¿Es Colombia un Estado mafioso?

ILEGALIDAD

El Estado colombiano ha estado capturado y cooptado históricamente por unas élites minoritarias que desde el poder han conducido al país de acuerdo a sus intereses.

A estas minorías no les han bastado las instituciones “legales” —no siempre legítimas— del Estado para mantener sus formas autoritarias, excluyentes y monopolistas. Por eso han facilitado la creación de estructuras armadas ilegales para defender sus intereses en diferentes momentos históricos. Sin embargo en las últimas décadas —principalmente durante el Gobierno “uribista”— esta ilegalidad pudo empoderarse de manera importante tomando gran parte del control del país

La historia de Colombia está llena de sucesos desafortunados en los que el Estado ha creado diferentes instrumentos para legalizar la ilegalidad. Aquí se puede citar los más conocidos grupos paramilitares como los chulavitas, los pájaros y en la historia más reciente las AUC. Una muestra de ello es el decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965 —un decreto expedido durante un Estado de sitio— mediante el cual se hacía un llamado a los colombianos que no hacían parte de las fuerzas armadas a que tomasen las armas para procurar la “defensa” nacional y el restablecimiento de la “normalidad”. El objetivo era responder a los brotes de izquierda que se estaban dando en el país en el marco de la guerra fría, el auge de la revolución de Cuba y como resultado de un sistema excluyente, totalitario y autoritario del Frente Nacional.

Este marco “legal” fue la base para la constitución del paramilitarismo actual que, a pesar de haber entrado en proceso de “desmovilización”, conserva una importante parte de sus estructuras.

Antecedentes paramilitares
Uno de los primeros antecedentes de la constitución paramilitar fue la creación del grupo Muerte A Secuestradores (MAS) financiado prioritariamente por los narcotraficantes y apoyado por miembros del Ejército Nacional.

Como segundo antecedente está la iniciativa impulsada por la XIV Brigada del Ejército Nacional en el Magdalena Medio a través de la cual se armó a civiles para que brindaran servicios de “defensa” a terratenientes, empresas mineras y petroleras de la región frente a las guerrillas. Esa iniciativa contó, lógicamente, con apoyo de terratenientes y algunos sectores de la Policía y el Ejército.

Estas estructuras paramilitares cumplieron diferentes funciones. Una de ellas fue procurar la ampliación de los dominios territoriales de terratenientes y narcotraficantes a través de la expropiación y el desplazamiento del campesinado. Esa situación se sigue presentando y afecta a por lo menos cuatro millones de personas, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Pero también estas estructuras fueron usadas por élites políticas tradicionales, caciques y gamonales a partir de los 80 en respuesta al proceso de apertura democrática para la “eliminación” de candidatos y para forzar los resultados de la votación a través de amenaza y exigencia de votos a la población. Esa práctica se dio de manera sistemática en las regiones controladas por el paramilitarismo y permitió en el 2002 y en el 2006 la elección de varios candidatos prioritariamente uribistas, así como confesos miembros de las estructuras paramilitares como Eleonora Pineda, Rocío Arias o Álvaro García, entre otros. Pero también el reelegido presidente Álvaro Uribe fue uno de los más beneficiados con las votaciones atípicas procuradas —mejor dicho, forzadas— por el paramilitarismo, situación que se pudo conocer a partir de los análisis realizados por la Corporación Nuevo Arco Íris.

La mafia
Esta situación ha llevado a que el Estado sea conducido en los últimos años por un sector paramilitar y narcotraficante, como se ha podido demostrar no sólo con las investigaciones de la citada corporación sino también por las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Así, se ha comprobado que más allá de que muchos políticos de las filas uribistas han estado vinculados al paramilitarismo, algunas instituciones del Estado como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha sido conducido y usado para el desarrollo de acciones ilegales y de interés y beneficio de los grupos paramilitares.

Ante esta situación se puede concluir que estamos ante un Estado de alta práctica ilegal y, por qué no, un Estado mafioso.