El desastre detrás de la “Prosperidad Democrática”

por Zulma Hernández

El pueblo colombiano somos afortunados al pertenecer a un país rico en recursos naturales, megadiverso, con abundantes fuentes de agua, suelos aptos para agricultura y demás. Pero somos ingenuos y pasivos, ingenuos ante el despilfarro de los recursos y pasivos ante la inequidad en la distribución de estos bienes y servicios ambientales.

Los intereses económicos y políticos casi siempre han chocado radicalmente con los ambientales y sociales. Por citar algunos ejemplos, el caso de la mina de oro en Cajamarca en plena zona de páramo, la explotación de hidrocarburos en el territorio U´wa, la fumigación de cultivos de coca en parques nacionales naturales, la expansión urbana de Bogotá D.C. sobre zonas de humedales, cerros orientales y áreas agrícolas, los monocultivos de palma aceitera, caña de azúcar, entre otros. Estos son megaproyectos en los cuales pequeños sectores económicos y políticos se han beneficiado a costa de desastres ambientales y sociales pese a la extensa legislación nacional e internacional y a las políticas ambientales y sociales existentes que amparan el ambiente.

¿Qué nos espera en el tema ambiental?

Ahora con el cambio de Gobierno surge la pregunta: ¿qué nos espera en el tema ambiental para los próximos años? Para las personas conscientes, defensoras del ambiente y pobladoras de territorios ambientalmente estratégicos, el panorama no es bueno.

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe se caracterizó por contemplar la naturaleza como una fuente de recursos para la obtención de dinero fácil. Así lo planteó en el documento “2019 Visión Colombia – Segundo Centenario” donde se identifican —en sus cuatro metas y 18 estrategias— grandes intereses económicos detrás de la oferta ambiental del país. Da a la naturaleza un trato con fines extractivos principalmente con la constante del verbo duro “aprovechar como protagonista y buscando la incorporación de los recursos naturales a la economía de manera directa como materias primas para su usufructo. De esta manera desconoce la capacidad finita de las materias primas y omite por completo los ciclos naturales de restauración y de productividad que demandan tiempo y energía, los cuales no son evaluados ni tenidos en cuenta por los indicadores económicos que tanto afanan al Gobierno.

No se plantea ninguna estrategia concreta para el sostenimiento, restauración o conservación de esta oferta ambiental. Aunque el concepto de Desarrollo Sostenible aparece textualmente o camuflado bajo ideas como “actividad agroecológica” no es garantía de nada, se presta para engaños y sobre todo, choca con los hechos. Por ejemplo, es imposible pensar en monocultivos de palma aceitera como estrategia de desarrollo sostenible, en explotaciones mineras en zonas de recarga hídrica o explotación de hidrocarburos en territorios sagrados indígenas “de manera sostenible”.

Falta una visión holística de las interacciones entre naturaleza y sociedad. Esto aplica principalmente en zonas de ocupación indígena, de negritudes y campesinado sobre las cuales se deben plantear estrategias diferentes o alternativas de desarrollo que no desconozcan los contextos históricos y socioambientales.

Así pues, el Gobierno saliente reafirma el modelo de desarrollo imperante basado en el ideal de crecimiento económico y buscando la acumulación y el consumo desmedido como representación de calidad de vida y bienestar social. Ello está en clara contradicción con los procesos naturales, con la capacidad de soporte de la naturaleza y, muchas veces, con los sueños e identidades de las poblaciones.

Gobierno continuista en materia ambiental

El Gobierno continuista fomentará varios sectores productivos entre los cuales se encuentran la minería, la agricultura y el turismo. Llama la atención que en cuanto a la minería se ofrecerán todas las garantías a aquellas multinacionales que deseen explotar los recursos, tal como lo dice el electo presidente Juan Manuel Santos en su plan de Gobierno: «Se mantendrán todos los beneficios para que la inversión siga buscando y encontrando estos recursos», la minería será la «locomotora, la punta de lanza del país» y lo más grave es la regla de oro observada «atraer más inversionistas de talla mundial» que al parecer tendrán «reglas de juego claras».

 

Sin embargo, realidades como las del Pacífico colombiano arrojan una sombra de duda sobre este tipo de previsiones. Las reservas de oro hicieron volcar la mirada de grandes empresas mineras hacia esta región provocando con su llegada una interferencia en la economía local, el ambiente, la tranquilidad y el bienestar de la gente. Entre otras acciones directas generó formas de violencia auspiciadas por estas empresas que fueron ejecutadas por parte de grupos armados legales e ilegales. De esta manera, se coaccionó a la población para hacerla desistir de la defensa de sus tierras, su oficio y, en muchos casos, para desterrarlos a otras partes de Colombia, como se relata en los diarios de campo del investigador Alfredo Molano (2009).

 

También podemos hablar de la realidad de algunos de los departamentos con mayor extracción de hidrocarburos como Casanare y Arauca donde los ingresos por regalías ascienden para este año a más de 61 mil millones de pesos para el primero y 20 mil millones de pesos para el segundo (Gobernación de Casanare, 2010). Sin embargo, estos departamentos ocupan los índices más bajos en calidad de agua potable y saneamiento básico, presentan conflictos sociopolíticos por presencia de grupos al margen de la ley, se encuentran odas al despilfarro y la corrupción con obras a medias o inutilizadas de miles de millones de pesos, gobernadores deshabilitados, alcaldes presos y su población altamente dependiente de la contratación pública, con muy baja innovación e inversión en investigación para el desarrollo sostenible de sus comunidades.

 

Estas experiencias demuestran que la llegada de esos grandes inversionistas sólo ha favorecido a sus propios bolsillos y a los de politiqueros de turno. Por otro lado ha dejado los territorios intervenidos desolados, sin inversiones ni infraestructuras, despojadas a las poblaciones de sus tierras y riquezas y, la mayoría de veces, en guerra.

 

Plan de Gobierno para el Agro y turismo

En el próximo Plan de Gobierno, para el tema del Agro se plantea «una transformación productiva que duplicará las exportaciones de ese sector para consolidar la paz en el campo y crear cientos de miles de empleos» (Juan Manuel Santos, 2010). Esto se traduce en aumento de monocultivos con mayor destinación de tierras para ellos desplazando la biodiversidad y favoreciendo a las grandes empresas que tengan la capacidad de invertir y acceder a recursos técnicos para exportar no sólo con los jugosos contratos sino con los beneficios estatales como los de Agro Ingreso Seguro. Será, una vez más, lícito comprar grandes extensiones de tierras lo que implica el desplazamiento de población campesina que en últimas no tiene más opciones que vender, volverse obreros de estos grandes imperios, desplazarse a los sectores marginales de las ciudades o, en el mejor de los casos, organizarse, endeudarse y competir contra estos grandes monopolios lo cual es una opción arriesgada que puede ser insostenible.

 

En el tema turístico se hace referencia a la promoción de los Parques Naturales Nacionales y de los ecosistemas estratégicos, del ecoturismo y el agroturismo. Esto puede ser positivo cuando se les dé la oportunidad a las comunidades residentes en estas zonas de organizarse y ofrecer estos servicios bajo la supervisión y apoyo del Estado. Sin embargo, la tendencia sigue siendo la de concesionar las áreas protegidas a empresas turísticas multinacionales como ha ocurrido con el Parque Los Nevados, Amacayacu, Tayrona, el Santuario de fauna y flora Otún Quimbaya, entre otros, ahora manejados por Aviatur. El dueño de esta empresa de franceses asentados hace años en Colombia es el padre de la actual ministra de Medio Ambiente lo cual, independientemente de cualquier juicio de valor, incurre en un conflicto de intereses.

 

Estas concesiones han mejorado la infraestructura hotelera pero han encarecido su acceso, han desplazado a las organizaciones comunitarias y han excluido a gran parte de la población que por derecho propio podrían conocer estos lugares pero no poseen la capacidad de pago bajo las actuales condiciones de Aviatur. Sin contar que es inaceptable abrir las puertas del turismo a todas las zonas de reserva del país y menos aún bajo administración privada.

 

En conclusión, la principal sacrificada de esta “Prosperidad Democrática” que nos espera es la madre naturaleza, madre de hijos desnaturalizados y hambrientos de dinero, del verde de los billetes de los bancos que lo compran todo y que negocian la dignidad e identidad de todo un pueblo.

 

Fuentes:

 

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