La negación histórica del campesinado: germen del conflicto armado en Colombia

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Por Juan David Ojeda López

El presente artículo busca explicar la hipótesis según la cual el no reconocimiento al sujeto político del campesinado en Colombia por parte de la clase política y élites económicas, ha llevado a la agudización de los conflictos sociales por la tierra a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, lo cual a su vez deriva en la prolongada guerra degradada que padecemos como sociedad.

Los conflictos territoriales y sociales presentes en la configuración de todos los Estados nacionales, en Colombia se desenlazan a partir de los logros por el acceso a la tierra de las “Ligas Campesinas” de los años 30, acompañados del nacimiento del Partido Comunista de Colombia –PCC y se agudizan con la posterior contra reforma agraria adelantada por las élites gamonales territoriales en el marco de la llamada época de la Violencia, que no fue otra cosa que una “revancha terrateniente”, tal como fue señalado en el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Historica-CNMH.

Estos conflictos por el acceso a la tierra, complejizan las relaciones de convivencia entre los grupos étnicos habitantes de los territorios rurales, en especial los periféricos –zonas de frontera-, espacios donde las comunidades han habitado desde el ocultamiento de América[1], en los cuales se encuentran trenzadas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas,  mestizaje que se da desde la esfera económica de producción y de sobrevivencia, hasta en la esfera más personal del ámbito familiar, afectivo.

En estos contextos de indefinición de los derechos y frente a la inexistencia de un Estado legítimo que regule pacíficamente los conflictos de forma efectiva en estos territorios de frontera marginados, estos se exacerban y crecen exponencialmente. Esta realidad se agudizó aún más a partir del reconocimiento de las acciones afirmativas para los pueblos afro y las comunidades indígenas resultado de la Constituyente de 1991, en la cual las comunidades indígenas fueron protagonistas, a diferencia de las comunidades campesinas que quedaron marginadas con la ausencia de las FARC-EP en el proceso constituyente (luego del bombardeo a casa verde y la arremetida genocida a la UP), ya que al ser estos representantes de las luchas campesinas y al no estar incluidos en el nuevo pacto social, sus reivindicaciones y demandas quedaron excluidas, nuevamente invisibilizadas[2]. A diferencia del Movimiento Armado Quintín Lame que representará, además de la ONIC y la AICO, las demandas de los indígenas en ese escenario.

En este orden de ideas, una carga negativa histórica que lleva al no reconocimiento del campesinado como sujetos políticos con derechos, fue entender al campesinado por parte del Estado como aliado natural del enemigo interno, para el caso concreto, las FARC-EP, por considerarlo su base social y su apoyo estratégico.

Nos surge acá la pregunta, ¿por qué la ciudadanía urbana que hace apología al Juan Valdez, al campesino arriero, echao pa´ lante, en el que ubica buena parte de su ancestralidad, le niega a los campesinos sus derechos como actor diferenciado en la naciente Constitución Política? El campesinado y su ethos cultural nunca ha sido connotado como sujeto histórico y transformador, ni como actor con incidencia en la sociedad, llevando esta realidad a la invisibilización del campesinado como sujeto político y social y por tal de sus derechos, lo cual es combustible para el conflicto encendido hace más de medio siglo atrás.

En un primer momento, para entender porque como sociedad hemos permitido la violentación de los derechos del campesinado a través de su negación sistemática por las legislaciones y los gobernantes y sus políticas de turno, lo cual a su vez a conducido al recrudecimiento del conflicto armado, necesitamos relativizar la afirmación de la supuesta apología existente a la cultura campesina; ya que si bien es cierto se utiliza este discurso desde el poder como elemento integrador de estas poblaciones para el consumo y venta de productos y mercancías; somos históricamente una sociedad sujeta al pensamiento colonizado y sus taras y prejuicios como el clasismo y el racismo que divide la sociedad casi en castas y el clasismo que lleva a ver como enemigo a los sectores empobrecidos. Herederos de este legado colonial, una parte de esa sociedad colombiana hegemónica ve al campesinado como descendiente del pensamiento premoderno, contrario al desarrollo y al capital, depredador del ambiente, lo cual lo ubica en un estadio el cual hay que superar, el cual en un futuro desaparecerá.

Además de este contexto adverso para el reconocimiento del sujeto político y cultural del campesinado, nos enfrentamos con la incapacidad del campesinado para auto representarse en espacios de tomas de decisiones, que lleva a que estas se deleguen, sin lograr al momento sus fines estratégicos, sumado a las dificultades de cohesión y de estructurar una organización que los colectivice y la desconexión con los centros urbanos, académicos y de poder, lo cual conduce irreductiblemente a la invisibilización de la cultura campesina por parte de la sociedad y de sus demandas y necesidades vitales.

Por tal, el campesinado[3], “como el conjunto de seres humanos, con diferentes orígenes étnicos, que  se identifican con un proyecto de vida comunitaria y  vínculos culturales rurales particulares, se relacionan directamente con la agroalimentación, cuyo sistema de producción es predominantemente familiar, de autoconsumo y su excedente productivo es convertido en mercancía”[4], históricamente no ha existido para los hacedores de las políticas Públicas, siendo el ruido de los fusiles una forma a la que ha tenido que apelar para hacer escuchar sus demandas vitales.

De esta forma, esta población campesina históricamente excluida, sometida desde siempre a relaciones de producción premodernas y cuasifeudales, sigue hoy en día demandando su lugar en el mundo, su reconocimiento como otro legítimo, su derecho a existir dignamente. Pretensiones en tensión con la realidad que nos muestra  “la imposibilidad que tiene el campesinado de acceder a sus derechos, o bien, de acceder en forma condicionada y tutelada como grupo diferenciado en los escenarios del poder público en donde se toman las decisiones o se fijan sus parámetros. Se presentan, entonces, situaciones en donde se viola a los campesinos y las campesinas su derecho de igualdad ante la ley y la garantía de los mismos derechos, libertades y oportunidades del resto de ciudadanos del Estado colombiano. Aún más grave es el hecho de que no se reconocen como fundamentales los derechos específicos del campesinado como sector. La ausencia de un reconocimiento político reporta invisibilidad del actor en las políticas públicas, la desatención estatal, precariedad en la institucionalidad que vela por sus asuntos y muy serias distorsiones en los mecanismos de participación y representación política”[5].

Esta realidad ha venido cambiando gracias a los avances en reconocimiento de derechos de estas poblaciones gracias a la justiciabilidad y los precedentes jurisprudenciales que al respecto ha venido emitiendo la Corte Constitucional, lo cual conduce al reconocimiento de sus demandas y a generar Políticas Públicas para su atención, lo que lleva a la generación de condiciones para transitar el conflicto histórico ligado a la tierra y de esta forma pensar en un post conflicto real para las poblaciones históricamente marginadas y excluidas del Estado Social de Derecho.

[1] América no fue descubierta por los europeos, fue ocultada, negada, su ethos cultural escindido, y de esta forma nuestra memoria y nuestro futuro. Esta negación de lo que somos es de donde surgimos y por tal en esta violentación fundacional de nuestro Estado están las raíces más profundas de nuestra guerra fratricida.

[2] Por ser entendida como La guerrilla que encarnaba las demandas del sector campesino en Colombia y al no ser parte de las negociaciones, sus demandas y reivindicaciones fueron negadas, excluidas, ocultadas de la agenda del naciente Estado Plurinacional.

[3] Es una categoría en actual construcción y por tal, carente de herramientas jurídicas eficientes para la exigibilidad de sus derechos.

[4] Morales, Eliecer. Los conflictos territoriales y sociales entre campesinos e indígenas en el Cauca: el caso del municipio de Inzá.

[5] Políticas Agrarias para Colombia. ILSA. 2003.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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