birmana de ser una paria política en su propio país, donde estuvo confinada bajo arresto domiciliario durante quince años, acabó finalmente en triunfo cuando se convirtió en la líder de Birmania tras una elección multipartidista celebrada en 2015. Desde entonces, ha visitado muchos países, cenado con reinas y presidentes, pronunciado discursos memorables, recibido premios mientras iba limpiando, con perfecto conocimiento de causa, la imagen del muy brutal ejército al que se había opuesto durante tantos años. (Incluso hoy, el ejército birmano tiene un poder casi de veto sobre todos los aspectos del gobierno.)

Pero la gran “humanitaria” parece haber agotado su aura de honestidad cuando su gobierno, ejército y policía iniciaron una extendida operación de limpieza étnicacontra “el pueblo más oprimido sobre la Tierra”, los rohinyá. Este pueblo indefenso ha sido sometido a un genocidio sistemático y brutal, cometido a través del esfuerzo conjunto del ejército, la policía y una mayoría de nacionalistas budistas birmanos.

Las llamadas “Operaciones de Limpieza” han matado a cientos de rohinyá en los últimos meses, obligando a más 250.000 seres llorosos, aterrados y hambrientos a escapar de cualquier manera para poder salvar la vida. Cientos de ellos han perecido en el mar o han sido atrapados y asesinados en la jungla.

Las historias de asesinatos y destrucción recuerdan la limpieza étnica del pueblo palestino durante la Nakba de 1948. Y no debería sorprendernos que Israel sea uno de los grandes proveedores de armas del ejército birmano. A pesar del extendido embargo armamentístico de muchos países respecto a Birmania, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, insiste en que su país no tiene intención alguna de interrumpir sus envíos de armas al despreciable régimen de Rangún, que está utilizando de forma muy activa esas armas contra sus propias minorías, no sólo los musulmanes del estado de Rakáin al oeste del país, sino también contra los cristianos del norte.

Uno de los envíos de Israel lo anunció la compañía israelí Tar Ideal Concepts en agosto de 2016. La compañía mostraba con orgullo cómo sus rifles Corner Shot estaban ya siendo utilizados por el ejército birmano.

La historia de Israel está plagada de ejemplos de apoyos a juntas brutales y regímenes autoritarios, pero ¿por qué se han posicionado como los guardianes de una democracia que se mantiene en silencio sobre el baño de sangre en Birmania?

Desde octubre del pasado año, casi un cuarto de la población rohinyá ha sido expulsada de sus hogares. El resto podría seguirles en un futuro próximo, convirtiendo un crimen colectivo en una situación casi irreversible.

Aung San Suu Kyi ni siquiera ha tenido el coraje moral de expresar unas palabras de compasión hacia las víctimas. En cambio, sólo hizo una declaración con la que no se comprometía a nada: “Tenemos que cuidar de todos los que están en nuestro país”. Mientras tanto, su portavoz y otros voceros lanzaron una campaña vilipendiando a los rohinyá, acusándoles de quemar sus propias aldeas, de inventar sus propias violaciones, mientras se referían a los que se atrevían a resistir como “yihadistas”, confiando en vincular el genocidio en curso con la campaña orquestada por Occidente para difamar a los musulmanes en todas partes.

Pero informes bien documentados nos ofrecen algo más que una ojeada de la desgarradora realidad experimentada por los rohinyá. Un reciente informe de la ONUdetalla el relato de una mujer cuyo marido había sido asesinado por los soldados en lo que lo ONU describe como ataques “extendidos y sistemáticos” que “muy probablemente representan crímenes contra la humanidad”.

“Me arrancaron la ropa y me violaron, eran cinco soldados”, dijo la desconsolada mujer. “Mi bebé de ocho meses no paraba de llorar de hambre cuando entraron en mi casa porque me tocaba darle de mamar, pero le callaron con un cuchillo”.

Los refugiados que huyeron hacia Bangladesh tras un viaje de pesadilla relataron el asesinato de niños, la violación de mujeres y la quema de aldeas. Algunos de estos relatos han podido verificarse a través de las imágenes por satélite proporcionadas por Human Rights Watch, que muestran aldeas destruidas por todo el estado. Sigue leyendo


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Más de 400.000 rohingya huyendo de la limpieza étnica en Birmania

Miles y miles de personas llegan a Bangladés huyendo de la persecución de las autoridades birmanas y la brutal limpieza étnica de la que son victimas en un éxodo sin precedentes.

Una niña rohingya refugiada se secas las lágrimas en un campamento de refugiados en Bangladesh.

Por Paloma Almoguera

Ramjam Begum se desploma al llegar a la orilla. Le flaquean tanto las fuerzas que no alcanza a sostener en brazos a su bebé, y pasa al pequeño a su marido. No puede reprimir las lágrimas y no acierta a articular palabra. Acaba de llegar a la isla Shapuree (Bangladés) en un resquebrajado pesquero junto a más de veinte adultos y decenas de niños. Todos extenuados, aterrados. Todos huyendo de morir a manos del Ejército birmano, que hace días prendió fuego a su aldea, disparándoles cuando echaron a correr para salvar sus vidas. Les gritaron que se marcharan porque “no son de allí”. Porque son rohingya, una de las minorías más excluidas del mundo.

De fondo, apenas a un kilómetro de distancia, una imagen basta para explicar la huida de Ramjam: varias columnas de humo tiznan el cielo en la costa de Birmania (Myanmar en lengua local-el nombre original en esa lengua es Myanma), separada de Shapuree por la desembocadura del río Naf, frontera natural entre ambos países. Son sus aldeas ardiendo. Su pasado en llamas. La imponente humarada envía un mensaje claro a los rohingya: no regreséis. No sois bienvenidos.

 “Nunca hemos tenido libertad, siempre vivimos asustados. Nos torturan de diferentes formas”, balbucea Ramjam, que solo ahora se percata de que su rostro ha quedado al descubierto. Pudorosa, se cubre la cara, salvo los ojos, con un velo negro. Musulmanes, los rohingya llevan décadas marginados y perseguidos en Birmania, de mayoría budista, que no les reconoce como una de sus 135 etnias oficiales pese a vivir desde hace siglos en el estado occidental de Rajine (hoy conocido como Arakan), limítrofe con Bangladés, un país donde el 90% de la población profesa la religión musulmana. Escudándose en que son inmigrantes ilegales bangladesíes, Birmania les negó la ciudadanía en 1982; fue su condena al ostracismo, a la privación de derechos básicos como educación o empleo. Pero desde el pasado 25 de agosto, cuando rebeldes del llamado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA, en sus siglas en inglés) lanzaron una ofensiva contra cuarteles militares y de policía birmanos, también son masacrados en respuesta, en medio de lo que el Gobierno de Birmania defiende como una campaña contra “fuerzas terroristas”.
 La ONU ha alertado sobre lo que considera podría ser “una limpieza étnica de manual”. Estima que alrededor de 1.000 personas han perdido la vida y que 400.000 (401.000, según el último recuento) han cruzado a Bangladés desde entonces. Es un éxodo sin precedentes.

En dicho país se multiplican los testimonios de supervivientes que narran cómo militares y turbas budistas violaron y mataron a sus seres queridos a balazos, machetazos. Quemados vivos. Human Rights Watch (HRW), que ha detectado a través de imágenes por satélite 62 aldeas calcinadas en el norte Rajine, afirma que “son incendiadas de forma deliberada por el Ejército birmano”. Se trata, subraya, de una de las tácticas principales de “la campaña de limpieza” contra esta minoría. Amnistía Internacional (AI) lo secunda: “Se observa un patrón claro y sistemático de abusos. Las fuerzas de seguridad rodean un pueblo, disparan a la gente que huye presa del pánico, y luego queman las casas hasta los cimientos. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles”, subraya Tirana Hassan, de AI.

En la imagen, varios refugiados rohingya suben una colina, en Cox's Bazar, tras cruzar la frontera entre Myanmar y Bangladés. Sigue leyendo


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A 35 años de Sabra y Chatila 38 horas de horror, un crimen imposible de olvidar

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Por Ara Galán

En Memoria de Vittorio Arrigoni (Vik) y Rachel Corrie.

En 1982 en las comunidades libanesas de Sabra y Chatila se cometió uno de los crímenes más ruin de todos los registrados en el siglo XX. En su momento ningún gobierno se pronunció o hizo algo efectivo al respecto. No se movilizaron cascos azules, ni hubo ruptura de relaciones diplomáticas con ningún país, tampoco se expulsó a embajador alguno. Es necesario recordar ese hecho, para exigir justicia, castigar a los responsables y en primer lugar, no hacer cómplice a nuestro silencio.

Entre las seis de la tarde del 16 de septiembre y las ocho de la mañana del 18 de septiembre de 1982 (38 horas), en plena guerra civil del Líbano y tras el asesinato del presidente electo Bashir Gemayel, la milicia falangista libanesa atacó los campos de refugiados palestinos ubicados en Beirut, en las poblaciones de Sabra y Chatila, asesinando a cientos de civiles, principalmente niños y mujeres. Los campos estaban bajo la supervisión del entonces Ministro de Defensa Israelí, Ariel Sharon. El crimen perpetrado contra los palestinos, aún carece de un número preciso de víctimas. El gobierno libanés reportó 450 muertos, el gobierno israelí entre 700 y 800 y la Cruz Roja Internacional cerca de 2400. En el reconocimiento de la masacre según los reportes de la ONU, la población palestina fue violada, torturada, mutilada y asesinada.

El gobierno israelí hizo una investigación a través de la Comisión Kahan, creada el 28 de septiembre del mismo año, por el Primer Ministro Israelí Menajem Beguín, encabezada por Yitzhak Kahan En el informe presentado se condenó la participación de las falanges cristianas libanesas, se sencionó la grave negligencia del jefe del Estado Mayor Rafael Eytan, y acusó a Ariel Sharon por faltar a sus obligacionesSeñaló también como responsable a Amos Yaron, encargado de dirigir las acciones en el terreno y de poner el cerco a los campamentos, todo bajo las órdenes de Sharon. El Apéndice B del Informe Kahan no se ha publicado, se presume sobre su averiguación tener datos sobre la verdadera participación del ejército israelí. Tras algunas protestas, Ariel Sharon fue removido de su cargo, no obstante, su trayectoria en el gobierno continuó en los Ministerios de Infraestructura Nacional, Asuntos Exteriores, Vivienda y Construcción, Industria Comercio y Trabajo y Primer Ministro del 2001 al 2006. El informe Kahan revela la cooperación de los Ministros Sharon, Eytan y Yaron con las falanges libanesas. La gran interrogante es por qué ninguno de ellos ha sido juzgado ante ningún tribunal, sí la misma ONU ha declarado los hechos como un genocidio, entendiendo éste como la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.

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El 16 de diciembre de 1982 la ONU en la resolución 37/123 sección D, hizo referencia a las disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio considerando los acuerdos del Convenio de Ginebra y se dijo: “consternada por la matanza a gran escala de civiles en los campos de refugiados de Sabra y Chatila ubicados en Beirut”. Reconoció la indignación y condena universales causadas por este crimen. Resolvió que los asesinatos consumados fueron un acto de genocidio, el documento puede verse en:

http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r123.htm

La participación del ejército israelí y de las falanges cristianas libanesas no ha sido juzgada ante ningún tribunal internacional. Tras diversos intentos en tribunales de Bélgica y tomando como base el testimonio de los sobrevivientes, se intentó aplicar el Derecho Internacional y llevar el caso con los responsables señalados a la Corte Penal Internacional, todo esto sin éxito. La participación de los mandos militares israelíes no fue inocua, entonces, lo dicho por primer ministro Menajem Beguín pierde toda validez, “En Chatila, en Sabra, unos no-judíos han masacrado a unos no-judíos, ¿en qué nos concierne eso a nosotros?” Véase Jean Genet, Cuatro Horas en Chatila. p. 2. (Traducido por Antonio Martínez, Comité de Solidaridad Causa Árabe)  http://www.nodo50.org/csca/palestina/4h_en_chatila2.pdf. Los sobrevivientes han narrado la participación de los soldados israelíes, han dicho: impidieron la entrada y salida de los campos al poner los tanques como barreras y contribuyeron a limpiar el lugar antes de hacer investigaciones y condenar a los responsables, entrevistados por Robert Fisk para The Independent (“La Gran Guerra por la Civilización”, págs. 1143-1149). Sigue leyendo


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Discurso de lanzamiento del nuevo partido político de las FARC

La imagen puede contener: 3 personas, personas de pie y exterior

DISCURSO DE RODRIGO LONDOÑO (TIMOLEÓN JIMÉNEZ “TIMOCHENKO”) ANTE EL PUEBLO CONGREGADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR.

1ro de Septiembre de 2017

Seremos millones y millones en una Nueva Colombia

Jorge Eliécer Gaitán sentenció el 20 de abril de 1944: “…en Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene metas diferentes a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”.

73 años después esa tragedia sigue viva. Tal y como lo sostenía el caudillo, el Estado sigue representando actualmente los intereses de un grupo minoritario, cuando debiera representar todas las clases y defender especialmente a la que lo necesita, o sea la gran mayoría de los desheredados. Proponemos a Colombia poner fin a tan amarga realidad.

Y lo hacemos presentando ante el país y el mundo nuestro partido político, FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC, en una demostración más de nuestro compromiso con la paz, la democracia y la justicia social para Colombia. Fueron más de 50 los años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente.

Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Un país en el que ninguno de sus habitantes se vea obligado a tomar las armas para defender su vida, en el que la respuesta a la protesta y la inconformidad social no sea el trato brutal del ESMAD.

Un país en el que la tolerancia y el respeto por la diferencia sean la norma, en el que el diálogo y la concertación sean la forma de solucionar los problemas. No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas, que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o hija violentados. Por ello no vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y reconciliación, queremos una Colombia sin odios, venimos a profesar la paz y el amor fraternal de compatriotas.

Son numerosas las demostraciones cumplidas por nosotros en ese sentido. Cesamos todos los fuegos, nos ubicamos en las zonas y puntos transitorios,  hicimos completa dejación de las armas, entregamos el inventario de nuestra economía de guerra e iniciamos el proceso de entrega de todos nuestros bienes. Damos ahora el paso de nuestra conversión en partido político legal. Ojalá el Estado colombiano hubiera mostrado igual diligencia en el cumplimiento de sus compromisos.

No vamos a hacer aquí la defensa de nuestro alzamiento. La búsqueda de la verdad del conflicto y sus víctimas estuvo en el centro de los Acuerdos de La Habana, y los diversos instrumentos pactados se encargarán de revelar lo realmente sucedido. No tememos a la justicia. Por el contrario, clamamos por ella. Por un país en el que la impunidad desaparezca para siempre, con indiferencia del estrato social del responsable o de su condición política.

Por eso proponemos también una reflexión profunda a los grandes medios de comunicación, su aporte esencial en la creación de un ambiente nacional distinto. La violencia y la guerra en nuestra nación han obedecido en gran medida a la exacerbación de los apasionamientos, a la polarización inducida desde los micrófonos, la pluma o la pantalla. Colombia será distinta con su ayuda.
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Somos sur

Descolonicemos los pensamientos y los corazones. Arriba Palestina y todos los pueblos que no se someten al capital, que resisten y luchan día a día por un mundo más justo, más diverso, más verde, más respetuoso con sus raíces, un mundo para todos.

Somos sur. Anita Tijoux y Shadia Mansour 


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El país que es punta de lanza de la agresión contra Venezuela

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Por Renan Vega Cantor*

“Hay que invadir militarmente a Colombia para apoderarse de las riquezas de Venezuela”. 
Paul Coverdale, Senador de los Estados Unidos y ponente del Plan Colombia, 1999. 

Estimados compañeros y compañeras:

Les escribo desde un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país en donde se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y apenas hace cuatro días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle.

En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.

En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadores, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, quien con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboni, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.

En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbio, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.

En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos.

En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares. Sigue leyendo