«Entre pared y pared»: Un acercamiento al fenómeno del desplazamiento forzado en Ituango (Antioquia)

La realidad del desplazamiento forzado en Colombia suele ser una historia sin rostro ni voz que se palpa en las grandes ciudades encarnada en quienes viven del rebusque diario. Son la noticia viva de lugares remotos escondidos en la geografía colombiana como verdaderos “Paraísos Perdidos”. Ituango es uno de esos “Paraísos Perdidos” que tanto abundan en el país enclavado en la cordillera occidental en el norte de Antioquia. Su única vía de acceso en vehículo es una ruta de difícil tránsito que actualmente está en obras a causa de la ejecución del proyecto Hidroituango-Pesquero. Si este proyecto hidroeléctrico ideado en la década de los 70 se construye será la segunda represa más importante de Suramérica y la más importante de Colombia.

El potencial hídrico, la gran productividad de sus suelos, la riqueza natural del Parque Natural Paramillo y su privilegiada posición geoestratégica son todos ellos factores que explican el atractivo que tiene la zona para grandes poderes económicos. A la vez es la disputa que se establece sobre los mismos por parte de múltiples actores lo que determina las dinámicas de desplazamiento que desde hace aproximadamente 15 años sufre esta localidad.

Más de la mitad del campesinado de Ituango ha sufrido desplazamiento forzado. De una población total de más de 25.000 personas, 16.173 son desplazadas según datos de la Corte Constitucional de marzo de 2009. Un rasgo característico de estos desplazamientos forzados es que son interveredales en su gran mayoría y en algunos casos reiterativos —hay personas que han sufrido hasta siete desplazamientos en los últimos años— siguiendo una dinámica de desplazamiento-regreso-desplazamiento que hace tendencialmente más pobre a la población.

Motivos del desplazamiento

Según afirma un representante comunitario, «la situación que viven la ha ocasionado el Estado colombiano» a través de una estrategia militar y jurídica. La segunda de estas estrategias se produce cuando el Gobierno declara el Nudo del Paramillo como Parque Nacional Natural en 1977 y despoja a las poblaciones de sus tierras y medios de vida. Hoy esas familias siguen reclamando que el Estado compre los terrenos de donde fueron desplazadas. El proyecto Hidroituango-Pesquero añade presión a las poblaciones por su impacto social y los intereses económicos que lo rodean. La estrategia militar-paramilitar aplicada a partir del año 1997 coincide con el área de protección englobada en el Parque Natural y con la cuenca del río Cauca, objetivos de la actual expansión capitalista.

El desplazamiento forzado en Ituango debe entenderse a partir de estas coordenadas geoestratégicas y de la recurrente utilización del miedo como elemento de control. En ello juega un papel importante el recuerdo de las masacres paramilitares de El Aro y La Granja en 1997 y las amenazas de la Fuerza Pública cuando dice a la gente, como relata un presidente de una Junta de Acción Comunal, que «detrás de ellos vienen los otros, los que traen el gatillo por delante». La declaración del municipio como “zona de riesgo extremo” por parte del Gobierno en respuesta a los múltiples desplazamientos forzosos refuerza la idea de que Ituango es zona de influencia guerrillera provocando el fortalecimiento del contingente militar y policial en la región. Este imaginario de Ituango como zona guerrillera incide en el bloqueo económico y alimentario que sufren muchas veredas por parte del Ejército Nacional que presupone una relación orgánica entre la población civil y la insurgencia.

«Estamos entre pared y pared»

Afirmaba una presidenta de Junta de Acción Comunal, en su intento por definir la situación de la población desplazada en Ituango, que entre la “pared económica” y la “pared militar” roza ya los límites tolerables. De las alocuciones mantenidas con los pobladores se puede inferir la difícil situación que viven como blanco de constantes agresiones, hostigamientos, señalamientos y retenciones por parte del Ejército Nacional. Esa situación es particularmente acentuada en las veredas que colindan con el departamento de Córdoba. En el casco urbano, personas de esas veredas afirman que otro tanto hace la Policía Nacional que en muchas ocasiones les retiene, ficha y toma fotografías vulnerando aún más a las y los pobladores de la región.

La insistencia del Ejército en ocupar moradas, escuelas y caminos aledaños por varios días a los asentamientos —en flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y los acuerdos a los que se llega en espacios de concertación comunitaria— pone en riesgo a la población que recibe inmediatamente un mensaje conminatorio de la guerrilla para que desaloje sus casas de manera inmediata: «Recibimos una llamada o un papel de las FARC que nos da órdenes como por ejemplo que si el Ejército se queda dos días en nuestra casa, tenemos que salir». La población en estas circunstancias se ve obligada entonces a obedecer a todos los actores armados.

Los pobladores también tienen miedo de transitar por los caminos debido a la existencia de campos minados de los cuales son responsabilizados por la Fuerza Pública: «Cuando volvemos por la tarde de trabajar nos dicen que vamos a colocar minas y cuando salimos en la mañana nos dicen que venimos de retirarlas». Y no es sólo el señalamiento el que pesa sobre sus cabezas, la existencia de minas antipersona impide a muchas niñas y niños de las zonas afectadas desplazarse a las escuelas. Además, el drama de las víctimas de estos artefactos explosivos se acrecienta por la precariedad de los servicios de salud que sólo intervienen inicialmente pero no hacen acompañamiento a las personas que en sufren las consecuencias de una guerra que no han provocado.

El hostigamiento militar coincide con un hostigamiento económico claramente visible cuando la gente de las veredas afirma que muchos de los operativos militares que inducen los desplazamientos coinciden con las épocas de cosecha cuando los cultivos están listos para su recolección. Al regresar, relatan ellos, ya no hay animales ni cosecha forjándose la opinión entre la gente que “entre más se trabaja, más se pierde”, con lo cual los incentivos para el trabajo productivo que existen en una economía no violenta se invierten o desaparecen, abriendo con ello una ventana a la economía ilegal o al rebusque.

Dos estrategias y un solo fin confluyen en Ituango y son causas y factor explicativo de la situación que en esas tierras muchas familias campesinas viven día a día tratando de hacer frente a poderes que les son lejanos. Si usted le pregunta a un campesino de Ituango qué quiere, sin duda responderá que le dejen vivir en paz y con justicia social.

3 pensamientos en “«Entre pared y pared»: Un acercamiento al fenómeno del desplazamiento forzado en Ituango (Antioquia)

  1. Buenos días quisiera saber como puedo usar la foto que tienes, obviamente escribiendo que la foto fue tomada de este sitio, espero respuesta, buen día.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s