Después del ‘show’ mediático del Gobierno, nada cambia en la emergencia social

Deja un comentario

Las últimas semanas el presidente Uribe se dedicó de lleno a defender los decretos de la emergencia social en salud. Estuvo en programas de radio, atendió a grupos de médicos e incluso contestó el teléfono del ‘call-center’ del Ministerio de la Protección Social durante el fin de semana. Pero es poco lo que queda después de este ruido. De todo lo que dijo y aclaró y prometió para bajarle la temperatura a las críticas, prácticamente nada cambia en comparación con las medidas iniciales.

Así el Gobierno quisiera echar para atrás las cosas que el Presidente ha prometido, en la práctica no es posible ni lo ha hecho. Todo se ha quedado en declaraciones públicas y en unos decretos – igual de improvisados a los iniciales – que son inocuos.

La emergencia fue declarada el 23 de diciembre y se venció 30 días después (el Gobierno no pidió prórroga). Sólo durante ese tiempo el Gobierno podía expedir decretos con fuerza de ley. Y estas medidas, al contrario de lo que alguna gente piensa, no son temporales. Son leyes comunes y corrientes que deben ser modificadas o derogadas por el Congreso nuevo que será electo en tres semanas. Entonces, más allá de las declaraciones del Presidente, las medidas se tendrán que aplicar hasta que el Congreso decida lo contrario.

Del origen de la emergencia a los regaños del Presidente

Como La Silla Vacía contó anteriormente, la idea de la emergencia fue del presidente Uribe y no del ministro Palacio, y tenía como propósito principal generar mayores recursos para el régimen subsidiado de salud y los entes territoriales. Que había una crisis en el sector es algo que nadie discutía.

“Después de que el Presidente dio la orden de decretar la emergencia, el ministro Palacio y sus asesores aprovecharon para meter en la reforma todos los temas imaginables”, contó a La Silla Vacía una fuente del Ministerio que prefirió no revelar su identidad. El problema ha sido tan grave, que dentro del propio Ministerio se preguntan quién fue el cerebro de algunas medidas – como la del uso de las cesantías – y cómo van a salir a explicarlas y defenderlas ante la Corte Constitucional.

De ahí la molestia de Uribe. Pero lo que nadie se explica es por qué si no le gustaban firmó los decretos o por qué pasaron por la Secretaría Jurídica de la Presidencia sin que nadie prendiera las alarmas que ahora suenan.

Frente a la avalancha de protestas, críticas y marchas contra los decretos, el Presidente optó por regañar al ministro Diego Palacio y atenuar y explicar tres temas particularmente sensibles de la reforma: la autonomía de los médicos, el uso de las cesantías para pagar procedimientos médicos, y el cubrimiento de las enfermedades catastróficas o de alto costo.

En este proceso de “pedagogía” – como lo ha calificado el Gobierno – Uribe ha sido especialmente cauteloso en que esto no se entienda como un “reversazo”, que es lo que varios medios salieron a decir como si fuera una buena noticia. La razón es simple: que se perciba que el Gobierno quiere echar para atrás las medidas tomadas bajo el amparo de la emergencia sembraría aún más dudas en la Corte Constitucional frente al carácter urgente de la situación. Y, como se sabe, la Corte tiene la última palabra frente a estos decretos.

Estos son los tres temas en que el presidente Uribe prometió cambios y en lo que realmente quedaron.

1. Uso de las cesantías en saludSegún el decreto-ley 128, “para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de cesantías”.

¿Qué dijo Uribe?

“A los compatriotas enfermos crónicos, aquellos que están preocupados por las enfermedades catastróficas de alto costo, les hago llegar este mensaje: al no desmejorar el Plan Obligatorio, nada se desmejora para ellos”, dijo el Presidente el 4 de febrero pasado en un evento del diario ‘El Colombiano’, de Medellín.

Sobre este punto, el Gobierno expidió dos decretos posteriores, ambos de un artículo, que poco o nada añaden. Simplemente dicen que los planes de salud deberán “promover” la salud y “proteger” la maternidad, entre otras cosas.

¿Qué quedó?

El nuevo POS no se ha expedido. Los decretos establecen unos lineamientos para que éste se expida, y estas medidas entrarán a regir en unos meses.

Estos lineamientos, en principio, hacen pensar que el POS nuevo sí será más restrictivo. De acuerdo con el decreto, el nuevo POS deberá contener una lista específica de medicamentos y procedimientos, donde podrían quedar por fuera tratamientos de enfermedades de alto costo. De todas formas, aún es prematuro concluir cómo quedará en definitiva.

Lo que sí está claro es que para acceder a lo que no está en el POS se deberá pasar por un comité, después de una revisión de la capacidad de pago de la persona, su patrimonio y el de su familia. Incluso, como se explicó arriba, se tendrá que hacer uso de las cesantías. Algo definitivamente más desfavorable a lo que había.

2. Autonomía de los médicos

Los médicos y odontólogos que se aparten sin justa causa de los estándares y la doctrina científica podrán ser multados (entre 10 y 50 salarios mínimos). El decreto-ley 131 creó el Organismo Técnico Científico en Salud, que tiene la función de definir con las asociaciones científicas y médicas estos estándares, que obligatoriamente deben seguir todos los actores del sistema de salud.¿Qué dijo Uribe?

Ante las airadas protestas del gremio médico, el Gobierno trató de matizar lo inicialmente previsto. A través de un decreto reglamentario, que expidió el 4 de febrero, estableció que los estándares eran apenas “referentes indicativos”. Y atenuó la circunstancias para que las multas operen.

Uribe incluso celebró públicamente ese mismo día la expedición del decreto que, según él, había sido consensuado con las asociaciones científicas.

Unos días después, el 16 de febrero, el Presidente aceptó, que se “retirara” la medida de imponer multas a los médicos: “[este] no es un punto esencial y si se respetan todos los otros y el Congreso quita lo de las multas, el Gobierno lo comparte”, afirmó.

Para rematar, el representante Roy Barreras también afirmó que ya estaba pactado con el Presidente que el Congreso las tumbaría.

¿Qué quedó?

La norma original establece que los estándares son obligatorios y no simplemente un referente. En ese sentido, esta nueva norma no reglamenta el tema, como argumentaría el Gobierno, sino que lo modifica. Algo que no puede hacerse.

Por esa razón, en el Ministerio de Protección Social ha habido discusiones internas frente a cómo justificar este decreto reglamentario ante las instancias judiciales.

Por otro lado, las declaraciones del Presidente y del representante Barreras son, al igual que en el punto anterior, un saludo a la bandera. Que el Congreso decida modificar esto, posiblemente bajo un nuevo Gobierno, no depende de ellos. Si acaso podrían presentar un proyecto de ley para cambiarlo. Pero mientras tanto, los médicos podrán ser multados.

Vea también: Los decretos de emergencia social: una reforma al sector salud por la puerta de atrás
Más información en https://reexistencia.wordpress.com/2010/02/17/salud-publica-peligro-de-muerte/

Autor: reexistencia

«Las elecciones pasan, los gobiernos pasan. La resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo. Nada más, pero nada menos» Subcomandante Insurgente Marcos

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s