¿Qué opinan los campesinos que estuvieron vinculados a los programas de desarrollo alternativo?

Susana Ojeda

Mucho se ha dicho sobre los programas de desarrollo alternativo desde los saberes expertos tecnócratas, políticos y académicos, ya sean de los organismos que los promueven o de sus contradictores. Sin embargo, poco sabemos sobre lo que piensan las personas que son objeto de estos programas.

El interés es entonces mostrar esta otra narrativa sobre los programas de desarrollo alternativo que se desarrollaron en Colombia durante 2003-2010: el Programa Familias Guardabosques (PFGB), que estuvo orientado a las familias que se localizaban en áreas con cultivos ilícitos o vulnerables a estos, y el Programa Proyectos Productivos (PPP), que trabajó con organizaciones campesinas que se encontraban dentro de la frontera agrícola.

Ventajas y desventajas de los cultivos ilícitos
La mayoría de los campesinos decidieron sembrar coca y amapola porque con estos productos tenían unos ingresos asegurados. Aunque hoy en día, debido a las fuertes contribuciones exigidas por los grupos armados al margen de la ley, los dineros obtenidos por la venta de la coca no permiten gastos suntuarios como ocurrió en las décadas de los 80 y 90, sí alcanzan para cubrir los gastos de manutención de las familias y permiten invertir en educación, salud y el mejoramiento de la vivienda.

Los campesinos mencionan principalmente tres grandes problemas asociados a este cultivo: En primer lugar la violencia, que tomó diferentes formas desde amenazas, pasando por desplazamientos forzados, hasta asesinatos y masacres. En segundo lugar, esta violencia generó la desarticulación de las redes sociales a través de las cuales los campesinos podían resolver los problemas de la vida cotidiana (mano de obra, préstamo de dinero, cuidado de los hijos…). En tercer lugar, la estigmatización del Estado que los señaló como delincuentes, lo que justificó la presencia del Ejército, la erradicación forzada y las fumigaciones.
¿Fueron capaces los programas de desarrollo alternativo de superar las razones por las cuales los campesinos comenzaron a sembrar los cultivos ilícitos? ¿Fueron capaces de resolver los problemas asociados a la producción de estos cultivos?

¿Qué pasó con la violencia?
Aunque las situaciones de violencia asociadas se reducen con la llegada de los programas a las regiones y los campesinos afirman que pueden vivir y trabajar con más tranquilidad, todavía enfrentan problemas asociados a la presencia de grupos armados ilegales, que extorsionan, amenazan y han llegado a asesinar a miembros de organizaciones campesinas. Éste fue el caso de Miguel Daza, miembro de Aprocasur (Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar), quien fue asesinado sin poder ver cumplir su sueño: “Yo quiero cumplir el sueño de ver un día un barco de esos de siete u ocho containers llenos de cacao de Aprocasur. Quiero cumplir un sueño y es ver a esta organización como el banco de los cacaoteros de este país. Que se piense en el productor y no en los monopolios. Pienso que hay que romper muchos esquemas tradicionales que se han venido manejando” (1).

¿Qué pasó con las redes sociales?
Las familias comentan que uno de los beneficios de haberse vinculado al PFGB ha sido recuperar las prácticas de trabajo comunitario. Se realizaron actividades para la siembra de árboles y el mejoramiento de la infraestructura comunitaria. Esto contribuyó a que las comunidades recordaran su antigua tradición de trabajo comunitario, que en algunas regiones se llama minga o, en otras, vuelta de mano. También aparecieron experiencias organizativas espontáneas, como aquellas que buscaban ayudar a las personas más desvalidas de la vereda como las desplazadas y víctimas de la violencia.

El trabajo comunitario basado en tradiciones preexistentes logró recomponer redes sociales que se habían perdido por la violencia, creando lazos, generando confianza y promoviendo la solidaridad entre los miembros de las comunidades.
¿Qué pasó con las organizaciones productivas?

No obstante, estos beneficios que brindó el trabajo colectivo a las comunidades vinculadas al PFGB no se lograron en el PPP. Los campesinos comentaron que era muy difícil mantener el compromiso de sus miembros tanto para que asistieran a las reuniones como para que vendieran sus productos exclusivamente a través de la organización.

Por supuesto es difícil garantizar que los asociados sean leales con la asociación cuando lo único que los vincula es el interés productivo. Muchos de los asociados no tenían fuertes lazos sociales entre ellos con anterioridad a la conformación de la organización. Lo que primó no fue un interés colectivo de trabajar por el bien común, sino que la motivación individual fue acceder a los recursos del Estado y la cooperación internacional.

¿Las actividades productivas son sostenibles?
Las actividades productivas fueron definidas desde las oficinas en Bogotá. A las comunidades se les dio un listado del cual podían escoger: café, caucho, cacao, palma y forestales y en algunos casos se aceptaron proyectos de apicultura, piscicultura, caña panelera, turismo rural y artesanías.

Dado que las actividades no hacían parte de las tradiciones ni de los intereses ni de los sueños de muchas personas que hicieron parte del PFGB, aunque se les había prometido, sus organizaciones no fueron apoyadas por el PPP. Además de la frustración y la desilusión frente a los procesos organizativos, esta situación puso en riesgo la sostenibilidad de las actividades productivas emprendidas por las familias. De ahí, que muchos campesinos mencionaran que era posible que estas familias volvieran a los cultivos ilícitos.

Por el contrario, la mayoría de los campesinos que apoyó el PPP no tuvieron cultivos ilícitos. Este programa se enfocó en regiones con aptitud agrícola para las actividades productivas predefinidas. El PPP llegó ofreciendo asistencia técnica e incentivos económicos para las personas que se asociaran. Entonces, los campesinos se organizaron para recibir los recursos del Estado y la cooperación internacional.

No obstante, los miembros de estas organizaciones comentaron con preocupación que el tiempo de los acompañamientos a los proyectos es muy corto (1 a 3 años) para garantizar el éxito de la actividad productiva (en su mayoría cultivos de mediano y largo plazo). También ven con preocupación que las veredas cercanas con cultivos de uso ilícito puedan ser fumigadas y con ellas también sus cultivos lícitos.

¿Cómo fue la relación con el Estado?
Uno de los beneficios más importantes que los campesinos reconocen a los programas de desarrollo alternativo es el ser reconocidos por el Estado como ciudadanos con derechos, en lugar de ser estigmatizados como delincuentes. Este carácter de ciudadanos se formaliza con la firma de contratos de las familias que se vinculan al PFGB y con la vinculación a organizaciones formales en el caso del PPP.

Esta formalización de la relación entre el Estado y los campesinos los saca de su situación de ilegalidad, haciéndolos acreedores de beneficios, como capacitaciones y recursos económicos del Estado y la cooperación internacional a los que antes no tenían acceso, pero también los hace responsables no sólo de mantener su predio sin cultivos de uso ilícito sino los de toda la vereda, situación que los pone en una situación de riesgo.

Sin embargo, la puntualidad de las acciones y su transitoriedad hacen que la ciudadanía a la que tienen acceso los campesinos sea parcial y transitoria, más asociada a una condición de beneficiarios de ayudas del Estado.

¿Y entonces?
Lo que solicita el campesinado es tener un acceso permanente a las instituciones del Estado que le permita desarrollar plenamente sus derechos como ciudadanos (instituciones de desarrollo rural, sostenibilidad ambiental, infraestructura vial, educación y salud).

Sin embargo, los proyectos de desarrollo alternativo se han caracterizado por su escasa cobertura territorial y corto periodo de intervención, lo que hace prácticamente imposible la sostenibilidad de los proyectos implementados y la resolución de la problemática de los cultivos ilícitos.

Estos proyectos han sido un paño de agua tibia a un profundo problema de abandono continuado del campesinado pobre que han servido para apaciguar las críticas de la comunidad internacional frente a los mecanismos de interdicción (militarización del campo y aspersión aérea de glifosato) para asegurar clientelas políticas y promover macroproyectos económicos como la palma de aceite.
La ciudadanía debe demandar del Estado una real estrategia de desarrollo participativo que cobije la totalidad del campo colombiano. Donde la participación trascienda los ejercicios que se hacen hasta el momento de información y capacitación, para abrir espacios reales de diálogo y construcción conjunta entre las comunidades, los políticos y los técnicos. Tal como los campesinos han venido demandando desde hace décadas.

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1 Entrevista con Miguel Daza en: UNODC – ACCION SOCIAL. Organizaciones que cambian vidas. Bogotá, 2008. p. 263.