Tragedia invernal: ¿lluvia o indolencia

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Por: Carmenza Saldias

Razón Pública

Estos daños no son por culpa de los aguaceros sino de la falta de control del suelo urbano, la negligencia en el manejo del agua, la especulación abusiva con el valor de la tierra y la pobreza e inconsciencia de la mayoría de los ciudadanos.

Con el agua al cuello, gracias al Estado

Estoy harta de oír decir que los desastres -de este año y de tantos otros, que perdí la cuenta- son por culpa de la lluvia, que el río dejó sin casa a miles de personas y que el invierno es el causante de las emergencias.

Estas son explicaciones de antes de que la sociedad se supiera dueña de su destino y dejara de atribuir sus problemas a fuerzas ocultas o naturales. Porque de ser ciertas tales explicaciones, la solución ahora sería hacer un ritual a la lluvia, invocar a la diosa de la Tierra y ponernos en manos de la naturaleza para que nos protejan.

Y en tal caso, estarían de más el Estado, los gobiernos y sus entidades, burocracias y políticas, la elección de mandatarios locales y regionales, la responsabilidad social empresarial y la participación comunitaria, así como todos los impuestos y tarifas que se pagan para que el Estado garantice la seguridad de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Errores y desatinos

Me inclino por creer que la labor de quienes divulgan tales explicaciones es distorsionar la realidad para que permanezcan invisibles los verdaderos responsables de estas situaciones que, en mi criterio, son causadas por los errores y desatinos en cuatro frentes:

  • el uso del suelo,
  • la propiedad de la tierra,
  • la industria de la construcción, y
  • la demanda de vivienda.

Esos errores y desatinos son responsabilidad  de los agentes encargados de administrar los cuatro frentes,  y son ellos los verdaderos causantes del drama que literalmente nos inunda.

Competencias e incompetencia

En relación con el uso del suelo son tres los mayores errores.

El primero lo cometen los gobiernos locales que, a pesar de disponer de la competencia constitucional para regular el uso del suelo, apenas la utilizan y aún no parecen entender el poder que tal competencia implica, ni la oportunidad que representa para ordenar las ciudades, que es la única manera de prevenir, aunque no de evitar de manera absoluta, los riesgos y desastres.

Más aún, desde que entró en vigencia la Ley 388 de 1997 y se formularon los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), estos parecen no haber contribuido a ordenar sino que, como lo demuestran los problemas actuales, más bien habrían favorecido, por acción u omisión, la precaria urbanización, la ocupación de zonas de riesgo y la localización de viviendas y empresas en lugares sin las infraestructuras y equipamientos debidos, y sin las condiciones de urbanismo suficientes, que son las causas últimas de los desastres.

El caso de las grandes urbes

Y si bien parecería que los problemas más severos se registran en las áreas rurales y en las zonas aledañas a las riberas y desembocaduras de los ríos, lo que llevaría a afirmar que los municipios más pequeños son los que menos han aprovechado la existencia de los POT, la dimensión de algunos problemas en las ciudades más grandes indica que tampoco han logrado mayores avances en el ordenamiento de territorio, o sus resultados aún no son suficientes ni sostenibles.

Muy frecuentes han sido por estos días los deslizamientos en Medellín, las inundaciones en Bogotá y Cali y los tradicionales arroyos en Barranquilla.

Incluso, en ciudades como Manizales y Bucaramanga, donde existían una tradición y una experiencia relevante en el manejo de los suelos, que en buena medida es el manejo de las aguas por los problemas de inestabilidad de laderas y deslizamientos que solían presentarse, parecerían haberse olvidado las lecciones de otras épocas y abierto de nuevo las cajas de Pandora de los desastres, al autorizar la urbanización de zonas con restricciones serias, que antes eran consideradas de protección o de riesgo.

Suelos por decreto

Pero si los gobiernos locales no hacen lo que les compete, el gobierno nacional suele inmiscuirse en lo que no le compete, incurriendo en el segundo error.

Cuando no es aduciendo que ciertas decisiones sectoriales -minería, turismo, transporte, etcétera- priman sobre las decisiones de ordenamiento territorial de los municipios y sus POT, el gobierno nacional acude al argumento de que las autoridades municipales no son eficaces a la hora de “generar suelo” para desarrollar programas de vivienda, en particular de interés social.

Entonces, desde la nación se decreta la “generación de suelo” para tales programas y para las empresas, bajo la forma de macroproyectos y zonas francas que, en el mejor de los casos, apenas son decisiones de carácter general que no deberían, bajo ninguna circunstancia, tomarse como una directriz del ordenamiento territorial en un plano real y concreto.

Porque generar suelo no es dictar la norma:

– Es tomar las decisiones que contribuyen a compactar, complementar y articular las áreas de expansión urbana a la ciudad ya construida.

– Es dotar de las infraestructuras y equipamientos el suelo que pretende destinarse a nueva vivienda o a actividades económicas y, sobre todo,

– Es cobrar las cargas para poder generar los beneficios, función que no le corresponde al gobierno nacional, excepto cuando pretenda apropiarse de estas fuentes de ingresos territoriales para legitimar su rol y hacer primar sus intereses

Enriquecimiento a cualquier costo

Pero cuando no se cobran plusvalías, valorizaciones y demás cargas que impone el desarrollo urbano, se propicia el enriquecimiento excesivo de unos y se traslada el costo de financiación de tales infraestructuras y equipamientos a la mayoría.

Peor aún, no se genera el urbanismo, con lo cual las carencias serán la otra cara de la apropiación individual de los beneficios, de unas normas que no apuntan al desarrollo con equidad sino a la valorización circunstancial de predios, casi siempre de los que tienen influencia entre los agentes estatales.

El agua, un derecho negado

En la Constitución Política se estableció que el agua es un derecho y en la legislación se reguló su condición de servicio público.

Siendo así, la falta de garantía del agua potable para millones de colombianos y el mal manejo de las aguas servidas, su precario por no decir inexistente tratamiento y su incorrecta disposición, dan cuenta de los desastres en las cuencas bajas de los ríos Magdalena y Cauca, y las inundaciones a lo largo de sus cauces o de sus afluentes, llámense río Frío, Bogotá, Cali o Medellín, Combeima o San Juan.

Son evidencias claras de que el derecho no se está respetando y, peor aún, de que la entrega de recursos para este fin está siendo inútil, tanto como el esfuerzo que la gente hace a la hora de pagar sus facturas.

Si el agua tiene el carácter de servicio público, la entrega de recursos para su manejo en todas las etapas y fases de su ciclo debería ser retribuida con la entrega de agua de buena calidad y con la seguridad de que el curso de las aguas, en la forma y la temporada climática que sea, no se convertirá en una amenaza, ni alterará la cotidianidad urbana, ni la seguridad alimentaria, ni la productividad económica, menos aún la sostenibilidad ambiental y lo que esta representa.

Corporaciones indolentes

En estas circunstancias el tercer error lo cometen las corporaciones autónomas regionales (CAR), encargadas del manejo del agua y los recursos naturales.

Y no se trata sólo de su laxitud y venalidad para otorgar licencias para conseguir agua de pozos profundos en zonas rurales, o para localizar empresas y conjuntos residenciales sin garantía de manejo de las aguas servidas, o para construir vías sin exigir el manejo y la canalización de las quebradas y ríos, o para ubicar rellenos sanitarios en áreas de protección, sin respetar las decisiones de los POT.

Se trata, sobre todo, de su demostrada ineficiencia y negligencia en el manejo de los miles de millones de pesos que las poblaciones urbanas pagan, con el impuesto predial o las tarifas de agua y aseo, para atender el tema del agua que, vistas las tragedias recientes, es obvio que no se está manejando como corresponde.

Lamentablemente la ciudadanía no es consciente del pago que hace a las CAR para el manejo del agua en tanto recurso natural e insumo de un servicio ambiental básico, ni tiene preocupación alguna por la falta de retribución de parte de tales entidades.

Por lo demás, estas entidades no están ligadas a la estructura institucional territorial sino que tienen una condición indefinida de adscripción al nivel nacional, en el que se reportan autónomas, lo que les ha servido para hacer del agua el desastre actual.

Al respecto, el gobierno nacional no solo debería decretar el estado de calamidad, sino también intervenir las CAR, mientras que comunidades deberían pedir cuentas a sus directivos, pasados y presentes, por los billones de pesos que se les han asignado y que no producen más que las lamentables consecuencias que todos los días tienen que sufrir millones de colombianos y colombianas.

¿Dónde quedó la bolita de la irresponsabilidad?

Los errores se ahogan en un mar de disculpas:

– Los alcaldes dicen que ahora llueve mucho y sólo atinan a pedir ayuda del gobierno nacional, como si la responsabilidad no fuera de ellos.

– El gobierno nacional sale a ofrecer “kits” de ayuda para la emergencia, a responsabilizar a los alcaldes de los desastres mientras olvida reconocer su responsabilidad por las normas que saca burlando la competencia local y su incapacidad de hacer cumplir a las CAR con la labor que les corresponde.

Más aún, sale a pedir la ayuda internacional mientras que se gasta el presupuesto nacional en la guerra, y a pedir la ayuda humanitaria de la comunidad nacional como si los impuestos que pagamos no estuvieran en sus arcas para atender a la sociedad y como si los propios salarios de los funcionarios, que salen de estos fondos, no se les pagaran para que, entre otras, evitaran estos y otros tantos desastres.

– Y las CAR callan, cuando no salen a defenderse, diciendo que están gestionando -por años- un proyecto que no acaba de concretarse y un endeudamiento que obligará a la sociedad a seguir pagando por un servicio que nunca llega o que lo hace en forma de avalancha que, a su paso, arrasa con lo que se encuentre.

Corrupción y politiquería

En honor a la verdad, los responsables de los errores y omisiones son los agentes del gobierno, pero la causa de los mismos está en la excesiva avaricia y egoísmo de los propietarios de la tierra que, con tal de ganar lo máximo deseable, están dispuestos a corromper el sistema siempre que puedan, y a hacer pasar por urbanizable la tierra en la que ellos mismos no vivirían ni permitirían que vivieran sus herederos.

Porque la razón de los deslizamientos es la venta indebida e inmoral de las montañas carcomidas por una minería sin reglas y áreas de suelos inestables, condiciones suficientemente conocidas o fácilmente determinables en una sociedad seria.

Las inundaciones resultan de la venta de las tierras de las riberas de los ríos y quebradas, o de la urbanización de zonas por debajo de las cotas de los ríos, o de la disposición del cauce de las quebradas y ríos para localizar las cabeceras urbanas, o por la omisión de obras estructurales que mitigarían tales amenazas.

Los arroyos surgen de la falta de las obras de canalización y manejo de las aguas, menos interesantes para efectos políticos y electorales que hacer la infraestructura para un sistema de transporte que no duró ni una temporada.

La Constitución estableció que el suelo tiene una función social y ecológica, pero aquí esta determinación es un saludo a la bandera.

Tierras malas para los pobres

Porque los dueños de la tierra no solo quieren seguir acumulándola – hasta el punto de desplazar por la fuerza a millones de campesinos- sino que apenas ponen a la venta la tierra residual, la que ofrezca más problemas, para localizar a la población y sus actividades. Una visión miserabilista que retrata una de las caras  más negras de la sociedad colombiana.

Por eso no es gratuito que los dueños de la tierra tengan más poder que un Alcalde, que apenas puede oponerse a la urbanización de las fincas o a la construcción de empresas en los suelos rurales, y que cuando lo hace se arriesga a ganarse fuertes opositores, con intereses entrelazados con el gobierno nacional o el Congreso, donde mandan desde siempre los representantes de los terratenientes, lo que indica el verdadero carácter del régimen político colombiano.

Constructores de vivienda

Pero si los dueños de la tierra son irresponsables y el gobierno no hace nada por  moderar sus apetitos, cabría esperar que las empresas de construcción de vivienda se comportaran a la altura.

Y a fe que lo hacen, sólo que el rasero se establece acorde con la situación descrita en los párrafos anteriores y entonces los productores de vivienda llegan al extremo de afirmar que la tierra que no se puede urbanizar no vale nada, afirmación que bien indica el carácter parcial, comercial e inmediatista de la mayoría de los agentes del sector, bien representados por funcionarios que van y vienen entre el gobierno y los gremios y que visten tales enfoques con el ropaje de políticas públicas.

A los constructores no parece importarles dónde se ponen las casas; sólo están interesados en pegar ladrillos y gastar cemento, que son las otras industrias que se enriquecen, y si las casas colapsan mañana o los barrios se deslizan por las laderas o con las masas de tierra que se desplazan, más negocios tendrán en el futuro, aunque sus consumidores pierdan el patrimonio y hasta la vida.

La apatía ciudadana

Lamentablemente, ni al gobierno o sus agentes, en cualquier nivel, ni a los dueños de la tierra, ni a las empresas o gremios de la construcción les preocupa la edificación juiciosa y responsable de las ciudades.

Es probable que no la entiendan ni lo presientan. Para ellos, la mejor razón para creer que todo está bien hecho es que a ellos probablemente les va bien, también a sus amigos y a sus familiares. Pero de allí a que a los ciudadanos les vaya bien, hay un gran trecho.

El problema es que tampoco a los ciudadanos parece interesarles su propio bienestar. Eso lo indica el hecho de que no pueden escoger con criterios razonables el lugar para vivir, ni exigir respeto integral al derecho a la vida, a la ciudad, a un hábitat amable y amigable, a la vivienda, ni están en condiciones de pedir cuentas y exigir respuestas, aunque si de aceptar, sumisamente, la convocatoria a practicar la caridad humanitaria mientras ven botar a raudales la plata pública.

Porque la construcción equivocada de las áreas urbanas, la expansión dolorosa de sus periferias, la ocupación indebida de las zonas más frágiles o relevantes para la sostenibilidad ambiental, se está haciendo con la complicidad inconsciente o consciente, de los habitantes urbanos.

Si bien atender la necesidad de vivienda es un imperativo de los tiempos, lo es más la protección de la vida, por lo que sorprende que esta necesidad se atienda en condiciones que la ponen en riesgo, lo que indica que muchos han perdido hasta el instinto de supervivencia.

Y otros antes que oponerse a esta absurda situación, se suman a ella y se disponen con orgullo a embellecer con luces de colores la ciudad del miedo, esa de los barrios y viviendas donde no cesa la horrible noche, que es una pesadilla de amenazas antrópicas y naturales, que no para cuando cierran sus ventanas y puertas.

El fondo del asunto

En realidad el problema es que los gobernantes, dueños de la tierra, o empresarios de la construcción, salen de los ciudadanos, y si estos son indolentes, indiferentes, irracionales e insensibles, no hay razón para quejarse de las escasas virtudes que exhiben quienes los representan.

Tal vez a eso se puede atribuir su silencio cómplice ante los errores urbanos, la aceptación sumisa de las explicaciones insensatas, la incapacidad de indignarse ante tantos desastres.

Si a los habitantes no le preocupan las verdaderas causas de los problemas, seguirán siendo sujetos de decisiones que, a la fija, generaran más problemas que soluciones, aunque en el corto plazo aplaudan a sus mandatarios y agradezcan las limosnas que les llegan mientras llueve.

Pero la culpa no es de la lluvia, es de quienes no hacen nada por arreglar este estado de cosas, aunque tengan a su mano los recursos y el poder para hacerlo. Lo demás, es retórica.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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