Se regaló la mina de Cerro Matoso al gran capital

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UN ANÁLISIS CUIDADOSO DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA MINERA REVELA QUE SE CEDIÓ EN TODO: HOY LA MINA PASA AL CONTROL TOTAL E INDEFINIDO DE UNA MULTINACIONAL VENTAJOSA Y OPORTUNISTA, EN CONDICIONES LAMENTABLES PARA EL ESTADO.

 
SE ENTREGÓ LA MINA
En medio del bombardeo publicitario de las últimas semanas, la autoridad minera se esforzó por destacar como un gran logro el compromiso de inversión social consignado en el acuerdo de prórroga del contrato de Cerro Matoso.
Pero una lectura tranquila del documento revela que el gobierno nacional entregó su única mina de níquel en condiciones lamentables, prácticamente a perpetuidad, asumiendo los riesgos empresariales que en derecho debía asumir la multinacional.
Pese al concepto del Consejo de Estado — que avaló la inclusión de dos contratos de concesión en uno de aporte — en la memoria de muchos persistirán las dudas jurídicas respecto de un abuso del derecho que, bajo la mirada complaciente de una autoridad improvisada, permitió a esta poderosa multinacional mantener el control de un recurso natural no renovable, estratégico, escaso en el país y en el mundo… y fundamental para la industria moderna.
PRÓRROGA INFINITA
BHP Billiton y las autoridades tuvieron que hacer verdaderas maromas jurídicas para lograr en medio del mayor sigilo incorporar los contratos de concesión 866 y 1727 al contrato de aporte 051 de 1996.
Próximo al vencimiento del contrato 866 y 1727 en el semestre pasado, el país presenció un debate en el que se expresaron la crítica de un sector del Congreso, el rechazo de la comunidad, autoridades locales y diversas organizaciones sociales, las advertencias de la Contraloría General, pero también la defensa a ultranza de la autoridad minera por los “derechos adquiridos” por Cerro Matoso S.A. (CMSA).
Y como quienes a media noche se reúnen a escondidas para repartirse un botín, la autoridad minera anunció el 28 de diciembre el otrosí Nº4 al contrato 051/96, que permite a la minera explotar los yacimientos — no ya hasta el 2044, como eran sus intenciones — sino hasta el infinito, gracias a “que podrán convenirse nuevas prórrogas, la primera por un término de 20 años, en los términos y condiciones que se acuerden en el momento”.
Los argumentos de la parte interesada para lograr las mejores condiciones en el nuevo contrato consistieron en destacar la pérdida de competitividad del yacimiento debido a la declinación natural del tenor del mineral, el agotamiento natural del mineral de mayor tenor y el riesgo de que el contrato 051/96 terminara antes de tiempo por falta de inversiones, si no se acordaban prórrogas adicionales.
En el debate del año pasado en la Comisión Quinta del Senado, el entonces ministro de minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el Ministerio disponía de estudios confiables que confirmaban la caída del tenor del níquel. Cuando le fue solicitada una copia del documento, Cárdenas entregó un “estudio” de dos páginas donde se repetían los argumentos de la multinacional.  Si estos “estudios” fueron la base de la renegociación…   ¡vergüenza para Colombia!
SALPICÓN EXPRESS.
Las partes tomaron los aspectos que más convenían de diversas normas mineras para elaborar un documento que sólo tiene un beneficiario: CMSA.  El otrosí incluye normas del decreto 2655 de 1988 (sin vigencia), y de las leyes 141 de 1994, 685 de 2001 y 1382 de 2010.  Pero cuando lo necesitaron, optaron por acudir de una vez a la facultad que tienen las partes en los contratos de aporte minero para negociar libremente y sin restricciones.
Excepto un estudio oficial que se hubiese realizado en los últimos meses, la autoridad minera aceptó todos los argumentos de CMSA, se amedrentó frente a la posibilidad de que la compañía abandonara la mina, y aceptó que el Estado asumiera los riesgos empresariales de Cerro Matoso, manteniendo el carácter privado de las ganancias.
El dúo Renjifo–García también sucumbió a la retórica del coro gremial minero: la minería genera empleo, impuestos, regalías, trae crecimiento, bienestar y prosperidad. Nada de esto han visto ni por asomo los habitantes de Monte Líbano y sus alrededores en 30 años de operación.
TRAMPA EN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Según la parte interesada, la viabilidad de la mina depende de introducir una nueva y costosa tecnología para el tratamiento de minerales de bajo tenor, mediante un proceso de lixiviación.
En el resumen ejecutivo de un  documento enviado por CMSA el 30 de agosto de 2012 al Ministerio de Minas y Energía (MME), esta compañía informa que BHP Billiton y CMSA tienen “el conocimiento único y de punta en la industria del níquel para el procesamiento de lixiviación en pila”.
De manera que cuando el otrosí autoriza a CMSA para subcontratar el procesamiento de mineral mediante lixiviación con vinculados económicos, están hablando de incorporar a otra empresa del mismo grupo BHP Billiton, para operar la nueva planta, que además se pretende construir en una zona franca cercana al puerto de exportación.
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha llamado la atención durante varias décadas sobre actividades entre vinculados económicos, por ser esta una práctica deshonesta de las multinacionales: estas compañías maximizan sus ganancias reduciendo los impuestos y regalías a pagar, mediante el manejo amañado de los costos operativos entre vinculados, que las autoridades locales no pueden vigilar.
Los estudios de precios que la compañía deberá presentar para  que opera a precios de mercado es un saludo a la bandera, pues precisamente son muy pocas en el mundo las compañías especializadas en el procesamiento en lixiviación del níquel.
LES DIERON CARAMELOS.
El ministro de Minas, Federico Renjifo, y la presidenta de la Agencia Nacional de Minerales, Maria Constanza García, alardean acerca del monto de las compensaciones y del alza en las regalías pactadas con CMSA.
Si bien la compañía se compromete a pagar de inmediato una prima de contratación por 20 millones de dólares, otros 20 millones de dólares dependerán de decisiones propias de la compañía para elevar la capacidad de procesamiento de minerales.
También tendrá efecto inmediato un alza de un punto en las regalías — de 12 a 13 por ciento — pero el aumento de otro punto adicional queda sujeto a la expansión de la capacidad de procesamiento de la planta.
En suma, varios de los “logros”, económicos pactados dependen de decisiones internas de la compañía y son por ahora meras expectativas.
 Pero ese punto adicional de las regalías, que compensa el canon de arrendamiento de los bienes e inmuebles de Cerro Matoso que debían revertir al Estado el pasado 1º de octubre, no ingresará al Sistema General de Regalías (SGR), sino que al convertirse en unacompensación, se distribuirá entre un 55 por ciento para la Corporación del Valle del Sinú y el San Jorge (CVS), y lo restante para el departamento y los municipios productores y portuarios.
El otrosí transfirió alegremente unos ingresos que le pertenecían a todos los colombianos a través del SGR, a una Corporación que ha sido una entidad prácticamente al servicio de la multinacional.
A propósito de las regalías, nada se acordó con relación al hierro, un mineral que se exporta en aleación con el níquel (ferroníquel) y que desaparece del mapa una vez sale de puerto colombiano. ¿Sabe la autoridad minera cuál es el destino del hierro? No basta con que digan que lo separan del níquel y lo desechan. ¿No deberían también pagar regalías por el hierro?
Tampoco se dijo nada del hallazgo de la Contraloría General de la República con respecto a unas regalías mal liquidadas por CMSA en el periodo 1998- 2003 y cuyo monto asciende a unos 62.000 millones de pesos. ¿El no pago de las obligaciones contractuales no es causal de terminación del contrato?
UN MAL CHISTE
Las partes acordaron una inversión social regional de 10 millones de dólares hasta diciembre de 2016 y CMSA invertirá en programas sociales el 1 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, o 2,5 millones de dólares (unos 4.400 millones de pesos) si las utilidades fueran inferiores a esta cifra.
La inversión de 10 millones dólares es lo mínimo que podría hacer esta compañía para compensar las externalidades negativas causadas por la operación: no es un favor, es su obligación.
Con respecto a la inversión de unos 4.400 millones de pesosanuales en responsabilidad social — el aspecto más destacado y publicitado por el ministro Renjifo y la señora García — no pasa de ser un mal chiste.
El Resumen Ejecutivo enviado el 30 de agosto de 2012 por CMSA al MME dice: “En 30 años, CMSA ha hecho una gran inversión social… cifra que en los últimos cinco años ascendió a más de 44.000 millones de pesos”, es decir, 8.800 millones anuales.  Más del doble de lo que ahora anuncian con bombos y platillos para financiar programas sociales en la zona de influencia.
Agregan que estos recursos van a ser ejecutados por la misma empresa o por sus fundaciones. La empresa no tiene capacidad para desarrollar estos programas, nunca lo ha hecho, por lo que serán ejecutados a través de sus fundaciones.
Estas donaciones serán descontadas después de la renta gravable de CMSA,  haciendo uso de un beneficio que ofrece el “equitativo” estatuto tributario del ministro Mauricio Cárdenas.
MOUNT LEBANON.
Resulta confusa y vaga la cláusula que obliga a esta compañía a cumplir con sus obligaciones ambientales:
En primer lugar, no es competencia del Ministerio de Minas determinar los requisitos y condiciones ambientales de CMSA, pues para ello existe el Ministerio de Ambiente y la ANLA;
En segundo lugar, la vaguedad de la redacción busca que la empresa siga utilizando una licencia ambiental de 1981 para continuar operando, desconociendo lo señalado y exigido por la ley 99 de 1993 y sus desarrollos hasta la fecha.
Dice el fallo del Consejo  de Estado que es “un deber constitucional del gobierno velar por que el contrato, en sus nuevos términos, guarde armonía con los modernos estándares de la legislación minera y ambiental, y proteja eficazmente el patrimonio de la Nación”.
El dúo dinámico se saltó el concepto del Consejo de Estado en lo ambiental y lo minero. Por ejemplo, Ingeominas aprobó en 2005 una reforma integral a los contratos 866 y 1727, para que se rigieran por la ley 685 de 2001. Pero al suscribir el otrosí #4, se olvidaron de ello y los trataron como los viejos contratos de los años sesenta.
El otrosí aprobó un canon de 5 dólares por hectárea / año, es decir, unos 8.000 pesos al cambio actual, monto ostensiblemente inferior al establecido por la ley 1382 de 2010 (que reformó temporalmente la ley 685 de 2001), y que para el caso de CMSA habría sido de 29.475 pesos por hectárea / año. ¿No se produjo un detrimento patrimonial? Ojalá la Contraloría tome cartas en el asunto.
No se establecieron obligaciones para la devolución de área, se prorrogó hasta el 2020 el periodo de exploración — este debe ser el único contrato en el mundo que dispone de 21 años para explorar: de 1999 al 2020—, penaliza a los funcionarios públicos que entreguen información sobre Cerro Matoso acudiendo a normas derogadas y amarra el incremento de varias de las obligaciones económicas al Consumer Price Index All Urban Consumer de ¡Estados Unidos!
¿Habrá confundido la autoridad minera a Mount Lebanon en el Estado de Nueva York con el municipio de Montelibano en Córdoba, Colombia? En algunos años, ese índice de precios es negativo, es decir, que cuando eso ocurra el gobierno no sólo no recibirá nada en compensación por los bienes que han debido revertir, sino que de pronto vamos a tener que pagarle a CMSA por su uso. Lindo negocio.
DIRECTOR DE COLOMBIA PUNTO MEDIO.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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