El martes 14 de febrero de 2012 en horas de la mañana fueron desalojados cerca de 300 pescadores y habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo quienes protestaban en defensa de su territorio y por las consecuencias negativas de este megaproyecto. Uno de los pobladores perdió un ojo a causa de la acción policial.
Desde el mes de enero sectores de transportadores y comerciantes, además de las comunidades organizadas en la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), desarrollaron un paro cívico en el occidente del departamento del Huila mediante el cual exigieron la convocatoria inmediata de una audiencia pública ambiental, la suspensión de la licencia ambiental a las multinacionales Emgesa por su proyecto hidroeléctrico El Quimbo y Emerald Energy por la explotación petrolera en la región. Asimismo, reclamaron la construcción inmediata del puente Paso el Colegio y la reparación de las vías Yaguará-Íquira-Pacarní y La Plata–Garzón.Desde entonces manifestantes y delegados del Ministerio del Medio Ambiente, alcaldes y la Gobernadora del Huila, Cielo Gonzáles Villa, han mantenido conversaciones en diversas mesas de diálogo. Sin embargo, la comunidad afectada explica que los diálogos terminaron debido a la falta de garantías de parte de las autoridades.
Según informa Miller Dussan (Asoquimbo), la organización opositora del proyecto hidroeléctrico que pretende desviar el río Magdalena dialogó el 13 de febrero con el viceministro de Interior, Juan Fernando Londoño, sobre la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental para el proyecto El Quimbo. El viceministro informó que aún no había obtenido comunicación con ese despacho lo cual, según Dussan, hizo fracasar la mediación del Ministerio de Interior.
El 8 de febrero el ministro del Interior había comunicado a la delegación de Asoquimbo que no podía hacer nada frente a la orden de desalojo firmada por el alcalde de Paicol. Como respuesta al anuncio, Asoquimbo radicó en el Ministerio del Interior un amparo policivo contra Emgesa por la defensa de la soberanía sobre los ríos y la pesca artesanal, en el cual aclaraba que ese recurso ya había sido interpuesto incluso en la Alcaldía de Paicol sin obtener respuesta alguna. Asoquimbo ratificó que respetaría el debido proceso y se sometería al Estado Social de Derecho.
El desalojo
Tras el cierre del diálogo, la multinacional Emgesa mediante un amparo policivo otorgado por la Alcaldía de Paicol consiguió el desalojo de los pobladores que se encontraban a orillas del río Magdalena en la vereda Domingo Arias. Dicha diligencia judicial estaba dirigida a la zona conocida como La Dispensa, a pesar de que los manifestantes se encuentran en La Esperanza. Según Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo, dicha diligencia va contra «personas inciertas e indeterminadas», violando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Aunque la actitud de los manifestantes fue cogerse de las manos para abrazar el río Magdalena la Fuerza Pública lanzaba gases lacrimógenos. Fruto de la acción policial tres personas fueron heridas y una de ellas con una lesión que según reporte del Hospital Universitario de Neiva perdió su ojo derecho. Igualmente, durante la diligencia se encontraban mujeres en estado de embarazo y adultos mayores que fueron violentados.
Reacciones
Según el ministro de Ambiente, Frank Pearl, en entrevista a Radio Nacional de Colombia del día 14 de febrero, los campesinos han incumplido a tres reuniones y mantuvieron las vías de hecho. Además, según Pearl, no encontraron irregularidades para retirar la licencia ambiental a la multinacional.
El general Segura, comandante de la Regional Dos de la Policía Nacional, ordenó la restricción del acceso al puente Paso el Colegio ubicado en el municipio de La Plata para impedir el ingreso a las personas y los vehículos que no fueran personal de la multinacional. La vía también fue cerrada para Elsa Ardila, representante legal de Asoquimbo, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, observadores internacionales y la prensa alternativa; el general Segura afirmó al diario La Nación que esto obedeció a un acordonamiento especial de seguridad que se realizaba en el área.
Miller Dussan, miembro de Asoquimbo, anunció que Asoquimbo instaurará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que la convocatoria a una movilización regional para seguir rechazando el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Los hermanos Vargas Lleras
Asoquimbo solicita que se clarifiquen las razones por las cuales el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se declaró «impotente» ante decisiones y actuaciones de otras instancias que afectaron la integridad física de la población vulnerando derechos como la libertad de organización, de movilidad, de prensa y de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Miller Dussan sostiene que «la claridad obedece a que su hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de CODENSA que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá y Emgesa a quien el Gobierno colombiano le concesionó el proyecto hidroeléctrico El Quimbo».
reexistencia.wordpress.com 
27 febrero, 2012 en 12:17 pm
Crónicas de Spainlandia:
Si muchos son los que a estas alturas aceptan el gran parecido de este expolio económico con el de la Gran Depresión del siglo XX, aún son pocos los que no se han percatado de la gran similitud entre las respectivas situaciones políticas. Tanto el fascismo como el nazismo aprovecharon la extensa desilusión generada en las clases medias por unas izquierdas que se mostraron incapaces de implementar una alternativa real, con las masas detrás, para frenar el robo creciente y suicida perpetrado por las entonces clases dominantes. ¡Qué ardan las avenidas! no era en tales tiempos, ni lo es ahora, una estrategia de finalidad revolucionaria, era y es simplemente una desesperante necesidad de las clases sociales medias y basales. El equivalente a un nicho evolutivo darwiniano que si una especia deja libre otra lo ocupará. Y si las izquierdas lo abandonan, si no satisfacen tal reclamación, lamentablemente otros, ya sin antorchas ni Führer pero con la misma carencia de escrúpulos, volverán y lo harán. No se olvide que el nazismo fue un electo y particular keynesiano: extrajo al alemán de la depresión y la miseria, le otorgó el pleno empleo, le permitió disfrutar de la vivienda… Que ello se alimentara de la vecina sangre y territorio, de la reinstauración de una esclavitud asesina, de la detención preventiva de millones de nuevos parias, de su traslado y aniquilación en una industria diseñada para el exterminio… fueron para ese alemán sólo un «daño colateral» ante el cual debía taparse oídos y nariz y vendarse los ojos. ¡Volverán!.
¡Y ya están volviendo!. Incapaces de reaccionar en esa calle que por historia es nuestra y no de ellos, con la boca abierta más allá de nuestras posibilidades biológicas, veremos como a la «matanza de Badajoz», a la cruenta «represión de la bahía de Cádiz», a los civiles asesinados en la «carretera de la muerte de Málaga a Almería» y a un largo, largísimo, etcétera se les niega la condición de crímenes contra la humanidad alegando, para justificar la infamia, que la ley penal no puede aplicarse con carácter retroactivo y olvidando, también para justificar la infamia, que al no prescribir jamás tales delitos, pues nadie legítimamente puede hablar en nombre de la humanidad, toda institución jurídica ostenta la ineludible obligación de perseguirlos «in saecula saeculorum». Es más, y terriblemente más, negando esa aplicación retroactiva al delito de genocidio estarán declarando nulos por vía «de facto» los mismos «Juicios de Núremberg», y absolviendo «post mortem» a todo condenado en ellos por esos horrendos crímenes. Los implacables asesinos de 5.934.000 judíos (1.500.000 con menos de 12 años), de 3.500.000 soviéticos prisioneros de guerra, de 1.900.000 polacos, de 1.670.000 eslavos, de 1.500.000 gitanos, de 500.000 minusválidos (más 300.000 esterilizados), de 200.000 masones, de 15.000 homosexuales (más cientos castrados por orden judicial), de 5.000 testigos de Jehová, de… serán «de facto» declarados «inocentes». ¿Qué haremos las izquierdas cuando semejante aberración de lo Justo vea la luz?. ¿Seguiremos anclados a un sillón y al sueldo de un Parlamento que ya hace tiempo dejó de representar a este pueblo?. ¿Seguiremos anclados a un «bla, bla, bla…» y a un «que me voy a la calle», poniendo el pie en la acera para después volver a retirarlo, salmodiando incesantemente una estrategia que ya hace tiempo todos vemos asimismo como inútil?. ¿Seguiremos convocando movilizaciones atomizadas que por así serlo y por ser dirigidas bajo el indiscutible y cobarde lema del «peace and love» garanticen más cadáveres que victorias y servir mejor al opresor que al oprimido?. ¿Seguiremos…?
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