Comunicado Público: El MOVICE expresa preocupación por el desplazamiento de más de 200 campesinos por el Proyecto Hidroituango y solicita una comisión de alto gobierno

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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su profunda preocupación por el desplazamiento el 17 de marzo de más de 200 personas provenientes de los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Peque, Liborina, Sabanalarga y el hecho de que estas personas siguen desplazadas sin apoyo estatal. Frente a la inacción de las autoridades regionales, hacemos un llamado a que se realice una comisión de alto nivel, que cuente con funcionarios competentes del Gobierno Nacional, para visitar a la comunidad desplazada y concretar medidas de apoyo.

Hechos:

Los campesinos debieron desplazarse debido a una serie de hostigamientos y de actos de persecución por parte de la Fuerza Pública, en particular de hombres del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, luego de haberse decidido a protestar, desde el día 14 de marzo, en contra del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, antes conocido como Hidroeléctrica Pescadero, megaproyecto impulsado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), entre otras:

El 10 de marzo de 2013, centenares de campesinos y habitantes de la región empezaron a congregarse en el municipio de Ituango, con el fin de participar en una manifestación en contra de la represa Hidroituango, a realizarse el 14 de marzo, en el marco del “Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida”.

El 11 de marzo, llegaron hasta allí los hombres del Esmad, quienes atacaron a la concentración con granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos.

El día 12 de marzo, debido al ataque, los manifestantes fueron obligados a salir de Ituango hacia el Valle de Toledo, en busca de protección.

El 13 de marzo, en el casco urbano del corregimiento del Valle de Toledo, donde otros miembros de la comunidad se encontraban en protesta, hubo una explosión a raíz de la cual uno de los manifestantes salió herido.

El día 14 de marzo, los lideres de la comunidad que habían estado participando en un debate sobre le represa Hidroituango en la Asamblea Departamental de Antioquia, junto con diputados de la región, se trasladaron al Valle de Toledo para encontrarse con las comunidades en protesta. En el camino, fueron retenidos en varias ocasiones, por periodos de aproximadamente una hora, por miembros del Ejército.

El 16 de marzo, el Esmad llegó al Valle de Toledo, donde capturó a 80 miembros de la comunidad que fueron llevados al Comando de Policía de Valle de Toledo. Luego, seleccionaron a 12 líderes y los llevaron en un helicóptero de EPM hasta Santa Rosa de Osos.

El 17 de marzo, en la audiencia de legalización de captura, la juez de control de garantías determinó que ésta era ilegal y puso en libertad a los líderes detenidos. Sin embargo, la Fiscalía sigue imputando cargos en su contra por los delitos de obstrucción de la vía publica y retención de vehículos públicos.

Desde entonces, la Policía ha venido amenazando a la comunidad, indicándole a los campesinos que deben salir del lugar si no quieren correr la misma suerte de sus compañeros detenidos. Por lo tanto, el 17 de marzo, la comunidad se vio obligada a salir del territorio y a desplazarse hasta Medellín.

Contexto:

Los campesinos de la zona y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos han enfrentado constantes actos de persecución por parte de la Fuerza Pública, incluyendo acusaciones falsas, judicializaciones y desalojos, en el marco del proyecto Hidroituango, entre los que se destacan los siguientes:

•En 1997, siendo Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia, se inicia el proyecto hidroeléctrico de Pescadero con la creación de la Sociedad promotora de la Hidroeléctrica Pescadero SA, compuesta con recursos públicos y capital privado.

•Entre 1997 y 1998, 80 campesinos fueron masacrados en la región del noroccidente antioqueño por paramilitares, en los municipios de Liborina, Peque, San Andrés de Cuerquia e Ituango. Estos, sumados a otros 26 asesinatos cometidos en masacres paramilitares en 1996 en Ituango, Valdivia y Santa Fe de Antioquia, completaron un récord de 106 asesinatos en apenas tres años en la región que será afectada por la represa.

•La violencia paramilitar en la zona provocó, en 1998, el desplazamiento forzado de 55 familias de Ituango.

•Entre 1998 y 2005 la acción de los bloques Central Bolívar y Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disputaban el control territorial de la región por su enorme riqueza minera y por la importancia económica de la negociación de las tierras para el proyecto de generación eléctrica, dejó a miles de personas desplazadas.

•En 2006 se inician en la región los censos de población, los estudios socio económicos, prediales, de factibilidad técnica, económica y ambiental en la región, lo que trae a Ituango a los técnicos del consorcio constructor del proyecto, a la par que se ve reforzada la militarización de la región relacionada con la intensificación del conflicto armado.

•El 15 de agosto de 2008, desconocidos accionaron un explosivo en la calle La Peatonal del casco urbano de Ituango, dejando muertas a siete personas.

•En 2009 se otorga licencia ambiental para el proyecto ahora bautizado Hiroituango, y se inicia la compra agresiva de tierras por parte del consorcio constructor. Aproximadamente 1.200 personas fueron desplazadas en en la zona durante ese año, superando los registros de todos los años anteriores.

•En 2010 el consorcio constructor de la hidroeléctrica aprueba el “Manual de valores unitarios de los predios” con el que se imponen los precios a pagar a los campesinos por sus tierras, y logra la adición de nuevas zonas al proyecto. Más de 1.500 personas fueron desplazadas, incluyendo veredas enteras, en el municipio de Ituango durante ese año, el de mayor expulsión de personas del municipio en su historia, al tiempo que se intensifican los asesinatos selectivos de líderes sociales.

•En marzo 2011 fueron capturadas 9 personas reconocidas de la comunidad, sindicadas de los delitos de “rebelión” y “financiación de grupos ilegales”. Fueron puestos en libertad tras verificar la ilegalidad de las pruebas en su contra.

•En junio de 2011, el blog http://colombialibresiempre.blogspot.com/ publicó listados con datos personales de más de 2.000 pobladores de la región, que fueron señalados de tener algún nexo con el grupo armado FARC-EP. Entre estas personas se cuentan líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Ituango. En ese blog se argüía que las fuentes de la información eran documentos de manejo exclusivo de entes estatales.

•El 26 de diciembre de 2011, también a raíz del proyecto Hidroituango, fueron desalojados los mineros y mineras artesanales de las playas conocidas como Icura y El Limón, en jurisdicción del municipio de Briceño (Antioquia), por el Esmad y con la presencia de hombres de la empresa de seguridad privada VISE Ltda., la inspectora de policía de Briceño, el comisario de familia de Briceño y un funcionario de la empresa EPM.

Exigimos:

-Que se confirme la realización de una comisión de alto nivel que cuente con funcionarios competentes del Gobierno Nacional, para visitar a la comunidad desplazada y concretar medidas de apoyo.

-Que las organizaciones nacionales e internacionales, brindan apoyo y acompañamiento a la comisión, para asegurar  la presencia de veeduría independiente y la resolución de esta grave situación.

Favor dirigirse a:

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 596 0651
Teléfono: +571 334 4507
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Fernando Carrillo
Ministro del Interior
Carrera 9 No. 14-10, Bogotá, D.C.
E-mail: reclamos@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: (+57 1) 242 74

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá, D.C.
tl: 311 0300 – Anexo 1202
E-mail: defensor@defensoria.gob.pe, defensoria@defensoria.org.co, agenda@agenda.gov.co

Ricardo Sabogal Urrego
Director, Unidad de Restitucion de Tierras
Cra. 10 Nº 27-27 Edificio Bachué Oficina 702
Tl: (1) 5998227 – 5661164 – 5661596 – 5996816
comunicaciones.tierras@gmail.com

Alma Viviana Pérez
Directora, programa Presidencial para la proteccion y vigilancia de los derechos humanos y el DIH
Calle 7 No. 6 – 54. Bogota
Tl: 57 1 595 1850
ppdh@presidencia.gov.co

Movimiento de Víctimas de Criménes de Estado, MOVICE

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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