¿El Cártel del Palacio de Nariño?

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Henrik López Sterup1
Profesor universitario

Durante los últimos días el país ha tenido conocimiento que Martha Leal, subdirectora de operaciones del DAS, sostuvo dentro del proceso penal que se le sigue que “Según palabras del doctor Peñate, la información era requerida por Álvaro Uribe”2. Las confesiones no paran allí, pues también da cuenta de cómo participó en el montaje de Tasmania contra el magistrado Iván Velásquez y en la famosa reunión de Job en palacio. También cómo el doctor Peñate ordenó seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema, a periodistas y al abogado Ramiro Bejarano.

Ahora, antes estas noticias, el ex presidente Uribe solicitó a la comisión de acusaciones que iniciara una averiguación sobre su eventual participación en estos hechos y ha demandado que sea un proceso público.

Pues bien, de todo esto nos debemos alegar. No tanto porque hayan ocurrido (aunque algunos consideran legítima esta acción, pues estiman que el Sr. Uribe, mientras estuvo en la presidencia –me abstengo de utilizar la forma de ‘mientras estuvo en el poder’, pues no es claro si lo ha abandonado… las tentaciones le rondan-, estaba amenazado por fuerzas oscuras de personajes públicos y de otras instituciones estatales), sino porque comienza a descubrirse lo que realmente pasó (aunque, como siempre, era un secreto a voces).

No obstante, esta alegría se desvanece cuando se considera la manera en que suceden los hechos. El Sr. Uribe, aunque en muchas ocasiones acusó a otros ex presidentes de faltos a la verdad, de ser compinches o salpicados por las maquinarias del narcotráfico, de ser débiles ante la guerrilla, de falta de gallardía para reconocer sus faltas, incurre en lo mismo. ¿Por qué no actúa de conformidad?

Podrá decir, como ocurrió en antaño, que “todo fue a mis espaldas”, que estas actuaciones del DAS –que ya no puede ocultar que ocurrieron-, fueron producto de la infiltración de grupos oscuros dentro del Estado y que él, de manera heroica, luchó contra la influencia del maligno. El sigue siendo el Mesías de Colombia.

Es muy probable, pues no se ha demostrado de manera directa, que algunos funcionarios actuaron a espaldas del Sr. Presidente. No existe evidencia directa, salvo indiciaria –que, no sobra recordar, puede ser un medio para probar-, de que tales seguimientos, chuzadas, etc., se hicieron por sus órdenes.

Empero, la responsabilidad del Sr. Presidente no puede medirse de acuerdo a estos parámetros. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo diversos funcionarios del DAS se vieron involucrados en actividades de espionaje –chuzadas, seguimientos, interceptaciones, etc.-, siendo desvinculados de sus cargos, sin que el proceso o actividad de espionaje decayera. En otras palabras, existían personajes en una escala superior de la organización que podían dictar órdenes para que otros, subordinados, cumpliesen dichas órdenes, adoptando de manera autónoma las medidas o realizaran las acciones que estimaran pertinentes o necesarias para cumplir dichas órdenes. Así opera, por ejemplo, un aparato militar organizado, donde la orden del superior se cumple, con independencia de quién esté en el rango inferior –personaje fungible, que puede desaparecer por razones de organización del aparato militar o por, en el escenario de la guerra, su muerte-.

En la teoría penal esto se conoce como los ‘aparatos organizados de poder’, concebidos, precisamente, para poder enfrentar criminalidades organizadas, donde el autor mediato se escurre entre una trama burocrática y acciones puntuales, que impiden, a partir de una teoría ortodoxa, establecer una responsabilidad directa en la acción final criminal.

¿Estamos en presencia de una situación tal? ¿Se dio, bajo la égida de Álvaro Uribe, una organización criminal dirigida a enfrentar los supuestos enemigos internos (Corte Suprema, políticos, periodistas y abogados)? No es este el escenario para juzgar si efectivamente el Sr. ex presidente Uribe construyó dicho aparato de poder. Con todo, no podemos negar que existe evidencia de que efectivamente alguien superior dictó órdenes, que fueron ejecutadas por funcionarios fungibles.

Es posible que el Sr. Uribe no hubiese dictado la orden directa de ‘chuzar’, pero si, por ejemplo, obtener información a como dé lugar y hacerse el de la mirada bizca frente a la manera en que se obtuvo la información. Es decir, dio una orden sobre obtención de información y simplemente esperó a que se cumpliera. Ahora, debe tenerse presente que difícilmente el Sr. Uribe puede sostener que no sabía nada sobre esto, no sólo porque los medios lo informaron y los afectados lo denunciaron en su momento, sino porque resultaba beneficiario de la información.

El Sr. Uribe utilizó la información –fuese verdadera o amañada- para enfrentar públicamente a sus “enemigos” institucionales, para señalar a periodistas y a políticos. No podemos olvidar las reacciones verbales, agresivas muchas de ellas, del ex presidente y cómo pretendió acusar a la Corte Suprema de Justicia de falsedad, de persecución, etc.

Es muy probable, gracias a la comisión de acusaciones y a la Cámara de Representantes, que nunca podamos establecer la responsabilidad jurídica del Presidente en esta materia. Al fin y al cabo, el proceso ante dichas instancias, aunque jurídico, también implica una valoración política y sus fieles seguidores, estarán atentos a intentar legitimar estas actuaciones.

En todo caso, este intento es vano. El modelo presidencialista protege al Presidente frente a muchos riesgos políticos; de alguna manera, lo inmuniza frente a las batallas legislativas y coloca el riesgo en sus subalternos, que, al fin y al cabo, son disponibles. Empero, cuando las acciones de sus subalternos le beneficiaban directamente, cuando tenía el deber de vigilar, dicha inmunidad desaparece. Se hace responsable políticamente y el régimen se torna en ilegítimo.

Y es que este punto final es decisivo. El pueblo de Colombia debe decidir si se va a tomar en serio los derechos fundamentales de los asociados. No estamos hablando, en este caso, de derechos de carácter económico y social, cuya fuerza normativa está en discusión desde algunas posturas éticas y económicas. No, aquí estamos frente a la discusión de si las libertades liberales y el Estado de Derecho que se construyó a partir de sus premisas, es valioso o no.

Si la decisión es negativa, asumámoslo y diseñemos un sistema político, jurídico y económico, donde todo valga; donde el problema sea dar papaya y no la confianza.

1 Profesor de la Universidad de los Andes. Sus opiniones no reflejan aquellas de la Universidad de los Andes, de sus empleados, profesores y estudiantes.

2 El Espectador, “Martha leal dice que Peñate afirmó que información de ‘chuzadas’ fue requerida por Álvaro Uribe”. Disponible en la red de Internet: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-229925-martha-leal-dice-penate-afirmo-informacion-de-chuzadas-fue-requeri

FUENTE:

Semanario Virtual Caja de Herramientas

http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0229/index%20-%20pagina%202.html

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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