Pelando el cobre con las víctimas: algunas contradicciones insalvables con la razón del Derecho Internacional Público y las objeciones de Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP 

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Por Juan David Ojeda Lópe[1]

Hoy 23 de abril que la oposición política al gobierno de la guerra, en el Congreso de la República hace uso de las disposiciones contempladas en el Estatuto de la Oposición para ejercer su derecho a establecer como prioridad en el orden del día la obligatoria discusión, de momento en el Senado, de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, me permito compartir esta aproximación al tema para develar las reales intenciones de las objeciones de Duque y la inconveniencia de las mismas, en contravía del discurso estilizado supuestamente garantista de los derechos de las víctimas, que vende en los medios de comunicación con su postura de yo no fui.

Primero que todo, se partirá por entender que lo conveniente desde el deber ser como Estado en estos momentos de post- acuerdo con las FARC-EP, es honrar los acuerdos de paz y cumplirlos resolviendo las tensiones existentes dentro de los parámetros legales, a la luz de los conceptos sobre Justicia Transicional (JT) de Jorge Errandonea en su texto Justicia transicional, obligación de investigar y leyes de amnistía en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos  y el juez García-Sayán con su Voto Concurrente en el caso de Mozotes en Salvador, y del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera en Colombia, el cual se centra en el cumplimento de los derechos a las víctimas, que son el eje de los mismos.

Para este ejercicio nos enfocaremos en dos de las Objeciones que el Presidente Iván Duque presentó el pasado 11 de marzo ante el Congreso de la República al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, el cual es la columna vertebral del Sistema de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición- SIVJRNR. La primera la objeción respecto al artículo 7 Reparación integral a víctimas, y la segunda objeción, sobre el parágrafo 2 del artículo 19 sobre el principio de selección, para lo cual iniciaremos citando el artículo 7, por corresponder a la primera objeción en estudio.

ARTÍCULO 7. REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS. Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” del 24 de Noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según Duque, se omite establecer que las FARC son titulares de la obligación de entregar sus bienes para la reparación material de las víctimas, siendo esta especificación necesaria “políticamente” lo que lo lleva a interponer esta objeción por inconveniencia. Partiremos por decir que afirmar que los victimarios son los primeros llamados a contribuir con sus propios bienes a la reparación integral de las víctimas (SIC), es afirmar que las FARC como contraparte de la negociación con el Estado, en esta fase de implementación, no han sido diligentes, no han estado interesados en reparar con sus bienes a las víctimas del conflicto armado. Afirmación que independientemente de si es cierta o falsa, es  partir de la mala fe en el cumplimiento del acuerdo por la contraparte, lo cual genera un clima de inestabilidad jurídica en relación al cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno Nacional.

En este punto es importante señalar, que cuando nos referimos a reparación de las víctimas, no sólo nos estamos refiriendo a la reparación económica, que pareciera ser la única que le interesa al Presidente Duque, sin comprender el gobierno de turno que “las reparaciones deben comprender dimensiones no pecuniarias para realmente ser efectivas e integrales” (P. 42, Errandorrea), lo que implica que el Estado como contraparte debe crear los mecanismos y estrategias, que no se limiten a la reparación económica, con el fin de lograr la efectividad e integralidad en la Política.

Por encima del aspecto discursivo y el enfoque reducido como el gobierno entiende la reparación, en este momento es clave remitirnos al Voto se Sayán sobre el caso de Mozotes y entender que lograr el fin superior de la paz y la realización efectiva y paulatina de los derechos de las víctimas de un conflicto armado interno como el nuestro, es contribuir efectivamente a la reparación integral de las víctimas, lo cual además contribuirá a fortalecer el tejido social y los lazos de confianza, tanto con las instituciones, como entre nosotros mismos.

“La reparación integral es el tercer elemento esencial de la justicia transicional en un contexto así. Apunta a restablecer las relaciones de confianza en la sociedad y busca cimentar procesos que impidan la repetición del drama que la afectó con el conflicto armado no internacional (…) En materia de reparaciones el abanico de opciones es amplio y va desde las compensaciones materiales, medidas de rehabilitación y satisfacción, entre otras”. (P. 158, García-Sayán)

Volviendo a la objeción, como informó el Colectivo de Abogados José Albear Retrepo en la audiencia pública del 1ro de abril sobre las objeciones a la JEP en el Congreso de la República, el artículo 7 en cuestión, establece que reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” lo que implica directamente la obligación de los victimarios de reparar, derecho consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017 en su artículo 18 el cual estableció el derecho a la reparación integral en el SIVJRNR.

“Así como en las demás objeciones, este asunto ya fue objeto de decisión por parte de la Corte Constitucional (…) En la sentencia C-080 de 2018 la Corte Constitucional se refirió a lo dispuesto en el artículo 18 del Acto legislativo 01 de 2017, en el sentido de enfatizar que en esa disposición se reconoce el deber de quienes se sometan a la JEP de reparar integralmente a las víctimas y la posibilidad de hacerlo por mecanismos administrativos o judiciales. Asimismo, precisó que en dicho Acto Legislativo se extinguió la obligación de indemnizar judicialmente los daños causados por los combatientes, no obstante, las FARC mantenían la obligación de entregar los bienes con destino a la reparación de acuerdo con un inventario de los mismos” (Informe Objeciones de la JEP Partido Verde).

Es evidente entonces que esta objeción es inconveniente a la luz de la jurisprudencia sentada por García-Sayán en su Voto concurrente en el caso de la masacre de Mozotes; ya que al no ser por inconveniencia política, económica o social que ponga en riesgo la estabilidad de la Nación, sino con la intención de dilatar y trabar la puesta en marcha de una política de justicia transicional en estos momentos tan delicados para el futuro de la Nación, sin mayor sustento que las malas interpretaciones del articulado de la ley estatutaria; puesto que dicho voto nos muestra la importancia de avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos teniendo un equilibrio entre el cumplimento de los derechos  de las víctimas y la creación de las condiciones para construir una sociedad en paz:

Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas, y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla.”

En este mismo orden de ideas sostiene Jorge Endardorrea que en el “marco de la teoría de la JT se suelen distinguir pilares o grandes temas de actuación que, en conjunto –de forma holística e interdependiente– impactarían sobre los objetivos de paz, democratización, reconciliación, reparación a las víctimas y consolidación del Estado de Derecho”. (P. 36, Errandonea) La búsqueda de la paz y la convivencia democrática, de la mano de las condiciones para el ejercicio de los derechos de las víctimas, se constituyen en las directrices que deben guiar el proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC, por encima de las diferencias políticas-ideológicas.

Respecto a la objeción del parágrafo 2 del artículo 19 sobre el principio de selección, que reza:

ARTÍCULO 19. PRINCIPIO DE SELECCIÓN (…) PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables, según lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016.

“El señor Presidente sobre el parágrafo 2 del artículo 19 objeta la interpretación condicionada que hace la Corte Constitucional de la expresión delitos no amnistiables; es decir, la objeción presentada no se refiere a la inconveniencia del parágrafo, sino a las consideraciones hechas por la Corte Constitucional al momento de decidir sobre su exequibilidad. Al respecto, el señor Presidente señala que la interpretación hecha por la Corte Constitucional, en el sentido de precisar que los delitos no amnistiables se refieren a “crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio cometidos de manera sistemática y que pueden ser atribuidos a los máximos responsables”, conduce a que quienes no son máximos responsables de dichos delitos no rindan cuentas judiciales. El Presidente añade que solamente podrían no seleccionarse casos de delitos no amnistiables cometidos por quienes no son máximos  responsables, de acuerdo al condicionamiento de la Corte Constitucional, cuando “el Estado demuestra que investigó bajo estándares de debida diligencia las conductas” (Intervención Informe Objeciones a la JEP partido Verde P.21), y qué de esta forma, según esta hipótesis, los que no son llamados máximos responsables saldrían impunes de sus crímenes.

Si partimos de creer que el objetivo de este gobierno en relación a la corrección política que pretende hacer al acuerdo de paz, es reconocer aún más los derechos de las víctimas, porque según él y su partido Centro Democrático, están desconocidos en el acuerdo de paz, no se entiende entonces cómo objetan la figura de la selección, como mecanismo para la garantía de los derechos de las víctimas, ya que como lo señala Diego García Sayán en el Voto concurrente de Mozotes:

 El derecho de las víctimas y de las sociedades de acceder a la verdad de lo ocurrido adquiere un peso especial que debe considerarse en un adecuado ejercicio de ponderación para delinear las especificidades de la justicia de tal forma que no sea antagónica con la justicia transicional requerida en procesos de pacificación y reconciliación. En ese contexto, se pueden diseñar pautas específicas para el tratamiento de los responsables de las más graves violaciones abriendo el camino, por ejemplo, de priorizar los casos más graves como ruta de manejo de una problemática en la que podrían ser, en teoría, muchos miles los procesados y atender los casos de menor gravedad a través de otros mecanismos. (García-Sayán p.157)

Si el fin último de las objeciones fuere esclarecer la verdad e impartir justicia a los responsables de Graves Violaciones de Derechos Humanos de una forma expedita, que permita avanzar en un proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado con las FARC-EP, no buscaría un sofisma de distracción como el anteriormente señalado en el Informe de Objeciones de la JEP por el Partido Verde. Pero además de esto, el Presidente objeta sobre las consideraciones hechas por la Corte Constitucional al momento de decidir sobre su exequibilidad y además sobre la línea jurisprudencia de la Corte en relación con la potestad de seleccionar casos como una estrategia de persecución penal dentro de los mecanismos de Justicia Transicional. Esta objeción lejos de ser por inconveniencia política, económica y social, es del orden constitucional y concretamente hace frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.

El Colectivo de Abogados José Albear Restrepo Sostiene al respecto:

“Con esta objeción se está objetando la Constitución Política en su artículo transitorio 5, la sentencia C-647 DE 2017 y la decisión de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-080 de 2018, está última hizo un análisis normativo y jurisprudencial sobre la facultad de priorizar y seleccionar, concluyendo en los siguientes elementos. La selección y priorización es un elemento que hace parte de la justicia transicional y por ende de importancia para la objeción de la SIVJRN. La selección se constituye como un elemento para la investigación de los máximos responsables de graves violaciones de los DDHH e infracciones del DIH que se concreten en una violación de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra; la priorización es el elemento que permite establecer un orden estratégico para la investigación y juzgamiento. Lo mencionado debe ir en correspondencia con el aspecto fundamental que obliga a la JEP a que propendan por la selección de la mayor cantidad de hechos que sea posible investigar en un plazo razonable.” (Motivos Verde P.22)

La figura de máximos responsables, no solo se encuentra soportada en la jurisprudencia nacional, sino que internacionalmente se entiende como elemento fundamental para la implementación del pilar de justicia, en el marco de un proceso de Justicia Transicional, ya que se constituyen como  “estrategias para racionalizar la efectividad de la política criminal en esos escenarios como por ejemplo, el recurso a mecanismos de priorización de los casos más relevantes o que se refieren a los máximos responsables”(P.66, Errandonea).

Si lo que se busca es contribuir en cerrar las brechas y diferencias entre el gobierno que representa las ciudadanías del NO en el Plebiscito y la otra Colombia que voto por el Sí y la paz negociada; con el fin de generar un consenso nacional por la paz; el atacar la Corte Constitucional no es el camino, buscar el choque de trenes entre los poderes no es el camino, negar la figura de máximos responsables como estrategia para tener una efectiva política criminal, no es el camino. Este tipo de objeciones no son el camino; la demagogia del gobierno debe traducirse en efectividad para el ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Estos derechos de las víctimas, directamente entrelazados y co-dependientes en su realización, exigen en escenarios de resolución de conflictos internos como el nuestro de medidas o mecanismos excepcionales como no lo señala Errandonea en su texto.

Por último, al respecto del esclarecimiento de la verdad, de los hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, no hay que olvidar a García-Sayán cuando dice: “El reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes puede contribuir a promover un proceso de esclarecimiento tanto de los hechos como de las estructuras que hicieron posible esas violaciones.” (García- Sayán, P. 158)

Adenda: Las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP generan una crisis al interior de las partes inevitablemente, en especial de quienes se acogen a la JEP, tanto militares, como guerrilleros, como paramilitares, presentándose de hecho una situación crítica de inseguridad jurídica que posibilitaría posiblemente la intención en un futuro de la CIDH o de CPI.

[1] Politólogo

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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