CONCIENCIA
Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Concienciahttp://www.objetoresyobjetorasdeconciencia.org
El objetivo de este texto es construir una pequeña radiografía del grado de militarización en el que nos encontramos y si ha valido la pena ese esfuerzo en función de los resultados de ocho años de “seguridad democrática”.
Inversión militar: El elevado costo del sofisma de seguridad
Tomemos un ejercicio práctico en el que alguien repartiera a su antojo los 138 billones de pesos del presupuesto general de Colombia de 2008 para mejorar la situación del país respecto a los desastres de la guerra. La mayor parte iría para educación, salud, agro e inversión social argumentando entre otras cosas que estos elementos fueron la génesis del conflicto y, por tal razón, hasta que no se den cambios reales en cada uno, el conflicto continuará así como sus nefastas consecuencias. Indignación, asombro y frustración son las reacciones que nacen cuando comparamos este “presupuesto ideal” con la realidad implementada por el Gobierno en 2008.
Para empezar, los “servicios de la deuda externa” es el monto de mayor porcentaje (un 21,4% del presupuesto de 2008) y sigue en aumento. El 6,2% se fue en “seguridad y defensa” mientras que los rubros de salud y educación alcanzaron juntos el 5,9%. Los gastos en compras escandalizan aún más y tal vez por eso es mucho más factible encontrar una patrulla con lo último en tecnología de rastreo y ubicación satelital, que un hospital o centro de salud con el mínimo de equipos necesarios para poder atender emergencias tan cotidianas como un ataque de asma o un infarto. Así, Colombia ha alcanzado un merecido tercer lugar a nivel mundial dentro del ranking de países en conflicto que más invierten en seguridad con relación a su PIB —superado sólo por Israel (8.7%) y Burundi (6.3%)— y todo esto sin incluir los montos relacionados con el apoyo militar brindado por Estados Unidos a través de iniciativas como el Plan Colombia.
Recordemos que en enero del 2007 el Gobierno colombiano anunció el inicio de la fase II del Plan Colombia —ratificado recientemente por Obama en el acuerdo de las bases militares— que requerirá un monto seis veces mayor que el de la primera fase. Una de las principales conjeturas de varios economistas colombianos —algunos incluso partidarios de Uribe— es que este acelerado crecimiento del gasto militar es insostenible ya que, entre otras razones, se ha financiado con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia. La Contraloría General de la República ha señalado recientemente que hay dos factores que lo van a incrementar todavía más: el pasivo pensional de las fuerzas armadas y las sentencias judiciales por excesos de la fuerza pública donde hay demandas con pretensiones superiores a los $15 billones.
Evolución y resultados de la militarización: ¿Ha valido la pena el sacrificio?
Después de ocho años de seguridad democrática cualquier colombiano o colombiana que aún considera “la guerrilla” como el inicio y el fin de todos los problemas de la nación está en pleno derecho de preguntarse: «Bueno, y con todo ese billete, aumento de soldados y tecnología, ¿Cómo vamos en la guerra?, ¿La vamos ganando o…?».
La respuesta del Gobierno a través de sus principales portavoces —los medios masivos de comunicación— se repite a diario: «Se ha avanzado más que ningún otro Gobierno en los últimos 20 años» o como el famoso comentario de Uribe después del operativo en el que murió Raúl Reyes: «Los tenemos acorralados, en este momento no podemos flaquear». Estos comentarios se refuerzan con un par de cifras sobre desmovilizaciones o capturas para borrar todo manto de duda sobre la efectividad de la seguridad democrática.
Pero de nuevo rehusándonos a quedarnos con esta versión, hay incongruencias entre declaraciones que darían lugar a razonables sospechas. Un ejemplo sería el discurso de Uribe después de la operación Jaque: «Con operaciones como ésta, queda ya muy poco tiempo para poder llevar a su fin al terrorismo, que tanto daño le ha hecho a nuestra nación». Sin embargo poco después en un consejo comunitario en octubre del 2008 frente al avance de la “lucha contra la subversión” dijo: «Puede que nos estemos demorando más tiempo de lo que muchos pensaban, pero es que esta política necesita un ratico más largo».
¿Más tiempo? Es curioso escuchar que las fuerzas armadas necesitan más tiempo cuando las condiciones actuales parecen inmejorables para imponerse de una vez por todas en el conflicto armado. Entre el 2002 y el 2007, la relación entre soldados y combatientes irregulares era de 5 soldados por cada irregular. Actualmente la relación es de 20.5 soldados por cada irregular y sin embargo al parecer no es suficiente y es necesario sumar entre el 2009 y 2010, 150.000 nuevos efectivos a los 500.000 ya existentes, con lo cual la relación entre soldados y combatientes irregulares sería de 25 a 1, ¿será suficiente para entonces?
Y quedan más incongruencias por explorar dentro de los “grandes avances” que ha traído la militarización de la sociedad colombiana. Las cifras sobre la reducción de la delincuencia común y el crimen organizado no coinciden con las cifras de medicina legal o la policía y los “hurtos” a residencias o personas se han llegado a doblar entre 2000 y 2008.
Según el Gobierno, otro de los beneficios es la recuperación de la “confianza inversionista” en el campo y las ciudades . En ese sentido, estudios económicos muestran que el aumento de la inversión extranjera en Colombia en los últimos cinco años se debe a la especulación en el sector de los hidrocarburos, las privatizaciones y los mercados extractivos, negocios en que los principales dividendos quedan en manos de multinacionales o se pierden en medio de la corrupción.
Alguna pregunta
Nos encantaría preguntarle a la población que defiende la gestión del Gobierno y su política de “seguridad” si ha valido la pena el sacrificio de aumentar impuestos, detener el desarrollo social y permitir que cada vez más jóvenes sean reclutados por el ejército sólo para sostener un aparato de seguridad y defensa que fracasa en su lucha contra la delincuencia, el narcotráfico e incluso la subversión, mientras que se ve cada vez más comprometido en actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
También nos preguntamos si quienes justifican y pagan grupos de exterminio para “limpiar el barrio de delincuentes y garantizar la seguridad” le seguirían pagando a un grupo de individuos que no avanzan en lo más mínimo con relación a lo que prometieron, matan “por accidente” a jóvenes que nada tienen que ver con la delincuencia —mientras que los delitos aumentan inexplicablemente— y, para colmo después de ocho años cobrando cada vez más caro por sus “servicios”, terminan diciendo que necesitan otros cuatro años porque la cuestión “ha sido mas demorada de lo que habían pensado”…
ACTIVIDADES ACOOC (primer semestre 2010)
Día Internacional de la Objeción de Conciencia
14 mayo: Seminario sobre los efectos históricos del militarismo en Colombia, Universidad Javeriana
15 mayo: Festival Antimilitarista
2 de junio: Foro Internacional sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, Universidad de los Andes
reexistencia.wordpress.com 