El Legado de Uribe y la Nueva Colombia de Santos según el último informe de Human Rights Watch

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Del último informe sobre los índices de violencia y abusos de derechos humanos en Colombia podría concluirse que lo único que ha mejorado, luego de más de 6 meses del nuevo gobierno, son los índices de favorabilidad del presidente de turno, reflejo de la efectividad y sofisticación de la maquinaria propagandística oficial que usan, con la complicidad de los medios prepago,  para distorsionar y/o ocultar la realidad de la violencia y degradación social que  sigue carcomiendo al país.
Dada la fecha del informe, la escalofriante cifra de víctimas asesinadas en el Departamento de Córdoba (casi 40) durante las tres primeras semanas de Enero no aparece registrada.
El siguiente es un resumen del  informe. Hemos resaltado algunos apartes para mostrar que pese a la promesas de Santos, nada ha mejorado; y que por el contrario muchos aspectos han empeorado…
La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos; periodistas; líderes comunitarios; sindicalistas; líderes indígenas, afrocolombianos y de personas desplazadas; así como víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras.
El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose.
Sobre las guerrillas
Las FARC se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños para el combate.
Según informes del gobierno, 76 civiles sufrieron heridas entre enero y agosto de 2010 como resultado de minas antipersonales y municiones sin detonar.
Sobre los paramilitares y sus sucesores
Desde 2003, más de 30.000 personas han participado en un proceso de desmovilización paramilitar, aunque existen pruebas contundentes de que muchas de estas personas desmovilizadas no eran paramilitares, y de que algunos paramilitares nunca se sumaron a la desmovilización.
Los grupos sucesores de los paramilitares, a menudo bajo el mando de jefes de rango medio de organizaciones paramilitares desmovilizadas, ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país. La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.
Al igual que los paramilitares en el pasado, estos grupos participan en narcotráfico, reclutan activamente a nuevos miembros y cometen abusos generalizados, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. Los grupos sucesores han atacado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. En Medellín, la tasa de homicidios se incrementó abruptamente desde 2008, aparentemente como consecuencia de estos grupos.
Los grupos sucesores han tenido una fuerte incidencia en los desplazamientos forzados. A menudo, los organismos del Estado se niegan a registrar como desplazadas a las personas que afirman haber sido obligadas por los grupos sucesores de los paramilitares a abandonar el lugar donde viven, y esto ha contribuido a las discrepancias entre los datos proporcionados por el gobierno y las ONG sobre la población desplazada internamente en Colombia. Mientras que el organismo público Acción Social registró 154.040 nuevos desplazados en 2009, CODHES, una prestigiosa ONG colombiana, afirma que ese año el número de desplazados fue 286.389. Acción Social ha registrado 3,3 millones de personas desplazadas entre 1997 y julio de 2010, a diferencia de las 3,9 millones de personas informadas por CODHES para el período entre 1997 y 2009.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre militares de alto rango y empresarios que habrían colaborado con los paramilitares han avanzado lentamente.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometido atrocidades, también ha sido lenta y dispar. En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares. Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando el Presidente Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos entre mayo de 2008 y agosto de 2009 para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico. La colaboración paramilitar se redujo notablemente luego de esta medida, y varios comandantes se negaron a continuar declarando por temor que sus familiares en Colombia sufran represalias.
Sobre los abusos e impunidad de militares
En los últimos años, se han atribuido al Ejército colombiano una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de “falsos positivos”. Las ejecuciones se habrían producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército.
Pese a que la cantidad de falsos positivos se redujo significativamente desde 2009, el problema aún persiste. Si bien el gobierno no lleva un registro de datos estadísticos sobre estos casos, en mayo de 2010 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos.
La resistencia por parte del sistema de justicia militar a remitir los casos a los tribunales ordinarios impidió que se juzgaran casos de ejecución extrajudicial. Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan sólo 7 entre enero y septiembre de 2010.
Sobre la violencia contra sindicalistas
Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. Gran parte de estos asesinatos se atribuyen a paramilitares y a sus grupos sucesores.
Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la ENS, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas -en su mayoría, atribuidas a grupos sucesores de los paramilitares- han aumentado desde 2007.
En estos casos, la impunidad ha sido la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados.
Sobre los ataques a defensores de derechos humanos
Según la ONG Somos Defensores, 7 defensores fueron asesinados y 51 recibieron amenazas durante la primera mitad de 2010. Una coalición de ONG colombianas e internacionales denunció que entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados 30 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Más de 40 líderes de grupos de víctimas que exigían la recuperación de tierras han sido asesinados desde que comenzó el proceso de Justicia y Paz en 2005. En 2010, se informó el asesinato de varios líderes de comunidades afrocolombianas e indígenas. La impunidad de estos crímenes contribuye a que se sigan produciendo.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que monitorea la situación de los derechos humanos en Colombia, emite periódicamente “informes de riesgo” en los cuales advierte sobre amenazas contra comunidades y personas. Otras autoridades colombianas en ocasiones han ignorado estos informes y no han tomado las medidas necesarias para prevenir los abusos.
Sobre la vigilancia ilegal (Las Chuzadas del DAS)
Los documentos del DAS señalan que entre las presuntas actividades criminales se incluyen amenazas de muerte y campañas de difamación que tienen por objeto vincular a las personas que sufren esta persecución con las guerrillas. Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe.
Sobre actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2010, aportó cerca de US$ 673 millones -principalmente en ayuda militar y policial-, si bien el porcentaje destinado a asistencia social y económica es cada vez mayor.
El Reino Unido habría reducido su asistencia militar a Colombia durante 2009, aparentemente en respuesta a los escándalos sobre vigilancia ilegal y ejecuciones extrajudiciales.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional continúa monitoreando las investigaciones locales de los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra activa en Colombia y ha asumido el monitoreo de la estructura de control interno del Ejército.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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