Los ejércitos: la expresión más fría de los Estados fríos

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Por: Juan David Ojeda López[1]

 

…pasaban por nuestro pueblo los desplazados de otros pueblos, los veíamos cruzar por la carretera, filas interminables de hombres y niños y mujeres, muchedumbres silenciosas sin pan y sin destino.”

Evelio Rosero

 

Las imágenes de los niños participando en la guerra empiezan a estremecer a los habitantes del país (…) Los encargados del escándalo son los comunicadores sociales afectos a los militares quienes ofrecen, ahora con sospechosa frecuencia, a la llamada opinión pública las escenas de jóvenes guerrilleros. Muchas personas se desgarran las vestiduras ante las cámaras para demostrar su humanismo ante semejante tragedia, otros invocan los derechos humanos para conjurar el mal y, en fin, todos nos sentimos consternados porque la guerra (…) los arroja al combate en cualquiera de los bandos sin ninguna compasión (…)        

Es real que un niño no deja de serlo por estar en un entorno guerrillero y que su presencia en filas no es ideal para una fuerza militar revolucionaria (…) Pero lo ideal no es siempre lo posible y es preferible ver una niñez que opta por un ideal, que se acrisola en él y que incluso hace de la lucha revolucionaria una opción de vida, que una niñez desamparada, desarraigada y víctima inocente de la permanente agresión, en todos los sentidos, de una sociedad que en cambio no le entrega nada.”

 Eduardo Umaña Luna

 Los Ejércitos       

Si el hambre es ley, la rebelión es justica

Grafiti carrera 7ma Bogotá

 

Los ejércitos son sin lugar a dudas la expresión más fría de los Estados, de este todo Hegeliano que nos envuelve y contiene, y que con su máquina de guerra buscan ser absolutos y únicos poseedores de la violencia en lo que han determinado como propio.

El ahondar en el rol de los ejércitos en la guerra vivida en Colombia en los últimos 60 años y en las causas de los crímenes cometidos, las afectaciones y vulneraciones a las diferentes dimensiones vitales de las comunidades en cada uno de sus territorios y a las víctimas en particular, es quizás dirigirnos al mismo tiempo a la expresión más epidérmica y superficial del conflicto social, económico, político, cultural y armado que enfrentamos por más de 200 años, y por  otro lado, es ahondar en las fibras más profundas de la condición humana, donde el dolor de las víctimas nos estremece con sus llantos, por la muerte, la violencia, el horror, la destrucción y la barbarie que estos Señores de la guerra (Pizarro:2017) han dejado a su paso.

Las motivaciones de la guerra subversiva como la dignidad humana y la lucha por la justicia social, son las banderas de los ejércitos revolucionarios, móviles que conducen a esta sin razón a miles de niños, niñas y jóvenes marginados, muchas veces enmarcados en un contexto de segregación extrema, sin posibilidad del desarrollo de sus potencias y en el marco de la exclusión total del Estado y sus bienes y servicios.

La perpetuación del status quo, del otro lado, en pro de la acumulación del capital, conduce a la edificación de la máquina de guerra del Estado burgués, donde la alienación se constituye en un elemento sine qua non es posible concebir el adecuado funcionamiento del Ejercito Nacional o de ahora en adelante ejército institucional. La Escuela de Las Américas y su Doctrina de la Seguridad Nacional, son quizás el ejemplo más claro que tenemos los latinoamericanos para entender la importancia del adoctrinamiento al interior de los ejércitos institucionales.

El asesinato indiscriminado de civiles indefensos, la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento de los habitantes de pueblos y veredas y el confinamiento que vivieron y viven millones de pobladores rurales en la Colombia olvidada, son graves violaciones a los Derechos Humanos que se derivan del accionar de los ejércitos. Actos viles de negar la potencia del otro hasta su existencia misma, que nos enfrentan a un contexto de barbarie, el cual es regulado por el Derecho Internacional Humanitario, quien “determina los fines respecto de los cuales se justifica la restricción de los derechos humanos en un conflicto armado (…) el Derecho Internacional Humanitario está basado en la ponderación” (Barak: 235), lo que no quiere decir otra cosa diferente a que estemos regulando la barbarie. Asesinatos, desapariciones, masacres, y de más actos propios de la inhumanidad de la guerra como resultado de este espiral perverso de violencia; guerra como resultado de la inexistencia del Estado que lleva a la exclusión de sus habitantes y a la lucha primaria por la sobrevivencia.

nos encontramos en un escenario, de post-Acuerdo con las FARC-EP, que nos enfrenta a nuevos retos como Estado, diferentes a los que estábamos acostumbrados a resolver desde la negación del otro a través de la violencia ya sea estructural, cultural o directa (Galtung, 2003). Por eso si lo que realmente queremos como nación es emprender el camino de la reconciliación con el “otro”, se debe partir de su reconocimiento como sujeto histórico y sujeto de derechos negados. Por tal, el presente escrito buscará grosso modo, aproximarse a lo que fue el ejército de las FARC-EP, como base para entender la transición política en que nos encontramos en Colombia, que deviene del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016, hacia escenarios democráticos de participación y de la inclusión social.

Por tal, este escrito busca discurrir entre la tensión propia del tránsito de la guerra a la paz, e indagar entorno al porque es fundamental partir de una visión relativa de los derechos fundamentales en vilo en el marco de la guerra vivida entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, que nos permita a partir de un análisis de la ponderación de los hechos, avanzar en la comprensión de la necesidad irreductible de la implementación de una justicia transicional, si nuestro fin real como sociedad es la convivencia pacífica la resolución dialogada de los conflictos en un marco democrático a partir del reconocimiento de la otredad, tanto en su condición histórica, como de sujeto de derechos.

  

Las FARC-EP, o el ejército que puso en jaque al Estado Colombiano

 

-No son tiempos de llorar, Cristina. No te digo que rías, te digo solamente que hay que reunir fuerzas para encontrar a quien buscamos. Si lloras las lágrimas nos debilitan.

     Lo mismo me digo a mí. (…)

No has vuelto, Otilia, ni más tarde ni más temprano. Tendré que buscarte otra vez, pero en qué lugar, adónde fuiste a buscarme.

Evelio Rosero       

“En nuestra sociedad encarcelamos a los niños hambrientos cuando roban algún alimento. Algún día existirá una sociedad donde la policía detenga a todo niño hambriento para obligarlo a comer”

Bernard Shaw

 

Para entender la guerra vivida con las FARC-EP por más de 50 años, es fundamental partir por comprender porque este puñado de campesinos transitó de ser una simple autodefensa campesina a ser un ejército revolucionario que puso en jaque al contrahecho Estado colombiano. Partiremos por decir que en conflicto armado contemporáneo inicia con el tránsito de la guerra bipartidista entere liberales y conservadores que no propiamente era una guerra de ejércitos, posterior a la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 y del tránsito de las llamadas guerrillas comunistas a la conformación de las FARC entre 1949 y su segunda conferencia en 1966 (Aguilera, 2013b), empezando a adquirir forma la resistencia de los comunistas y sus luchas en las ligas campesinas por el derecho a la tierra de los años 30 y de los liberales perseguidos por la policía chulavita y los Pájaros (CNMH, 2013).

Los grupos paramilitares para el presente análisis no los entendemos como ejércitos técnicamente, sino como grupos armados de narcotraficantes, mercenarios, matones o asesinos a sueldo, sin una estructura de mando centralizada, por lo cual no son “agentes perturbadores del orden público en desarrollo de un conflicto armado interno, sino como una fuerza aliada y al servicio del narcotráfico” (Garzón, 2008, P.62) que se agrupan y funcionan en articulación del ejército institucional, claro legado de la Escuela de la Américas,  “en la incursión de los paramilitares el terror, como recurso estratégico, fue puesto en marcha por medio de homicidios selectivos y masacres (…) el paramilitarismo tuvo un corte profundamente sicarial y operó durante los años ochenta aniquilando la base social y política de la UP” (Garzón, 2008 58).

Cabe aclarar que el germen contra insurgente del cual devienen las estructuras paramilitares, es un legado del pensamiento santanderista propio de nuestra clase política clasista, aporofóbica, fascista, racista y excluyente, que ve al “otro” como inferior y como enemigo. Este germen contra insurgente se corporizó en a mediados del siglo XX durante la hegemonía conservadora con Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez que acudieron a los Pájaros y la policía chulavita, estructuras mercenarias de asesinos y masacradores para sembrar el terror en los campos y exterminar a quienes veían como enemigo interno: campesinos liberales y comunistas. Así el paramilitarismo emerge como una estrategia perversa para revertir los avances en el acceso a la tierra logrados por el campesinado gracias a las luchas agrarias de los años 30’s y el precario avance en la implementación de ley 200 de tierras de 1936 de López Pumarejo, limitada mediante la ley 100 del 44 que daba plazo de 10 años para la explotación de baldíos. De modo que ante la posibilidad de una reforma agraria vino la “revancha terrateniente”, llamada época de la la Violencia, donde los gamonales de siempre esparcieron horror y muerte.

Retornando a los ejércitos, este tránsito hacia la conformación del ejército de las FARC-EP, conformado por campesinos del sur del país excluidos, marginados y desde siempre perseguidos, es antecedido primero en la “Toma de Villarica” en la cual el ejército institucional utilizó la aviación de manera desproporcionada, atacando a las comunidades campesinas con bombas de Napalm y ametrallamientos indistintos, durante la dictadura del General Rojas Pinilla en el año de 1955, la cual generó más de mil desplazados campesinos del territorio (Aguilera, 2013). Este ataque se da posterior a la ilegalización del Partido Comunista al inicio del golpe militar del General Rojas Pinilla en 1953 (CNMH, 2013).

Posterior a este ataque indiscriminado e injustificado y sobre el cual nunca el Estado se ha retractado, se sumó a esta historia de resistencia campesina el ataque a Marquetalia en 1962, su primera parte, y en 1964 la segunda, ordenados por el presidente Guillermo León Valencia, que fue muestra una vez más, del uso desmedido de la violencia por parte del  Estado y su máquina de guerra (Aguilera, 2013),que llegó al extremo de usar armas biológicas contra los campesinos, virus lanzados en pequeñas probetas, lo que le valió al Estado el reproche de personalidades como Sartre y Simone de Beauvoir que se pronunciaron en solidaridad con los campesinos (CNMH,2013), y el levantamiento de los campesinos víctimas de un Estado que debiera protegerlos, como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al considerar “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (Naciones Unidas, 1948 , subrayado fuera de texto).

De esta forma la agresión del contrahecho y en derrumbe Estado colombiano a estos campesinos comunistas y su grado de desproporcionalidad en el uso de la fuerza, forzó la lucha agraria que transitó de la autodefensa campesina a la conformación guerrilla de las FARC-EP.

Por otro lado, es importante resaltar que, en Colombia por la incapacidad del Estado de imponer autoridad en todos los territorios nacionales, desde siempre nos enfrentamos a una soberanía en disputa donde la ausencia de las instituciones del Estado es suplida por poderes alternos (Uribe, 1999). Paul Oquist (1978) definiría nuestro Estado por su derrumbe parcial, su desmoronamiento para ilustrarlo de otra forma, “EI derrumbe de Oquist se explica por la desintegración de diferentes aparatos institucionales, tales como el aparato judicial, el aparato armado, el parlamento, etc. La disolución de Pecaut está, en cambio, ligada al debilitamiento del papel interventor del Estado como mediador y unificador de (y entre) las clases dominantes, en beneficio de los más poderosos. organismos gremiales, como Fedecafe y ANDI. EI derrumbe de Oquist es resultante del grado anormal de enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales. La disolución de Pecaut es resultado de la creciente Implantación de un modelo liberal de desarrollo económico que hace perder al Estado su carácter autónomo, fragmentándose su poder en manos de “diversas corporaciones económicas” (Sánchez, 1982, P.254)

Este Estado contrahecho y en derrumbe o disolución, donde las instituciones pierden su naturaleza pública, condujo a la desinstitucionalización de la Policía, la cual como decíamos se convirtió en una policía política al servicio y función del partido Conservador, lo cual obligó como reacción natural a que se organizaran “Los otros”, donde confluían los Liberales también llamados “limpios” y comunistas llamados “comunes” (CNMH, 2013). “Los otros” se constituyen como una de las primeras formas de real autodefensa, estructuras que apelaban al uso legítimo de la fuerza, amparados en la tradición y costumbre, que desde el siglo XIX hasta nuestros días se mantiene como la constante para transitar los conflictos en Colombia: el uso de la violencia como medio para pretender resolver los conflictos. Claramente las tensiones ideológicas llevaron al traste esta utópica alianza entre liberales y comunistas.

Otro factor determinante para entender el nacimiento del Ejercito de las FARC-EP, fue la exclusión política que surge del reparto del poder de los partidos tradicionales durante el Frente Nacional (1958-1974), en el cual se alternaron el poder durante cuatro periodos presidenciales, sin dar opciones a tercerías, lo cual justificó la lucha armada como medio para la búsqueda de espacios de representación política (Aguilera, 2013). Quizás las palabras de Carlos Pantoja Revelo sean suficientes para ilustrar este momento: “Cuando la oligarquía liberal-conservadora, por incapacidad histórica de engañar, por separado, al pueblo colombiano, resolvió repartir el poder –BOTÍN- mediante un pacto de rapiña alterna que se denominó Frente Nacional” (Pantoja, 1966, P.2)

En este contexto se crea la ley 48 de 1968 la cual le da piso jurídico a las estructuras paramilitares legalizando lo que posteriormente Cesar Gaviria llamará CONVIVIR mediante el Decreto Ley 356 de 1994. Estas estructuras delincuenciales ligadas desde siempre al narcotráfico, en su nacimiento y fases de crecimiento y expansión, se fortalecerían desde el Estado una vez más en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y la lógica del enemigo interno (Garzón, 2008). Paralelo al nefasto gobierno de Julio Cesar Turbay, en 1978 se da la VI Conferencia Nacional de las FARC a partir de la cual inician a tener presencia en todo el territorio “nacional”, consolidándose la estructura de la organización, la cual se plantean el propósito de formar un ejército revolucionario (Aguilera, 2013b).

Posterior a la represión indiscriminada del gobierno del Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay y el posterior genocidio político Unión Patriótica en los 80s, exterminando la ultraderecha este intento de abrir espacios para el tránsito a la vida política legal de las FARC, inicia el crecimiento exponencial de este ejército revolucionario. En la VII Conferencia se incluyen las siglas EP –Ejército del Pueblo y se define el Plan Estratégico para la toma del poder, ahora con Frentes de guerra en todo el país (Aguilera, 2013b). Gracias a los recursos del narcotráfico que desde los 80s entraron formalmente a constituirse como fuente de ingreso para las FARC-EP, este Ejercito alcanzo a contar con 18.000 soldados y con presencia activa y poder de fuego en 24 departamentos para el año 2000 (Pizarro, 2017)  poder que les permitió, transitar de una guerra de guerrillas, a una guerra de movimientos, y de esta forma controlar el sur del país, poniendo en grave riesgo la ya contrahecha soberanía nacional y amenazando a una posible balcanización de Colombia (Aguilera, 2013).

 

Los Ordenes Alternativos en Colombia, una verdad de a puño que debemos transitar

 

-Cuidado, profesor. No sabemos aún en manos de quién quedó el pueblo.

-Sean quienes sean, las mismas manos-digo, y me despido y sigo avanzando. (…)

No es posible descubrir si son soldados –o quiénes, si de acá, de allá o del otro lado, ¿importa eso?, Otilia me espera-.   

Evelio Rosero   

Es evidente que en Colombia se presentan órdenes alternativos de hecho, como los entiende la socióloga María Teresa Uribe (1999), los cuales surgen por la inexistencia del Estado y sus instituciones en vastos territorios de la nación. Estos ordenes alternativos de hecho, como el impuesto por las FARC-EP durante más de 50 años haciendo presencia en todo el territorio nacional exceptuando el departamento de San Andrés y por ende ejerciendo en múltiples formas su “orden”, son estados de facto y se fundan en los ejércitos alternativos, ya que al no existir una soberanía nacional, ni un relato que nos integre como nación, nos conduce irremediablemente a la disputa de las soberanías para la imposición de los órdenes, lo cual de manera irreductible conduce a la guerra.

Éste es el contexto de ausencia de Estado en el cual surge el ejército revolucionario de las FARC-EP, y por tal el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición derivado del Acuerdo Final con éste grupo subversivo parte del principio o noción de proporcionalidad que le permita tener juicios ponderados para contextualizar los crímenes cometidos por los miembros del Ejercito de las FARC-EP y del ejército institucional, porque para transitar la guerra hay que entenderla como resultado y causa de múltiples violencias, injusticias históricas no resueltas y violaciones de derechos fundamentales de la ciudadanía, los cuales “debido a su indeterminación y a su carácter no absoluto, implican necesariamente limitaciones y restricciones en su garantía. De esta relación inescindible surge la noción de la proporcionalidad” como dice García Jaramillo con respecto de la obra de Aharon Barack (García, 2017). Las aberraciones de la guerra que con tanta crudeza narra Evelio Rosero en su novela “Los Ejércitos” como el acto necrofílico contra el cuerpo inerte de Geraldina (acto de guerra propio de los grupos paramilitares, valga decir), nos muestra la realidad dantesca que debemos superar para la vida digna y en paz de las comunidades rurales y marginadas.

Quizás es esta realidad de la Colombia profunda, de la otra Colombia olvidada y negada por el centralismo propio de nuestra enquistada clase política, fue lo que le faltó a las grandes multitudes colombianas entender a la hora de votar el Plebiscito para la reafirmación de los Acuerdos de Paz de la Habana en el 2016. Quizás con la pedagogía apropiada se le hubiera podido mostrar a la opinión pública la necesidad de una lectura crítica, pausada y equilibrada que nos llevara a entender la necesidad de un juicio de ponderación, a partir de una comprensión de la realidad de violencia que queremos transitar, hacia la paz como valor fundamental frente a otros valores, que nos permita entender que si bien, las comunidades fueron víctimas directas de los múltiples delitos que generan las guerras como las descritas en la novela de Rosero, estos miembros de los ejércitos revolucionarios, para el caso concreto de las FARC-EP, son campesinos históricamente despojados de sus tierras, expoliados de sus animales, desplazados de sus territorios, sobrevivientes de masacres, violentados de múltiples formas, al final de cuentas  víctimas de la violencia estructural, cultural y directa, de manera sistemática por parte de las instituciones del Estado colombiano.

Pero este anhelo, la utopía de tener una sociedad civil en Colombia crítica, se nos derrumba frente a la realidad de los hechos, cuando enfrentamos un estado desinstitucionalizado, con altísimos niveles de corrupción, que según un último estudio de Transparencia Internacional  (2020) nos ubica como uno de los  países más corrupto del mundo. Jeremy Waldron pareciere que describe el caso colombiano como la excepción en la cual la lógica contra mayoritaria para el control judicial sería adecuada para preservar el incipiente Estado de Derecho, la estructura constitucional y el respeto a los derechos fundamentales: “tal vez existen circunstancias – patologías particulares, instituciones legislativas disfuncionales, culturas políticas corruptas, legados de racismo y otras posibles formas de perjuicio endémico, en los que valga la pena soportar por el momento (o sea temporalmente y con la pretensión de superarlo) estos costos de ofuscación y privación de derechos políticos.” (Waldron, P. 218) Entonces en casos como el nuestro el control judicial se hace necesario, para la garantía del Estado Social de Derecho.

Y es que si la Corte Constitucional de Colombia hubiera interpretado a las mayorías del constituyente primario con el resultado del NO en el plebiscito del 2016, sin realizar un juicio de ponderación frente al derecho a la paz como valor fundamental, frente al riesgo de la guerra como imperio de la barbarie, seguiría siendo la confrontación armada el referente para enfrentar los conflictos políticos, económicos, sociales, culturales y armados que enfrentamos. De alguna forma, la decisión de la Corte contraria en apariencia a las mayorías democráticas, fue la tabla de salvación para las víctimas, minorías olvidadas muchas veces por el grueso de la ciudadanía, al igual que para el conjunto de la sociedad que tiene derecho superior a vivir en paz.

Esta tensión del derecho para su adjudicación, tensión entre qué derecho fundamental prima más a la luz de la dignidad humana, al igual que la tensión entre la guerra y la justicia, solo se zanjará a partir de la comprensión del valor fundamental del derecho de una sociedad a vivir en paz y del respeto a la vida frente a otros pilares constitucionales, al igual que entender desde el principio de precaución, la condición de riesgo de perpetuación de la masiva violación a los DDHH y al DIH, del continuar con la guerra al no cumplir el pacta sunt servanda en el turbulento contexto colombiano, siendo portal la reconciliación el camino que nos permitirá darle validez colectiva al nuevo pacto social que como nación nos conduzca a  avanzar de la guerra y la negación del otro, a la paz con justicia social.

 

Conclusiones

¿a merced de quién hemos quedado?

Evelio Rosero

 

El entender que la guerra trastocó todos los valores y que es resultado de un espiral vicioso de violencias, donde las victimas por la inexistencia de un Estado soberano y legítimo que garantice sus derechos, transitaron a ser victimarios, espiral perverso de la violencia, donde la dignidad humana se torna opaca y que por tal, es fundamental como sociedad exigir la implementación de los acuerdos de paz y contribuir al proceso de Justicia transicional si queremos romper este continuum tanático, para ello debemos tener como sociedad la capacidad  transitar hacia el reconocimiento del otro y su historia, de emprender un juicio ponderado, el cual nos permita desde la proporcionalidad de los hechos y de los derechos fundamentales en tensión, lograr una visión y comprensión que nos conduzca como sociedad a un pacto social a partir del cual podamos resolver los conflictos de manera pacífica en el marco de las reglas de la democracia participativa.

La necesidad como sociedad que tenemos de ejercer el derecho superior a la paz, y siendo el único medio posible para alcanzar este fin el cumplimiento del Acuerdo final de Paz, el cuatiene los requisitos de idoneidad al interior del sistema constitucional y del marco jurídico internacional, debe ser el principio para la defensa de Acuerdo frente al constante intento del gobierno de pasar por alto el principio de pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y bona fide (de buena fe) con sus esfuerzos de hacer trizas la paz y de reformar los acuerdos que debe el Estado honrar, porque lo contrario nos devuelve a la guerra, y no puede ser tal sino tanático, con el frío metal de los ejércitos y sus imposiciones frías, el destino legado por el gobierno a una sociedad que tiene derecho a vivir en paz.

 

Adenda: A la fecha ya van más de 200 ex-combatientes asesinados, lo que se constituye en un nuevo genocidio político como el acaecido con la UP. El gobierno debe parar el exterminio, garantizar la vida de los excombatiente es fundamental para consolidar una paz estable y duradera, así como un deber ético del Estado colombiano ante el mundo, y ante la historia.

 

Bibliografía

  • Aguilera, Mario. “Marginalidad guerrillera con legitimidad social 1949-1978”. En “Las guerrillas y la población civil. La trayectoria de las FARC 1949-2013”. CNMH, Bogotá. 2013
  • Aguilera, Mario. Las FARC: Auge y quiebra de su estrategia de guerra. En Análisis político, N° 77. Enero-abril. 2013
  • Barak, Aharon “Los orígenes históricos de la proporcionalidad y las jurídicas de la proporcionalidad” En: Proporcionalidad: los derechos fundamentales y sus restricciones. Palestra Editores, Lima, 2012
  • Corruption perception index 2019. Transparency Internacional. January 2020. Disponible en : https://www.transparency.org/cpi2019
  • Galtung, Johan “Violencia cultural” Traducción del inglés: Teresa Toda. Edita Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la paz. Fundación Gernika Gogoratuz. 2003
  • García, Leonardo. Análisis de la obra Proporcionalidad. Derechos constitucionales y sus restricciones de Aharon Barack. En Ámbito jurídico. 2017. Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/constitucional-y-derechos-humanos/analisis-de-la-obra-proporcionalidad-derechos+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
  • Garzón, Juan Carlos. “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica” En: El Poder Paramilitar, Editorial Planeta, Bogotá, 2008
  • Naciones Unidas. Preámbulo Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Recuperado de: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
  • Oquist, Paul “Violencia, Conflicto y Político en Colombia”. Ed. Instituto de Estudios Colombianos Biblioteca Banco Popular; Bogotá, 1978
  • Pantoja Revelo, Carlos “Camilo, Un camino en la Liberación de Colombia” La Gaceta, Voces libres de América y del Mundo, Revista bimestral de cultura y política, septiembre- diciembre 1966, Bogotá
  • Pizarro Leongómez, Eduardo, “Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)” Penguin Random House Grupo Editorial, Bogotá, 2017
  • Rosero, Evelio Los Ejércitos Editorial Planeta, Bogotá, 2007
  • Sánchez, Gonzalo “La violencia, el Estado y las clases sociales” En : Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 10, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1982
  • Umaña Luna, Eduardo. “El Niño. Menores de edad, Investigación y análisis interdisciplinarios”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002
  • Uribe, María Teresa.  “Las soberaníasen disputa: Conflicto de identidad o de derechos?” Estudios Políticos, núm. 15, pp. 23-45. Jul.-dic., Universidad de Antioquia, 1999.
  • Waldron, Jeremy “The core of the case against Judicial Review” En: 115 The Yale Law Journal 1346-1406, 2006

 

[1] Politólogo y Especialista en Justicia transicional, Víctimas y Construcción de paz.

 

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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