Padre Gabriel Giraldo propone derribar murallas para que sectores sociales participen en diálogos de Paz

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Servindi, 27 de mayo, 2013.- El Padre Javier Giraldo Moreno envió a los negociadores de paz del gobierno de Colombia y el grupo insurgente FARC-EP la carta titulada “Al oído de los que dialogan sobre la Paz” en la que propone medidas para promover una mayor participación de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en el proceso de diálogos por la Paz.
Observa que el problema de la participación no debe ser entendido únicamente como la apertura de posibilidades para que algunos ex combatientes se inserten en la manera tradicional de hacer política, si bien admite que este es uno de los temas fundamentales en el proceso de diálogo.
Precisa que es necesario desarrollar los sub temas de la Agenda que dan pie para entender el tema de manera mucho más amplia y analizar los verdaderos obstáculos del pueblo raso de Colombia para participar libre y conscientemente en decisiones que le conciernen.
En tal sentido, sugiere la necesidad desarrollar de forma amplia las posibilidades de participación, como los “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general para los movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo”.
Por ejemplo, considera la necesidad de analizar las opciones para garantizar el acceso a los medios de comunicación, así como desarrollar mecanismos “democráticos de participación ciudadana, incluyendo los de participación directa en los diversos niveles y diversos temas”.

Carta del Padre Javier Giraldo Moreno, S. J.

Uno de los puntos más importantes de la Agenda acordada entre el Gobierno y las FARC para sus diálogos sobre la Paz en La Habana, es el problema de la PARTICIPACIÓN. Se está entendiendo como la apertura de posibilidades para que algunos ex combatientes se inserten en la manera tradicional de hacer política en Colombia. Sin embargo, los mismos sub temas de la Agenda dan pie para entender el tema de manera mucho más amplia y analizar los verdaderos obstáculos del pueblo raso de Colombia para participar libre y conscientemente en decisiones que le conciernen. Aquí se analizan CUATRO MURALLAS que cierran las posibilidades de participación y se sugiere a los dialogantes buscar la manera de derribarlas.
Dr. Humberto de la Calle Lombana
Delegados del Gobierno Nacional a los Diálogos de Paz.
Sr. Iván Márquez y delegados de las FARC a los mismos Diálogos.
De toda consideración.
Estando cerca el estudio del segundo punto de la agenda para los diálogos que ustedes adelantan en La Habana, punto referido a la participación política como tema general y que contempla, como sub-temas:
“los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluyendo los de participación directa en los diversos niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”,
he querido poner a la consideración de ustedes algunos análisis y reflexiones que desde hace mucho tiempo me inquietan y que tienen que ver justamente con este aspecto de nuestra problemática nacional.
En primer lugar, quisiera invitarlos a tener una mirada amplia en la misma comprensión de la Paz. La violencia y el conflicto que afectan a la sociedad colombiana no se reducen a la lucha armada, aunque ésta sea una expresión, la más dramática, de ese conflicto. La violencia y el conflicto tienen raíces muy hondas en Colombia, tanto económicas como políticas, históricas y sociales, y la paz jamás se lograría sin afectar esas raíces. Por ello, los puntos de la agenda acordada para estos diálogos, como son los problemas de la tierra, la participación política, las garantías de derechos, la situación de las víctimas y el problema de la droga, nos afectan a todos y debiera escucharse y promoverse la participación de todos los sectores sociales del país en la búsqueda de soluciones.
Más específicamente, en el aspecto de la participación política, los diálogos no deberían centrarse en encontrar fórmulas para garantizar la inclusión de los excombatientes o de nuevos grupos o movimientos políticos en los procesos electorales, con el fin de lubricar nuevamente los mecanismos tradicionales de la actividad política. Esto sólo podría desembocar, en las actuales circunstancias, o bien en nuevos genocidios de los movimientos que pretendan convocar a grandes cambios, o bien en nuevas formas de cooptación y corrupción, mediante la asimilación de las costumbres políticas por parte de un puñado de nuevos integrantes del establecimiento político, que por su exigua minoría no tendrán incidencia alguna.
Antes de pensar y encontrar caminos para que nuevos sectores se integren a las estructuras llamadas “democráticas”, les suplico que analicen con sinceridad si esas estructuras vigentes son realmente democráticas.
¿Es realmente democrático el acceso de la población en general a los medios de información y comunicación? ¿Existe en la realidad un derecho a la información y a la verdad? ¿De qué tipo de “verdades” se alimenta la inmensa mayoría de la población colombiana? ¿Qué tipo de elementos de lectura de su propia realidad le son suministrados al pueblo raso? ¿Puede el pueblo sufriente comunicarse, en realidad, con el resto de pueblo sufriente? ¿Quién puede, en realidad, participar en unas elecciones en Colombia? ¿Acaso, quien decide participar en cargos de elección popular, no necesita tener muchos miles de millones de pesos? ¿Quién suministra ese dinero? ¿Cuál es el papel de los partidos? ¿No se revelaaquí, acaso, un filtro económico ineludible, mediante el cual los poderes económicos más concentrados, cooptan, condicionan, seleccionan y someten a quienes van a ejercer el poder público?
¿Cómo funciona el aparato electoral? ¿No es acaso una verdad sabida y de público dominio, que este aparato está plenamente controlado por el narcotráfico fusionado con el paramilitarismo? ¿Acaso la arraigada “parapolítica”, en la medida en que fue fugazmente escrutada por altas Cortes, no reveló el más desvergonzado dominio y control del narco-paramilitarismo sobre el aparato electoral? ¿Acaso los mismos magistrados que incursionaron en esas pocilgas morales no se sintieron impotentes y temerosos de continuar explorando y se dieron por vencidos? ¿Acaso el país no recibe frecuentemente noticias que se filtran, sobre parlamentarios y políticos supuestamente privados de su libertad pero que mantienen sus poderes electorales intactos a través de renovadas estructuras? ¿No tiene acaso, el funcionamiento del aparato electoral, todas las características de una estructura “mafiosa”?
¿No es acaso evidente la persistencia del paramilitarismo a lo largo y ancho del país? ¿Será posible ocultar por más tiempo el origen y las características del paramilitarismo, tal como fue diseñado por la misión militar estadounidense en febrero de 1962, comandada por el General William Pelham Yarborough, con su carácter de estrategia de Estado para el involucramiento de civiles, como brazos clandestinos de las fuerzas oficiales, destinados a combatir maneras de pensar no afectas a la ideología imperial, en un momento en que no existía oposición armada en Colombia? ¿Será posible ignorar todos los manuales impulsores del paramilitarismo que han tenido un carácter oficial clandestino durante estas cinco décadas y las estrategias semi-públicas de promoción del paramilitarismo, como las “Convivir”, las “Redes de Informantes y Cooperantes” etc.? ¿Será posible ignorar por más tiempo las numerosas y multifacéticas cooperaciones entre fuerza pública y estructuras paramilitares, así se llamen éstas “Bacrim” o tomen otros variados nombres? ¿No constituye, acaso, una ignorancia afectada el no percibir el carácter que tiene el paramilitarismo en sus más variadas versiones, de brazo aniquilador o desarticulador de la oposición política y de los sectores críticos al poder dominante?
Todo esto no puede sino converger en una imagen que nos descubre cuatro murallas hoy infranqueables, que no sólo bloquean una participación política de unos ex combatientes, sino que ocluyen efectivamente la participación política más elemental del conjunto de la población colombiana, exceptuando estrechas franjas de ciudadanos que usufructúan las estructuras discriminatorias o se las arreglan para abrirle pequeño boquetes a esas murallas, como el que le abren algunos usuarios del internet (franja de cierto nivel económico y cultural que habita sobre todo en las ciudades) o la que le abren movimientos alternativos que consiguen con exagerados esfuerzos pequeños recursos económicos para promocionar un candidato que no tendrá poder alguno de incidencia al enfrentarse a los océanos de corrupción y clientelismo que todo lo condicionan, dominan y controlan.
Nada significa, entonces, dialogar sobre condiciones para participar políticamente en una estructura que no es participativa sino excluyente, discriminatoria, monopolizada por la corrupción y sumergida en dinámicas tales de cooptación por el soborno o la amenaza, que no revela rutas posibles o eficaces de corrección. Por ello propongo que, antes de sumergirse en un diálogo sobre posibilidades de participación política de ex combatientes, sus delegaciones aborden el problema de las cuatro murallas.
¿No constituye, acaso, una ficción imperdonable, ofrecer a quienes han ejercido una oposición armada al sistema, una participación en un sistema no-participativo, como salida a su condición de rebeldes? ¿No es acaso el pueblo raso de Colombia, en su casi totalidad, el que necesita encontrar vías de participación, al menos abriéndole grandísimos boquetes a las cuatro murallas?
Pero en mi sentir, las cuatro murallas tienen un orden calculado:
  • Primero, la muralla cultural-mediática se encarga de acondicionar los niveles más íntimos de las personas [su conciencia] para convertirlas en usuarios adaptados y sumisos al sistema político imperante. Dicha muralla proyecta toda su sombra sobre la conciencia de las gentes y la va modelando, desde niveles inconscientes, como verdaderos robots, haciendo asimilar los anti-valores, la lectura sesgada y manipulada de la realidad, las aficiones y modas inducidas, los odios y fanatismos, las preferencias políticas y hasta las opciones profesionales y éticas, ajustadas mediante técnicas subliminales a los intereses de élites dominantes.
  • La muralla económica es el segundo filtro para bloquear una participación consciente y libre de esa población ya robotizada. La reverberación mediática ha acondicionado ya su conciencia para aceptar que todo, en la sociedad, debe ser susceptible de compra y venta por mandato de la misma naturaleza, y que por lo que más se desea o se necesita hay que pagar precios más altos. Sobre esa base del ajuste psíquico mediático a la mercantilización universalizada, se acepta, como algo natural, competir económicamente por el poder, silenciando en las trastiendas de lo inconsciente la descomunal desigualdad de los competidores. Así, el dogma “democrático” de la competencia, lleva a aceptar el veredicto fáctico ineludible de que los pobres jamás podrán tener poder ni incidencia política, aunque constituyan la inmensa mayoría de la nación
  • Pero enseguida la muralla política, léase el aparato o maquinaria electoral, como un tercer filtro, entroniza los poderes mafiosos en el control real del clientelismo, sirviéndose a su vez del enorme poder encubridor y des-informador de la Muralla Mediática y del poder intimidante de las armas ligadas al dinero (narco-paramilitarismo) con capacidad de controlar incluso el anémico y corrupto aparato de justicia. Aferrados a esta muralla, los partidos llegaron a convertirse en unidades administrativas para la compra de votos y para pagarlos con puestos, abandonando toda identidad ideológica.
  • Finalmente la muralla paramilitar cierra el círculo de oclusión a la participación política. Si hay grupos que logran traspasar las tres murallas anteriores y conserven aún impulsos reformadores o de alguna incidencia –como ocurrió en el caso de la U.P.- el imperio del terror, vía genocidio u otras formas de exterminio, da cuenta rápidamente de su persistencia. La impresentabilidad de esta muralla ha llevado reiterativamente a disfrazarla y ocultarla tras ropajes andrajosos de delincuencia común que nunca han podido ocultar su vergüenza deslegitimante del Estado
Revertir esta situación no es nada fácil. Me preocupan profundamente las noticias que llegan en relación con presiones para que la paz se firme rápidamente y se someta a calendarios que obedecen más bien a la ritualidad rutinaria de consolidación de prácticas corruptas de participación ficticia, como son los procesos electorales. Soy consciente de que una paz auténtica debería contemplar transformaciones radicales de muchas de nuestras instituciones, ligadas de una u otra forma a la injusticia estructural y a la generación de múltiples violencias como, por ejemplo:
  • Las formas de elección de los congresistas; la carencia de formas de control por sus electores; los criterios de su remuneración; el papel de los partidos; sus prácticas corruptas de creación de leyes y reformas constitucionales; las estructuras arraigadas de clientelismo; su no independencia de otros poderes; sus prácticas corruptas tan arraigadas y consolidadas que han llevado a porcentajes tan altos de miembros del Congreso Nacional a prisión.
  • La corrupción tan honda del poder judicial; la carencia de mecanismos de control de calidad de sus fallos; la venalidad de la justicia; su ineficiencia e impunidad 5proverbiales; la manipulación sistemática de las normas procesales para absolver a los culpables y condenar a los inocentes; la consolidación de una justicia del sólo testimonio a la par con la mercantilización y envilecimiento máximo del testimonio.
  • La adulteración histórica de la función de la fuerza pública y su conversión en ideología armada al servicio de intereses elitistas y foráneos; el arraigo en su tradición de doctrinas antidemocráticas y criminales; la generación en su seno del paramilitarismo, ejecutor de los crímenes más horrendos y masivos; sus prácticas genocidas e inhumanas protegidas por fueros antijurídicos
  • El imperio legalizado de la economía de mercado centrada en el lucro desmesurado, sometiendo a la máxima rentabilidad las necesidades básicas de los ciudadanos y generando así desigualdades, pobreza y miseria escandalosas, absolutamente repudiables. El privilegio de que gozan los más grandes capitales transnacionales, su incontrolada destrucción del medio ambiente y su saqueo perverso de los recursos naturales no renovables. Es imposible ciertamente que problemas tan descomunales se analicen y corrijan en círculos y tiempos tan estrechos, como los actuales diálogos de La Habana, donde la gran ausente es la nación colombiana en su diversidad de etnias, razas, credos, ideologías, profesiones y capas económico sociales, y donde sólo un exiguo dígito porcentual tiene acceso a informaciones verídicas y a mecanismos de comunicación no manipulados con sus semejantes.
Las actuales conversaciones de paz tienen ciertamente limitaciones ineludibles para poder abordar y afectar los factores profundos generadores y constitutivos del conflicto social-armado que nos afecta. Sin embargo, estoy convencido de que un proceso como estos al menos puedeabrir puertas para una solución a más largo plazo de esos factores. En mi sentir, los temas de la Agenda acordada tocan puntos neurálgicos, y entre ellos, el fundamental de la participación. Si se llegara a un acuerdo que le abra boquetes definitivos a las cuatro murallas que ocluyen la participación, estos diálogos contribuirían a poner en marcha un proceso que podría llevar a construir un país que vaya entrando en una ruta hacia la paz
Mi propuesta apunta a que se elabore, como prioridad de prioridades, un nuevo marco legal para la información y la comunicación y que se ponga en ejecución junto con otras tres medidas claves que afecten las otras tres murallas obstructoras de la participación, fijando un período básico para que esas bases democráticas sean evaluadas y se pueda iniciar una segunda etapa de proceso de paz, esa sí con un margen de participación muy amplio de la nación colombiana.
Derribar la muralla cultural-mediática debería constituir la prioridad de prioridades para abrir caminos a la participación. En efecto, la condición elemental y básica de toda participación es el acceso a la verdad, a la información no manipulada, a la comunicación libre y no amordazada. Cuando uno examina el actual sistema de “información” masiva que tenemos, hay que concluir que aquí no existe ni de lejos el derecho a la verdad ni el derecho a la información; esta no se rige por criterio alguno de servicio público sino por las leyes inexorables de las mercancías. Todos los medios masivos de “información” son propiedad privada de grandes conglomerados económicos, varios de ellos como capitales y empresas transnacionales. El principio que los rige, a todas luces, es el principio del lucro y de la máxima rentabilidad. Esto quiere decir que la “verdad” es una mercancía , lo que introduce la contradicción más radical en su misma noción. Una “verdad-mercancía” jamás podrá considerarse verdad y sin embargo esa es la única “verdad” que tenemos de consumo masivo.
En nuestras universidades y facultades de comunicación imperan los criterios del “mercadeo informativo” o las “técnicas de publicidad”, disciplinas que han convertido en ciencia refinada el engaño y la mentira, la manipulación de las conciencias y lo que las más oprobiosas tiranías llamaron “lavado de cerebros”. Dichas técnicas mercantiles han descubierto mecanismos efectivos y masivos para neutralizar toda resistencia ética al engaño, al combinarse profundamente con estudios de psicología, aprovechando de manera perversa todas las debilidades del psiquismo humano. La imposición mediática de la ideología competitiva ha encontrado en el fútbol y en otros deportes un canal de consolidación permanente, lo que explica el altísimo porcentaje de tiempo que este deporte ocupa en la programación cotidiana de los medios masivos. La información mediática es selectiva, calculada e interesada, incluyendo entre sus mecanismos técnicas de ocultamiento de sus intereses, como las encuestas o programas de opinión, cuya malicia sólo es percibida por pequeñas franjas poblacionales de conciencia crítica. Dicha ideología mediática estigmatiza y promociona, la mayoría de las veces mediante mensajes que operan en niveles inconscientes o con mensajes subliminales, de acuerdo a intereses económicos, políticos e ideológicos de los poderes que representan, que son sin lugar a dudas los más poderosos de la nación. Crean “ángeles” y “demonios” a la medida de sus intereses y a través de sus voceros dicen representar al país entero.
Los medios masivos utilizan abierta u sutilmente la calumnia para neutralizar posiciones incómodas a los poderes que de facto representan. Han entronizado en profundidad una ética donde la frontera entre lo bueno y lo malo está definida por la sumisión o el rechazo a los ejes estructurales del sistema imperante y a sus figuras representativas. A esta “ética” implícita corresponde el mecanismo de identificar forzosamente toda opinión crítica o alternativa, sobre todo cuando intenta expresiones orgánicas, con la oposición armada, echando mano de la única manera de colocar en los márgenes de lo legal a quienes consideran obstáculo a sus intereses.
No puede alegarse que la calumnia es legalmente reprimida; lo es sólo en teoría. El suscrito arrastra desde hace muchos años la destrucción de su reputación por medios masivos como El Tiempo, RCN, Caracol, El Siglo, varias cadenas radiales y otros medios masivos, sin que las acciones de Tutela hayan logrado rectificación alguna. Al mismo tiempo he visto destruir el buen nombre de todo un pueblo, como es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por estrategias mediáticas de enorme perversidad agenciadas por El Colombiano, El Mundo y varias cadenas radiales, sin que sus directores aceptaran –y menos corrigieran o rectificaran- la perversidad de sus ardides, no obstante ponerles de frente las consecuencias fatales y criminales de los mismos.
Toda esa anti-ética se cobija con el principio falsificado de la “libertad de prensa” o “libertad de expresión”. Pero, ¿puede acaso llamarse libertad de prensa a la libertad de publicar lo que se quiera – incluyendo mentiras y calumnias de grandes proporciones, de alcance sistemático y de efectos letales- por parte de quienes tienen descomunales cantidades de dinero, cuando incluso el que es calumniado y no tiene dinero necesita empeñar varios salarios de hambre para que le publiquen una defensa de su opinión? La inconsistencia y el absurdo saltan a la vista.
Es, pues, necesario y urgente, cambiar el marco legal de la información y la comunicación. Es necesario comenzar a construir desde mucho más atrás de un punto cero, el derecho a la verdad y el derecho a la información. En efecto, habrá que enfrentar las reacciones de poder de quienes han usufructuado casi por siglos el derecho al engaño, a la mentira, a la manipulación mediática y al lavado de cerebros.
Un primer elemento de dicho nuevo marco legal es sustraer la información masiva al control y arbitrio de las empresas mediáticas y sus órganos decisorios. Para definir el concepto de información masiva sugiero reunir a grupos de expertos que puedan señalar los niveles de tiraje y de rating, según el caso, que empiezan a constituir una información masiva. Si bien hay diarios impresos que bordean o sobrepasan el millón de ejemplares con una distribución nacional, hay otros de mayor distribución regional que fluctúan entre los cien y doscientos mil pero que tienen un poderoso influjo regional. En los medios radiales y visuales hay que atender los horarios y sus ratings de audiencias. Lo clasificado como información masiva debe dedicar, al menos un 70% de su contenido, a darle expresión a los sectores sociales del país, mediante mecanismos de elección y control democráticos permanentes. Un amplio consejo de elección popular debe garantizar el derecho a la información proveniente de los sectores más desprotegidos, así como a sus opiniones, y elaborar reglamentos que permitan la expresión igualitaria de todos los sectores y organizaciones sociales. Una transformación legal de esas proporciones no va a garantizar el derecho a la verdad y a la información de un día para otro, pero dicha transformación va abriéndole paso progresivamente, y seguramente en medio de numerosos conflictos de ajuste, a las verdades por siglos amordazadas y reprimidas y, lentamente, el derecho a la información verídica se irá abriendo paso.
Es necesario aclimatar durante períodos prudenciales, esta base fundamental de la participación. En efecto, participar en procesos políticos, en medio de océanos de engaños, de verdades amordazadas y manipuladas, no tiene ningún sentido y sólo constituye un engaño más.
Para completar las bases de una participación auténtica y no ficticia, es necesario idear otras medidas urgentes que neutralicen las otras tres murallas:
  • Unas elecciones que requieran de enormes cantidades de dinero para participar, ya por el costo abierto de vallas, cuñas publicitarias y demás técnicas propagandísticas, ya por la inveterada y masiva compra de votos y de jurados, es más que evidente que excluyen a los sectores pobres del poder de decisión o participación, por no hablar de la podredumbre moral de sus mecanismos. Una drástica ley electoral debe sustraer las elecciones a la exclusiva participación de quienes tienen mucho dinero y tomar medidas para ilegalizar lo que demande dinero y consagre desigualdades evidentes en las candidaturas.
  • Si bien la medida anterior puede limitar un poco el control mafioso del aparato electoral, no es suficiente. El narcoparamilitarismo ha demostrado enorme sagacidad y poderío para infiltrar y neutralizar todo los controles que van apareciendo y en ello han sido de gran ayuda sus redes de relaciones con la mayoría de las instituciones del Estado. Es necesario recurrir a todos los mecanismos y técnicas utilizadas en países democráticos, que permitan preservar el voto de la manipulación y antes hay que depurar a fondo las instituciones que intervienen en el proceso electoral.
  • Respecto al paramilitarismo, última muralla que elimina mediante la barbarie a los partidos y movimientos que muestran niveles críticos, es evidente que el factor nuclear de su gran poder es la multifacética colaboración, por acción o por omisión, que le brinda la fuerza pública. Por ello, está en manos del Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la fuerza pública y garante de los derechos, con atribuciones constitucionales suficientes para remover a funcionarios que estorban el cumplimiento de la Constitución, el destituir sin contemplaciones a los comandantes de unidades en cuyas jurisdicciones operen estructuras paramilitares. Esa medida reemplazaría la evidente condescendencia y apoyo del que hasta ahora ha gozado el paramilitarismo y con toda seguridad se revertiría. Es de absoluta evidencia que el factor que mantiene vivo y actuante el paramilitarismo es el apoyo oficial por acción u omisión; quebrado éste, desaparecerá, y ello gravita sobre la voluntad política del Jefe del Estado.
Al dejar en sus manos estas inquietudes, quiero insistir en que no se pase por alto la realidad oclusiva de estas cuatro murallas, no sea que eventuales acuerdos sobre participación política se conviertan en una ficción más que deje intactas las estructuras excluyentes que nos han dominado.
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
19 de mayo, 2013

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Autor: reexistencia

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