Judicialización en el marco de la Justicia transicional y la violencia como lenguaje político en la sociedad colombiana

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Por Juan David Ojeda López [1]

Al aproximarnos a los desafíos de la judicialización de las violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos DDHH en el contexto colombiano de la implementación de los acuerdos de paz del 2016, tomaremos para esta oportunidad como marco teórico a Carlos Nino en su libro El juicio al mal absoluto. En un primer momento nos referiremos a la naturaleza consensuada de nuestro conflicto armado, para posteriormente revisar las trabas que se presentan para la aplicación de la nueva legislación que permita la discontinuidad jurídica.

Analizaremos igualmente como el sentimiento retribuista en la sociedad colombiana es otro desafío para avanzar en una judicialización y como la identificación social con los autores de los abusos y la difusión de la responsabilidad, son quizás los mayores desafíos que presenta la justicia transicional en Colombia en la actualidad. Por último, abordaremos la falta de cohesión política en torno al consenso de avanzar por la paz en Colombia.

La naturaleza consensuada del proceso de transición en que nos encontramos en la actualidad, tuvo como fruto los Acuerdos de Paz del Teatro Colón del 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, pero más que entre el Estado y las FARC-EP, fue entre estas y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual representaba a la élite progresista y moderna del país, con todas sus complejidades y contradicciones, pero que ve en la paz una oportunidad para el desarrollo de sus negocios en un clima de tranquilidad y confianza inversionista.

En la actualidad nos encontramos en un escenario diferente: el actual gobierno Liderado por el Presidente del Centro Democrático, Iván Duque, ha demostrado con sus acciones de gobierno estar en contra de la implementación de la Justicia Especial para la Paz JEP, tal y como se acordó por las partes en La Habana y que hace parte del bloque de Constitucionalidad del Estado Colombiano. Las objeciones presentadas recientemente al –Congreso de la –República es la mejor prueba de ello.

En este hilo, al no tener legitimidad los Acuerdos firmados para el actual gobierno, lo cual conlleva a su desconocimiento, conduciendo a que el actual gobierno busque desconocerlos e invisibilizarlos en el actual Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, que es la carta de navegación de las Políticas Públicas de los próximos 4 años, fundamentales para la implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

De facto el consenso entre el Estado y las FARC, ahora partido político, parece haberse fracturado, en cuanto a la voluntad política, aun cuando prevalecen las instituciones creadas en el anterior gobierno como la Justicia Especial para la Paz -JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, La Unidad de Búsqueda de personas dada por Desaparecidas. Esta tensión entre la legalidad de las normas que implementan la justicia transicional en Colombia y la deslegitimación en el gobierno Duque de los acuerdos firmas por el Estado, son matriz quizás de los siguientes desafíos que abordaremos.

Este escenario se complejiza aún más cuando más de 1900 miembros de la fuerza pública implicados en casos ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, se acogen a la JEP, lo cual fortalece y legitima esta institución desde el orden castrense, generándole una tensión al poder político en este aspecto.

Este respaldo de los victimarios de las Fuerza Pública, al igual que la legitimidad que tiene la JEP entre las víctimas de la guerra, y por supuesto, con las FARC con quienes se creó y se acordó, ha permitido que, en estos tiempos de inicio, cuente con la legitimidad de los directamente afectados en los hechos: víctimas y victimarios.

Es así, como la discontinuidad jurídica se está dando lentamente, pendiente de desarrollos legislativos e institucionales, recursos para operación, seguridad para las comunidades y líderes sociales, entre otros. Los retos son altos, máxime cuando se espera impartir justicia en (20) años para más de 8 millones de víctimas.

En este punto es interesante analizar, cómo la sociedad colombiana que no ha sido víctima directa de la guerra, que es su mayoría, está escéptica; a diferencia de las víctimas reales de la violencia, las cuales apoyan con todas sus fuerzas el Acuerdo de Paz y la JEP, porque son las más interesadas en conocer la verdad y no perder la memoria de los hechos y el porqué de los mismos.

La polarización, y su incentivación a través de la mass-media nos ha llevado a agudizar la esquizofrenia colectiva que desde hace años padecemos como sociedad. Ya no me duele nada que tenga que ver con el que considero mi enemigo, mi contrario, no me duele el indígena de la minga, es más, celebro cuando vandalizan sujetos pagos la sede del CRIC en Popayán, por decir algo.

La “verdad” de los medios repetida una y otra y otra vez sobre las FARC-EP, lleva a que la sociedad, que no vivió la guerra más que por el televisor, no se permita perdonar, y por eso esté dispuesta a exigir justicia hasta los mínimos responsables. No lo neguemos, eso fue lo que eligió la sociedad en las pasadas votaciones presidenciales “Paz, pero con Justicia”.

El sentimiento retribuista abunda en el discurso del gobierno del Centro Democrático, en los medios de comunicación y por supuesto en las iglesias católicas y cristianas. Este sentir ha permeado amplios sectores, siendo ahora alimentado por la estigmatización de las FARC a través del tema de los crímenes sexuales (estrategia de otro ensayo). Entorpecer y enlentecer el proceso, que como ya dijimos anteriormente, tiene una vigencia finita, es quizás el objeto de algunos.

Pero esta cultura esquizofrénica de la violencia deviene de mucho más atrás: el conflicto económico, cultural, político y armado colombiano surge con el nacimiento de la república, podría decirse que el periodo de la llamada “Patria boba” nos muestra la impronta de lo que será el modo para la transformación de los conflictos hasta nuestros días, el ejercicio de la violencia como lenguaje político. Desde la época de la llamada Violencia de la época de los 50´s hoy, las víctimas se funden sin distingo o comprensión de los motivos y causas de los atroces hechos, en una amalgama de dolor y preguntas. Esta violencia que no ha cesado y que es una matriz de victimas permanente, nos ubica en una línea de tiempo de víctimas y victimarios demasiado larga. El espiral del círculo perverso de la violencia y el odio es inaprensible en estos momentos.

La polarización que trae consigo la guerra nos ha obligado a tomar partido, y el establecimiento con los aparatos ideológicos del Estado se ha encargado de establecer cuál es la verdad, cuáles son los buenos y cuáles son los malos. La cultura del narcotráfico se sobrepone a este escenario con su dosis de idealización del dinero fácil sobre el desprecio a la vida.

Nos encontramos entonces con una sociedad que le rinde culto a través de lo que consume en Netflix y en los audios de reguetón, a la cultura del narcotraficante paramilitar y sus excesos machistas con drogas, mujeres, carros y de más estereotipos del sistema capitalista bajo la lupa de la cultura “traqueta”. No es raro entonces que muchos se  identifiquen socialmente con los paramilitares, autores de las masacres y de los peores crímenes masivos de DDHH que han existido en el hemisferio. El vestir de Vicente Dangon cantante de la “nueva Ola” del vallenato en uno de sus trabajos discográficos, es fiel muestra de ello.

Esta identificación es quizás desde el acervo cultural, desde los sustratos que nos constituyen como sujetos colectivos, un desafío que como sociedad debemos urgentemente abordar, con el fin de transitar hacia la identificación social con las víctimas, más que con un bando de la guerra, ya que como sostiene Nino: “Cuanto más rápido la sociedad crea y propague un relato que justifique las atrocidades, tanto más identificada estará de los responsables, y por lo tanto la justicia retroactiva será más difícil de llevar a cabo”(Nino, Carlos. P 196)

La Difusión de la responsabilidad es una constante en nuestra actual transición, ya que se dejó por fuera de la JEP a todos los terceros como empresarios, ganaderos, multinacionales, políticos regionales y nacionales, que financiaron y motivaron la guerra, que victimizaron a la población civil y que sacaron réditos económicos y políticos del conflicto armado. Esta es una realidad que impedirá conocer la verdad frente a muchas violaciones masivas de DDHH, como sus móviles, finalidades e implicados indirectos, entre otros.

Es así, como nos encontramos en una coyuntura, en la cual no hay cohesión política en torno a la idea de construcción de paz entre los actores democráticos, por lo cual, el mayor trabajo desde la sociedad civil debe centrarse en las trasformaciones culturales que nos permita como sociedad avanzar en establecer unos mínimos morales para el respeto y el reconocimiento del otro, de sus diferencias, de sus demandas y de sus luchas, como piso para construir en estos 20 años una sociedad que legitime su justicia transicional y la entienda como el techo que nunca volveremos a pasar como comunidad.

[1] Politólogo

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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