por Jorge Forero F.
Un viejo sociólogo norteamericano afirmó, luego de estudiar juiciosamente los mil años que tomó el desarrollo y consolidación de los estados europeos, lo que debería ser una importante premisa del pensamiento y la acción política presente y futura: los estados, se comportan, a grandes rasgos, como el crimen organizado (1).
Uno y otro aspiran al control territorial, esto es, a consolidar la aplicación y en la medida de lo posible el monopolio de la violencia organizada en un territorio dado, ambos venden el “servicio de seguridad” a los habitantes del mismo, tanto si estos quieren como si no, imponiendo “tributos” o “impuestos” y ambos intentan, de una u otra forma, controlar algunas actividades económicas especialmente rentables para obtener privilegios monopólicos sobre las mismas. El estado sería según Tilly, una empresa extorsiva de proporciones colosales.
Muchos años antes otro sociólogo, el alemán Max Weber intuía y aceptaba estas similitudes, planteando una distinción fundamental entre el estado moderno y cualquier otra forma de violencia organizada: la coerción estatal estaba mediada por una serie de procedimientos legales y formales, lo que le otorgaba un nivel de predictibilidad muy conveniente para las actividades capitalistas. Disminuía el margen de riesgo del inversor de capital, que podría medir, de manera estable los costos del ejercicio de violencia organizada, y contar adicionalmente, con un servicio de protección a su propiedad y con una garantía para el normal funcionamiento de sus actividades comerciales y productivas. Así, estado y capital vivieron un amor a primera vista, no sin los sobresaltos causados por los ocasionales intereses contrapuestos, y por los incómodos requerimientos de la democracia formal, que convertían ocasionalmente al estado en terreno de negociación entre las distintas clases y fracciones de clase.
Tilly descubrió también que, en determinados casos, los estados no tenían problemas al delegar el ejercicio de la violencia organizada en aliados estratégicos, con el fin de conservar o consolidar la “soberanía”, es decir, el control territorial. Esto fue en realidad el modus operandi de los estados europeos en tiempos del vasallaje, y en los estados periféricos ha sido encarnado en la figura de los ejércitos paramilitares que contrarrestaron las iniciativas revolucionarias durante la segunda mitad del siglo XX.
En 1962, una misión del ejército norteamericano propuso esta estrategia para neutralizar, en áreas rurales, la expansión de las nacientes organizaciones guerrilleras (2). Involucrar civiles en la lucha contrainsurgente era rentable y efectivo: un ejército paramilitar es más barato que un batallón militar, y permite trasladar a la contrainsurgencia una ventaja logística clásica de las guerrillas: el conocimiento del terreno. Cuando a mediados del 70 el ejército colombiano inicia la aplicación sistemática de esta receta, nadie imaginaba las consecuencias que esto tendría, en momentos en que los empresarios de la cocaína extendían sus intereses hacia el sector rural. Menos de dos décadas después, los pequeños ejércitos de terratenientes creados para tales fines se habían transformado en enormes estructuras armadas con gran poder militar, político y económico y con extensos territorios bajo su control. En un momento en que la guerrilla de las FARC ponía en jaque el control territorial del estado en el sur del país, el estado no tendría ningún problema en hacer pacto con estas organizaciones, delegando en estas el ejercicio de la violencia organizada, y por tanto, el control social, en las zonas periféricas del país.
Tilly también afirma que la coerción, igual que el capital, tiende a vivir procesos de acumulación y concentración. Es decir, en medio de una disputa por el control territorial, los grupos que ejercen violencia organizada tienden a buscar mayores medios de coerción (combatientes y armas), y aquellos con mayor capacidad militar absorben a los grupos más pequeños, concentrando tanto sus territorios como sus medios de coerción. Esto fue, en rigor, lo que lograron a nivel nacional los hermanos Castaño con el decidido apoyo del ejército colombiano, que los respaldó en la lucha contra las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira, contra el Bloque Metro en Medellín, y contra las Autodefensas Campesinas del Casanare. El resultado fue la articulación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre un estado y un paraestado (las AUC), que se distribuían funciones de control social tanto en el centro como en la periferia.
En contra de lo que en su momento supuso Weber, el capital encuentra muy conveniente la arbitrariedad, cuando es a su favor. No tiene problemas con la expropiación de minifundios, si estos al final vienen a parar a manos suyas, ni con la falta de seguridad, si esta afecta a los sindicalistas, a los líderes comunitarios o a sectores que no le resultan directamente funcionales. Un parestado que garantiza la sumisión de amplios sectores de la población, que asesina a los sindicalistas y que al mismo tiempo le ofrece seguridad en sus instalaciones, es para el capital infinitamente más funcional que un estado, que acaso tenga restricciones al momento de convertir la pena de muerte en un castigo para cualquier tipo de crimen en contra de la propiedad.
El proceso de Justicia y Paz no hizo más que modificar este panorama, eliminando el mando unificado que congregaba a las distintas estructuras paramilitares de las AUC. Estas se dispersaron en una multitud de pequeños y medianos ejércitos, manteniéndose en los negocios de rutina, casi sin perturbación. Se mantuvo la misma acumulación de medios coercitivos, pero disminuyó sensiblemente su nivel de concentración: La unidad de las AUC, conservada mediante una combinación de “plomo ventiao” y privilegios políticos, se vio reemplazada por una proliferación de ejércitos de pequeño y mediano alcance, las famosas “bandas criminales”.
Los más recientes acontecimientos muestran la pertinencia de los análisis de Tilly. En efecto, estos ejércitos están viviendo un proceso de concentración de los medios de coerción, análogo al protagonizado en su momento por las AUC. El Tiempo reconoció esta semana, con divertida perplejidad, que disminuía el número de bandas, mientras se mantiene el número de combatientes (3). Ahora podemos contar con los dedos de la mano las organizaciones en disputa: las Águilas Negras, los Rastrojos, Los Paisas, los Urabeños y el ERPAC. Las crudas leyes de la competencia económica y militar conducen a todas hacia la confrontación por el monopolio territorial sobre las rutas de cocaína, así como sobre las zonas mineras, fructíferas al momento de la venta del “servicio de protección”.
El gobierno necesita que sus locomotoras marchen bien. Y el capital necesita desplazar miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos más, para invertir en sus territorios el capital ocioso acumulado. Las “bandas criminales” irán poniendo los rieles en los que se desplazarán las locomotoras, en especial la minería, la más terrible. Junto al proceso de reacumulación de medios coercitivos, solo son necesarios dos procesos más para reconstituir el paraestado desmembrado. El primero es el desarrollo de un perfil político de las organizaciones, orientado a enmascarar el proceso de despojo en una lucha contrainsurgente. El segundo, es la aparición de nuevos (¿o viejos?) intermediarios políticos, para que medien entre estado y paraestado: un nuevo contingente de parapolíticos. En torno al primero objetivo, las bandas criminales vienen trabajando desde tiempo atrás, como queda demostrado en el improbable nombre del ERPAC (4), o en las amenazas por parte de los Rastrojos5 contra figuras políticas de alcance nacional, como el senador Robledo o el profesor Moncayo. El segundo objetivo se juega en las elecciones regionales del presente año. Y esto lo saben muy bien estas bandas y podemos estar seguros de que están trabajando en eso.
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1 Tilly, Charles, (1985). War making and State making as organized crime. En Bringing the states back in. Cambridge University, p. 169-191.
2 Se trata de la famosa Misión Yarborough. Ver Medina Gallego, Carlos (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación: el caso «Puerto Boyacá». Bogotá: Documentos periodísticos.
3 El Tiempo: “Bandas emergentes, principal factor del desplazamiento forzado”. Publicado el 27 de Febrero de 2011. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/la-amenaza-de-las-bandas-criminales_8928046-4
4 Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia.
5 Es significativo que provengan precisamente de esta organización, la menos “política” de todas, al ser directa descendiente del Cartel del Norte del Valle.
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