Tierra, Guerra y Paz

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Por: José Girón Sierra

Se trata sin duda de una de las tríadas de mayor calado estructural cuando se hace referencia al conflicto armado que vive la sociedad colombiana que, como lo he señalado de manera reiterada, de ser tan viejo ni siquiera se le reconoce. El actual Presidente en su campaña hizo público un programa de gobierno de 110 puntos, (10 más que los presentados por el Presidente Uribe) y consignó en su numeral 64: “La tierra para quien la quiera trabajar”

“A través de la extinción de dominio, las familias campesinas tendrán acceso a tierras que en algún momento fueron adquiridas por la delincuencia, teniendo como meta dos millones de hectáreas distribuidas. En los municipios de mayor desplazamiento, los gobiernos municipales y los jueces deberán contribuir a restablecer los derechos de las víctimas. La tierra no será para especular o mantener inactiva. Castigaremos la posesión ociosa de este activo invaluable”.

Y en su discurso de posesión: “Presentaremos al congreso un proyecto de ley de tierras, y aceleraremos los mecanismos de extinción de dominio, para que las tierras que el Estado les ha incautado a los criminales, y las que les vamos a incautar, regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y sudor”.

Alrededor de estos postulados se han movilizado una gran cantidad de opiniones: algunos no ocultan su optimismo y esperanza, otros, entre sorpresa y  escepticismo no dejan de explicitar una buena dosis de incredulidad ante la reiterada condición “promesera” de nuestros gobernantes y la omisión a veces sospechosa de las lógicas del poder. Las razones son apenas obvias: intentos fracasados como los de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, partieron de un diagnóstico acertado al identificar el marcado monopolio de la tierra por unos pocos como uno de los mayores obstáculos al desarrollo y a la paz, pero la resistencia del poder de los terratenientes no pudo ser doblegada y sus políticas terminaron por tocar sólo de manera limitada una estructura que no sólo se mantiene sino que se ha profundizado.

Manuel Marulanda Vélez es sin duda el ícono de esa amplia masa de campesinos que se atrevieron a reivindicar su derecho a la tierra y que la indolencia oficial y la mezquindad de los dueños monopólicos obligó a resistir y hasta armarse para defenderse del destierro y exterminio. El conflicto armado colombiano hunde pues sus raíces en esa lucha por la tierra y por ello esa mezcla contradictoria de sentimiento de optimismo, sorpresa, escepticismo y la incredulidad. Al igual que Santos, López y Lleras llegaron al gobierno gozando de una votación legitimadora, sin embargo, el poder del ejecutivo no fue suficiente y todo quedó en buenas intenciones ¿Se repetirá la historia?

Ante las sorpresivas decisiones de Santos en sus primeros treinta días de gobierno en materia de política exterior, relación con la justicia, los partidos y el Congreso con rasgos inequívocos de una vocación reformista, distintos analistas han aconsejado un moderado optimismo pero sin ingenuidad, pues si bien el cambio de un estilo camorrero como el de Uribe a otro mas dialogante ya es una ganancia, los compromisos adquiridos en aspectos tan neurálgicos como el de la tierra no pueden pasar desapercibidos.

El presidente Santos nos ha retrotraído a la consigna levantada por el movimiento campesino en su primer mandato promulgado por la ANUC en 1971: “La tierra para quien la Trabaja”. Su propuesta, que no parece girar en torno a una reforma agraria de fondo sino más bien a una política reparadora, esto es, devolverle la tierra a quienes fueron despojados por paramilitares y narcotraficantes, no deja de ser interesante y no menos compleja. Los nuevos y los viejos dueños no son los más defensores de la legalidad, gozan de sus propios ejércitos y si no existen los crean si es necesario y harán uso de los mejores aprendizajes que les aportó una guerra de despojo inmisericorde, pero también, la legalidad no les es adversa, la representación en el Congreso que es afín a sus intereses no vacilará en darle la espalda a un gobierno que, en algún grado, se les ha “mariado” y buscará por todos los medios a su alcance torpedear una ley de tierras profundamente ajena a sus intereses.

La solución negociada del conflicto armado viene de atravesar con la “Seguridad Democrática” su peor momento. No es posible renunciar a ella pues se trata de un valor ético y político para quienes no creemos en la guerra, pero colocado sobre el tapete el tema de la tierra, éste debe ocupar un lugar de primer orden en la agenda del movimiento social por la paz y de los demócratas en general. Es preciso que la movilización social y política apunte a que esta ley se concrete en los términos planteados por las víctimas y el gobierno logre, si no remover, por lo menos  debilitar de verdad uno de los argumentos más fuertes de cuantos han justificado la guerra, con ello, habremos avanzado un gran trecho en materia de construcción de la paz y en la democratización de la sociedad.

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

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