Por: Aurelio Suárez Montoya
Al iniciarse la movilización de gremios hospitalarios, científicos y médicos, trabajadores y organizaciones de usuarios, frente a la reforma al colapsado sistema de salud, el gobierno Santos ha conformado -para adelantar su política- un equipo de genuina cepa neoliberal, procedente del sector privado, que giró la puerta entre lo particular y lo público, como ya es costumbre en el “buen gobierno” instaurado en Colombia.
La Silla Vacía (www.lasillavacia.com) hizo dos informes en los que menciona antecedentes de cuatro funcionarios que en el Ministerio de Protección se encargarán en la política de precios y acceso universal de las decisiones relacionadas con medicamentos: Javier Gamboa, viceministro técnico; Claudia García Gómez, directora de Invima; Conrado Gómez, superintendente de Salud y Mario Urán, gerente de Caprecom, donde se comprarán las medicinas que no están en el POS.
No es suspicacia colegir de qué lado estará Gamboa, ex vicepresidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, donde se asientan Monsanto y Merck; o García, ex presidenta de Afidro, asociación de farmacéuticas multinacionales, y ex directora de política pública para América Latina de Merck; o Urán, ex gerente de asuntos corporativos de Roche o Gómez, hermano del actual presidente de Afidro.
Las eventuales sospechas se vuelven certeza cuando se desentrañan sus posiciones sobre los asuntos que manejarán. Por ejemplo, García, el 28 de junio de 2006 como presidenta de Afidro, envió una comunicación al gobierno rechazando el control de precios a medicamentos mediante el sistema de referencia con otros países. Lo consideró “ilegal”, inaceptable”, “antitécnico”, “excesivo”, “violatorio” de normas y arguyó que, dentro de los TLC, estaba “incurso en expropiación indirecta” por lo que el país podría ir a arbitraje internacional.
Gamboa, quien dirigió el capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Informe de Competitividad 2008-2009, propone como agenda las mismas cláusulas sobre Propiedad Intelectual que pactó como negociador del TLC con Estados Unidos y consignadas en el CONPES 3533: “Promoverla” como “mecanismo para el desarrollo empresarial” y “adecuada observancia a sus derechos”; entre otras. Establece que Colombia “aparece en los últimos lugares de innovación” expresado en el bajo número de patentes y, para subsanarlo, propone “incentivos tributarios automáticos” a innovadores; es decir, un edén para las farmacéuticas.
Urán, además de promotor comercial de Roche, la empresa del Tamiflu de la gripa porcina, prohijó en la Secretaría de Salud de Bogotá la “tercerización” de más del 70% de los trabajadores de la red pública.
Las hojas de vida de esos cuatro funcionarios ratifican que en la Unidad Nacional la salud pública se subordinará a intereses corporativos. ¿Ahora en funciones públicas, serán recompensados como hizo Bavaria con el ex ministro Plata, su benefactor en las declaratorias de zonas francas, al nombrarlo en la Junta Directiva?
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