Acerca de la Verdad, Justicia y Reparación que exigen y merecen las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado.

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Por: Julio Enrique Cortés Monroy (primera parte)

Es necesario que en nuestro país se produzca en este momento de la historia una fuerte movilización social para denunciar la verdad de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años. Llevamos mucho tiempo en guerra, en una patria boba incesante de genocidio, miseria, y despojo por parte de una clase dominante (oligarquía) representada en unas cuantas familias ejerciendo el poder, amparada en su dominio militar y mediático, reprimiendo cualquier brote de inconformismo social.

La historia de violencia en Colombia ha sido marcada por una intolerancia visceral que sigue dejando odio y muerte. Miles de fosas comunes con cuerpos acribillados, millones de desplazados, exiliados, presos políticos, desaparecidos, torturados, masacres, persecución a líderes sociales, y comunidades enteras arrasadas, dicen mucho de la triste realidad. ¿Cuántos indígenas, campesinos, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, guerrilleros, paramilitares, soldados, policías, liberales, conservadores, comunistas, anticomunistas, políticos, periodistas, niños, e inocentes, han caído a lo largo y ancho del territorio nacional?

Hemos llegado en Colombia a tal grado, que asesinaron a Andrés Escobar por un auto gol. También a un “humorista” como Jaime Garzón, entre muchos otros. Claro que a Garzón no lo mataron por ser un simple humorista. Era un intelectual crítico que denunciaba injusticias y luchaba por la paz de Colombia. Fue asesinado luego de la mediación que él adelantaba entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Pastrana. Diez años después su caso sigue impune, aunque hay serios indicios que vinculan a militares, paramilitares y al DAS en su muerte.

Algunos dirán que para qué hablar de lo que ya pasó, pero precisamente nuestra “tragedia” tiene mucho que ver con el desconocimiento de la historia y con el olvido. El 9 de abril de 1948 produjo un recrudecimiento de la violencia en todo el país, se forman las guerrillas liberales y posteriormente se fundan los grupos armados insurgentes Farc y Eln. Con el asesinato de Gaitán quedó evidenciado que la clase dirigente del país y el gobierno de los Estados Unidos no permitirán jamás que un hombre del pueblo gobierne a favor de su propio pueblo.

Las condiciones sociales de la Colombia de 1948, a la del 2010, siguen conservando en esencia las mismas problemáticas, pero éstas cada vez más deterioradas, en parte por el narcotráfico: Guerra, muerte, represión, miseria, desigualdad, corrupción, saqueo, explotación a la clase trabajadora, y falta de una reforma agraria eficiente. Valdría la pena preguntarse si se han atacado las causas reales del conflicto social y armado colombiano, o será que la atención y los esfuerzos se han dedicado a preservar los intereses de una clase privilegiada que se mantiene en el poder? Por ejemplo, debe revisarse si se ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la inversión social y los salarios de los trabajadores, o si se ha priorizado el presupuesto de la nación hacia la guerra y el pago de la deuda externa. Creo que la realidad de lo señalado muestra que la calidad de vida de los colombianos ha empeorado sustancialmente, por lo tanto difícilmente la población podrá vivir en paz.

En Colombia se sigue aniquilando cualquier posibilidad de hacer justicia y de lograr unas transformaciones estructurales que resuelvan las necesidades del pueblo.  Los intentos por una salida política al conflicto social y armado colombiano han fracasado debido a radicalismos y al odio acumulado; pero también por la voracidad de poder de una minoría. Las transformaciones estructurales que requiere Colombia se siguen aplazando y mientras tanto la sociedad colombiana, empobrecida e impotente, se desangra lentamente, al tiempo que los corruptos aprovechan la confusión y la politiquería para engrosar sus fortunas.

Las víctimas del conflicto tocaron ya todos los estratos sociales. Ricos, políticos, industriales, ganaderos, terratenientes, candidatos presidenciales, mandos militares, y narcos han experimentado también las barbaries de la guerra. ¿No será esto suficiente para comprender que el camino de la violencia nos ha azotado demasiado y que no vale la pena seguir con una política de guerra que deja un inmenso costo en vidas y en dinero?

El presidente Álvaro Uribe Vélez llega al poder en el 2002. En ese momento el paramilitarismo ya había penetrado las esferas del poder político y económico, controlando gran parte del territorio nacional, reconocieron luego Mancuso y otros comandantes paramilitares que apoyaron la candidatura de Uribe y que formaron parte del pacto de Santa fe de Ralito, Córdoba, en donde se diseñó el plan de “Refundar la patria”, un proyecto de nación concebido desde sectores de la ultraderecha de Colombia.

Esta realidad fue fuertemente criticada, nacional e internacionalmente, por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición. A pesar de las críticas Álvaro Uribe emprende la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la cual servirá como marco jurídico en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, convirtiendo este asunto en uno de los pilares de la política de Seguridad Democrática, pero creando gran desconfianza en la opinión pública. Desconfianza fundada en parte por los antecedentes de Uribe como defensor y promotor de las Convivir (grupos de justicia privada) cuando fue gobernador de Antioquia.

“La aplicación de la Ley de Justicia y Paz no hará sino fomentar la impunidad en Colombia”, señaló muy pronto Amnistía Internacional. En el mismo sentido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación afirmando que “Esta Ley vulnera el derecho de las víctimas de abusos a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación”. Amnistía Internacional pidió incluso al gobierno colombiano revocar dicha Ley denunciando que “los paramilitares en los últimos años han sido responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las desapariciones y casos de tortura”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sustentó que en la Ley de Justicia y Paz se presenta “ausencia de mecanismos aptos para el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia colombiana”. Por su parte un informe de Human Rights Watch aseveró en su momento que “Al implementar las desmovilizaciones, el gobierno se centra casi exclusivamente en desarmar y otorgarles beneficios a las tropas paramilitares. Sin embargo, no hace un esfuerzo serio por determinar si estas tropas son responsables de crímenes graves, ni por descubrir la verdad acerca de abusos cometidos, ni por otorgar reparaciones a las víctimas”.
Otras organizaciones, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) afirmaron que “la Ley generará impunidad y que en vez de intentar legitimarla o avalar sus mecanismos continuarán actuando activamente ante la justicia ordinaria”. Nuevamente Human Rights Watch se pronuncia señalando que “La Ley otorga beneficios sumamente generosos a miembros de grupos armados, incluyendo la oportunidad de escudarse de la extradición, a costa de la justicia para las víctimas de graves abusos, al mismo tiempo que no establece mecanismos efectivos para asegurar el desmantelamiento de estos poderosos grupos mafiosos”. El tiempo parece dar la razón, pues años después de iniciarse el proceso se iniciaron las extradiciones de varios líderes de las AUC a los Estados Unidos.

Por el contrario para el gobierno nacional la Ley de Justicia y Paz y el proceso de desmovilización de los paramilitares han sido un éxito rotundo y un ejemplo para el mundo. Carlos Montoya, ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Regional Centro, afirmó en entrevista con Ibeth Borbón y Alejandra Prada de la Uniminuto: “La Ley 975 de Justicia y Paz es un instrumento completamente revolucionario para lo que ha sido la historia de la justicia colombiana, existe una gran voluntad por parte del gobierno nacional para que los procesos judiciales e institucionales tengan éxito. Colombia podrá llegar a ser el primer país en el mundo que realmente repare de una forma exitosa a los cientos de miles de víctimas que ha dejado la violencia en los últimos seis años por lo menos”.

En cambio, para Iván Cepeda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado, la Ley de Justicia y Paz fue inicialmente un Proyecto de Ley que sufrió muchas modificaciones puesto que el gobierno buscaba limitar al máximo esos procesos de verdad y de justicia, pero gracias a la acción de las organizaciones de derechos humanos y de las asociaciones de víctimas, el campo de aplicación de esta Ley y sus mecanismos ha sufrido modificaciones positivas por parte de la Corte Constitucional, tendientes a favorecer la Verdad, la Justicia y la Reparación a las víctimas.

Sin duda estas modificaciones le dieron un nuevo rumbo al proceso. Jorge Iván Cuervo en una columna de El Espectador dijo “La sentencia de la Corte Constitucional cambia radicalmente los términos de la negociación, y esa fue la primera señal de crisis del proceso, pues los paramilitares no entendían que lo que ellos habían pactado con el gobierno no fuera respetado por la justicia. La Corte Suprema, al no aceptar la calidad de delito político del concierto para delinquir, hizo aún más complicado que pudieran cumplirse los compromisos”.

Varios críticos han señalado que el proceso comenzó mal y por eso terminó mal. Lo han dado por muerto, luego de la decisión del Presidente Álvaro Uribe de extraditar a catorce jefes paramilitares a los Estados Unidos. Iván Cepeda, uno de los más fuertes críticos a esta Ley de Justicia y Paz, y del papel que ha desempeñado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, me ha declarado en entrevista que esta Comisión fue diseñada de manera insatisfactoria porque más que un organismo para defender los derechos de las víctimas y abogar por la participación de muchas personas que en Colombia han sufrido la violencia, se creó una entidad dedicada a promover las supuestas bondades del proceso, sin generar procesos de participación eficaces en defensa de esos derechos.

Iván va más allá: “El gobierno nacional se atribuyó en la Ley de Justicia y Paz las facultades de crear y ocupar buena parte de los escaños de representación en esta Comisión, y ésta fue encabezada por el Vicepresidente de la República, quien junto al Presidente designaron a cinco miembros de la sociedad civil sin consultar a las organizaciones que existen hace años en Colombia. Por lo tanto la Comisión quedó con una presencia mayoritaria del gobierno en su seno y con representantes de la sociedad civil del agrado suyo. El presidente de la Comisión, delegado por Uribe Vélez, ha cumplido la función de asesor de imagen al publicitar esta Ley como si fuera lo más exitoso en el mundo, sin considerar las limitaciones y problemas, y sin defender a las víctimas. Eso ha hecho que organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas no respalden la Comisión y busquen otras alternativas para garantizar los derechos”.
Y es que ha sido tan desconcertante y grave el desconocimiento de los alcances de esta Ley de Justicia y Paz, que el gobernador indígena Enrique Guetio, reveló en cierta ocasión en un Encuentro de Víctimas en Bogotá, que “las noticias sobre la Ley nunca llegaron a algunas comunidades en el campo, muchas víctimas no habían imaginado la impunidad que sus verdugos iban a recibir”. El presidente de la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC) ha dicho “Este proceso de paz efectivamente se ha hecho de espaldas al pueblo”.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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