Una verdadera restitución de tierras debe acompañarse de una política de paz

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José Honorio Martínez – Rebelión

¿Será posible resolver el problema del destierro sin dar pasos en la resolución del conflicto armado, y viceversa? ¿Puede desarrollarse una política de restitución de tierras sin dar simultáneamente pasos en aras de lograr la paz? ¿Si el conflicto armado tiene, principalmente, lugar en el territorio rural cómo puede el campesino posesionarse de la tierra y llevar una vida prospera y tranquila?

La restitución de tierras a las víctimas del despojo en Colombia, ha de estar acompañada de una política para modificar, en modo sustantivo, la estructura de tenencia de la tierra; es decir, enmarcarse en una política de paz que ponga fin al paramilitarismo y el latifundismo, de lo contrario, el campesinado será llevado a nuevas matanzas. En otros términos, mientras la política de tierras no se articule a una política de paz, ésta será funcional al interés de los victimarios, del latifundio, de la especulación financiera e inmobiliaria y de los monopolios agroindustriales.

Ley de víctimas ¿Para quién?

El proyecto de ley de víctimas que cursa actualmente en el Congreso de la República no parece estar dirigido hacia la población que pretende proteger, porque de un lado, introduce una serie de puntos que desaparecen el estatus de víctima, y por el otro lado, esta en marcha una campaña de exterminio de miembros de las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos [1] .

Respecto a los puntos que restringen el concepto de víctima, la bancada del Polo Democrático Alternativo emitió una declaración, el pasado 27 de marzo, con la que se plantea diversas objeciones al proyecto de ley [2] , entre las cuales destacan: el concepto de víctima no aplica a niños, niñas ni adolescentes, tampoco a miembros de grupos armados ni de la Fuerza Pública que hayan sido victimizados por el Estado o sus agentes; la fecha para considerar a las víctimas es el 1° de enero de 1985, de modo que las víctimas de los años previos no son cubiertas por la ley; la reparación no contempla restitución de bienes; en el caso de restitución de tierras no aplica sobre aquellas que hayan sido declaradas de “utilidad pública e interés social”, existiendo la indefinición sobre lo que se entiende por “utilidad pública e interés social”, por lo que la interpretación y aplicación de la ley queda al arbitrio o discreción del ejecutor de la norma; para rematar, quienes sean reparados por vía administrativa quedan impedidos para usar las vías judiciales con las cuales reclamar verdad y justicia; Es decir, la reparación administrativa anula la posibilidad de verdad y justicia, al impedir que la víctima proceda ante instancias judiciales; y como si fuese poco, para la reparación de tierras se estableció, posteriormente, el 1° de enero de 1990 como la fecha a partir de la cual la ley tendría cubrimiento; o sea, que quienes perdieron la tierra antes de 1990 desprotegidos.

Pero no es suficiente con pasar esa maratón con obstáculos, que es el articulado de la ley, para ser susceptible de ser catalogada víctima; queda lo más difícil, que es estar vivo cuando la ley entre en vigencia. Los asesinatos de las víctimas, los voceros de sus organizaciones y los defensores de derechos humanos se han intensificado abrumadoramente [3] . El día 22 de febrero, Álvaro Sánchez grabó su propio asesinato, ocurrido en su parcela en Palogordo (Santander); un mes después, fue asesinado Bernardo Ríos Londoño miembro de la comunidad de Paz de San José de Apartado; el día siguiente fue asesinado, en Medellín, David Jesús Góes quien representaba a 120 familias despojadas de sus tierras en Turbo; el mismo día, Éder Verbel Rocha del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) también fue asesinado en San Onofre por negarse a vender su tierra; una semana después fueron asesinados los campesinos Héctor Orozco ( vicepresidente de la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima) y Gildardo García; y en los primeros tres meses del 2011: nueve defensores de derechos humanos han sido asesinados [4] .

En resumen, la ley de víctimas no tiende a resarcir a las víctimas sino a desaparecerlas jurídicamente, y en caso que sobrevivan, el paramilitarismo estará presto a proseguir su macabra labor de exterminio físico.

¿Reparación o simulacro de postconflicto?

Si al campesinado le fueron arrebatadas más de ocho millones de hectáreas, como se constata en el último informe del Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada (PPTD) publicado en enero de 2011 [5] , y el gobierno ha prometido devolverles dos millones de hectáreas mediante la ley de tierras [6] , lo que se está gestando, con las nuevas leyes es un proceso de injusticia y de impunidad que legaliza el robo de seis millones de hectáreas. Así, la política de reparación funge como una forma adicional de despojo.

La intención gubernamental parece estar más fundada en proyectar una imagen de situación de postconflicto, en la que las víctimas ya han sido reparadas, que en reconocer y resolver una de las grandes causas del conflicto social. En este sentido, la búsqueda gubernamental se ha enfocado en simular que en Colombia se vive el postconflicto y no en atender la grave problemática de quienes sobreviven al genocidio y el destierro.

¿Reparación o burbuja especulativa?

Reparar a las víctimas cuando el conflicto armado se encuentra latente es una decisión insensata, ya que esto significa entregar títulos que muy difícilmente podrán ser ejercidos dadas las condiciones de guerra en las que se encuentra el país. ¿Quién estará dispuesto a volver a su tierra, si ese regreso significa volver a enfrentarse a la muerte? De tal modo que a los desterrados no les quedará más remedio que vender los famosos títulos o hacerse “socios” de los monopolios agroindustriales que hoy digieren la economía campesina en todo el mundo. Así, se configuran las condiciones para que los latifundistas que vendan tierras al Estado para que éste repare a las víctimas, vuelvan a quedarse con la tierra comprándola a precios irrisorios a las víctimas. Como quien dice: negocio redondo porque venderán caro, comprarán barato y se quedarán finalmente con la tierra. Ya en los años ochenta se dio esta experiencia, en ese entonces, el INCORA compró tierras a los latifundistas para el programa de reforma agraria a precios de mercado y con altas tasas de interés [7] .

La pregunta que surge es: ¿El proceso de reparación de tierras busca reparar a las víctimas o permitir a los victimarios realizar la renta absoluta del suelo? Y no sólo permitir la realización de la renta sino posibilitar las condiciones para que estos vuelvan a quedarse con la tierra, ¡saneada y titulada!, es decir, con la seguridad jurídica que requiere el capital transnacional para “invertir” en Colombia [8] .

¿Reparación o superación de “escollos” para la privatización del territorio?

En el Uruguay del Frente Amplio, las transnacionales adquirieron más de tres millones de hectáreas [9] ; en Argentina entre el siete y diez por ciento del territorio pertenece a firmas foráneas [10] ; en la Bolivia del MAS más de un millón de hectáreas está en manos de extranjeros [11] ; en Paraguay la extensión de tierras en poder de las compañías agroindustriales sojeras es de tres millones de hectáreas [12] ; en el Brasil del PT las transnacionales tienen 30 millones de hectáreas [13] , y así sucesivamente.

Si los gobiernos progresistas latinoamericanos han proseguido con la privatización del territorio, ¿qué se puede esperar de un gobierno como el colombiano, que sigue sometido a los mandatos del imperialismo estadounidense?

Cuando el Estado ya no cuenta con más empresas ni servicios que privatizar vende el territorio. Las “locomotoras” del PND del gobierno Santos enfatizan precisamente en la minería [14] , la agroindustria y la infraestructura, es decir, ponen todo el acento en la capitalización del territorio. Y para que las transnacionales y los latifundistas se le midan a los negocios hay que garantizarles seguridad jurídica –valga decir jugosas ganancias- y esto es lo que se está haciendo con la ley de víctimas, la ley de tierras y el Plan Nacional de Desarrollo [15] .


Referencias:

[1] Noguera Domínguez, Gustavo, Líderes desplazados asesinados por reclamar y exigir derechos de población desplazada, 18 de abril de 2011. http://www.alainet.org/active/45942〈=es

[2] Polo no votará ley de víctimas si persisten falencias, PDA, 27 de marzo de 2011. http://prensarural.org/spip/spip.php?article5559

[3] Covos, Atando, Un pedazo de tierra, abril 6 de 2011. http://prensarural.org/spip/spip.php?article5627

[4] Justice for Colombia, 90 días, 96 defensores de derechos humanos agredidos en Colombia, 14 de abril de 2011.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5676

[5] Entre los años 1980 y 2010 fueron arrebatadas al campesinado 8.056.978 hectáreas .

La verdad de la tierra: más de ocho millones de hectáreas “abandonadas”, González Posso, Camilo, 11 de abril de 2011.

http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:la-verdad-de-la-tierra-mas-de-ocho-millones-de-hectareas-abandonadas&catid=21:conflicto-drogas-y-paz&Itemid=30

Cuando se constata la cantidad de estudios realizados surge la duda si el propósito de estos es determinar cuánto la han quitado al campesinado o calcular cuánto queda por quitarle.

[6] Peláez, León Darío, Revista Semana, El complejo reto de la restitución de tierras, 19 de agosto de 2010.

http://www.semana.com/politica/complejo-reto-restitucion-tierras/143259-3.aspx

[7] Al respecto se puede consultar el artículo de Gilberto Tobón, La reforma agraria y la apertura democrática, en la revista ensayos de economía No.1 de 1990. También en el ensayo: Elementos históricos y diferenciación de conflictos, de Darío Fajardo en Tierra y Sociedad, PNUD 1994.

[8] “El grupo israelí Merhav ya tiene, entre tierras propias y contratos de usufructo, diez mil hectáreas en Pivijay (Magdalena) para producir etanol con base en caña con mecanización, sin corteros. La Compañía Agrícola de la Sierra, chilena, se apresta a una explotación forestal de largo plazo en 36 mil hectáreas en el nordeste antioqueño; la Altillanura, en Meta y Vichada, es codiciada por consorcios foráneos. Hay inversiones, anunciadas y en curso, para más de 100 mil hectáreas. Cargill planea una de 25 mil; Maggi de Brasil y Grobo de Argentina, sendas de doce mil. El Grupo Mónica (brasilero-argentino) tiene cuatro mil quinientas y ya se favoreció 3.500 millones de pesos de Agro Ingreso Seguro.

En la lista de posibles inversionistas hay compañías del agronegocio como el Grupo Ingacot, de Argentina, que está en el Magdalena Medio, y “arrendará tierras para cultivos en la zona norte del departamento de Antioquia y en el sur de Córdoba”. Existen proyectos de gran plantación del grupo AVAL, en palma, madera y arroz; del GEA (Sindicato antioqueño) vinculado a 25 mil hectáreas del proyecto Fazenda del operador Aliar y a once mil doscientas en los Montes de María en reforestación, a través de Cementos Argos y otras empresas más que reciben financiación nacional e internacional. El Grupo Santodomingo, “se enfocará en soya y maíz, cultivados en la altillanura colombiana… el propósito es promover entre los agricultores de la zona la siembra de estos granos… El negocio no es tener tierras propias, sino alquilar algunas y comprar los granos a terceros… la construcción de barcazas que transportarán el grano por el río Meta…fusionar los almacenes de depósito Almacenar y Almagran, para convertir la nueva compañía en el operador logístico más grande del país”. Una noticia ruidosa ha sido que “inversionistas chinos están interesados en comprar 400 mil hectáreas en la altillanura para sembrar granos”.

Suárez Montoya, Aurelio, La política agraria de Santos: fase superior del “modelo malayo” colonialista, 13 de abril de 2011.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article5672

[9] Chaya Comunicación Cooperativa, El papel del Sur, 2006.

http://www.youtube.com/watch?v=aPGfzDj6EqY

[10] Galand, Pablo, El debate sobre los dueños de la tierra, Miradas al Sur, edición 146, 6 de marzo de 2011.

http://sur.elargentino.com/notas/el-debate-sobre-los-duenos-de-la-tierra

[11] Bolivia: más de un millón de hectáreas en manos de extranjeros, 28 de marzo de 2011.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011032817

[12] Zibechi, Raul, Dominios de “brasiguayos”, Página 12, 16 de noviembre de 2008.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3688-2008-11-16.html

[13] Stédile, João Pedro, Quinientos años de latifundio, Revista herramienta No. 13Julio de 2000.

http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-13/quinientos-anos-de-latifundio

[14] Con la reforma del código minero durante la era Uribe las condiciones a las compañías mineras se hicieron más beneficiosos. Las concesiones de exploración pasaron de 5 a 11 años, y los impuestos por hectárea se redujeron de –entre- 2.000 dólares a 8 dólares. El sector minero recibe el 35% del total de las exenciones tributarias. La cadena de exenciones incluye la eliminación del impuesto a las remesas que era de 7%, disminución y exenciones en IVA, exención de impuestos a la gasolina y el diesel, a las importaciones e inversiones en bienes de capital.

El gobierno Uribe concedió títulos mineros sobre 5 millones de hectáreas, y las solicitudes existentes en 2010 abarcaban un 40% del territorio colombiano. Ver al respecto: Mazure, Laurence, Fiebre del oro en Colombia, Le monde diplomatique, El Dipló No.91 julio de 2010, Valencia, Mario Alejandro, Colombia: paraíso de las transnacionales mineras, Le monde diplomatique, El Dipló No.95 noviembre de 2010.

[15] Mondragón, Héctor, Burbuja de tierra en vez de empresa agrícola y pecuaria? 23 de marzo de 2011. http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5538


(*) José Honorio Martínez es Profesor universitario, Doctor en estudios latinoamericanos, miembro de la Fundación Manduco

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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