El martes 14 de febrero de 2012 en horas de la mañana fueron desalojados cerca de 300 pescadores y habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo quienes protestaban en defensa de su territorio y por las consecuencias negativas de este megaproyecto. Uno de los pobladores perdió un ojo a causa de la acción policial.

Desde el mes de enero sectores de transportadores y comerciantes, además de las comunidades organizadas en la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), desarrollaron un paro cívico en el occidente del departamento del Huila mediante el cual exigieron la convocatoria inmediata de una audiencia pública ambiental, la suspensión de la licencia ambiental a las multinacionales Emgesa por su proyecto hidroeléctrico El Quimbo y Emerald Energy por la explotación petrolera en la región. Asimismo, reclamaron la construcción inmediata del puente Paso el Colegio y la reparación de las vías Yaguará-Íquira-Pacarní y La Plata–Garzón.Desde entonces manifestantes y delegados del Ministerio del Medio Ambiente, alcaldes y la Gobernadora del Huila, Cielo Gonzáles Villa, han mantenido conversaciones en diversas mesas de diálogo. Sin embargo, la comunidad afectada explica que los diálogos terminaron debido a la falta de garantías de parte de las autoridades.

Según informa Miller Dussan (Asoquimbo), la organización opositora del proyecto hidroeléctrico que pretende desviar el río Magdalena dialogó el 13 de febrero con el viceministro de Interior, Juan Fernando Londoño, sobre la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental para el proyecto El Quimbo. El viceministro informó que aún no había obtenido comunicación con ese despacho lo cual, según Dussan, hizo fracasar la mediación del Ministerio de Interior.

El 8 de febrero el ministro del Interior había comunicado a la delegación de Asoquimbo que no podía hacer nada frente a la orden de desalojo firmada por el alcalde de Paicol. Como respuesta al anuncio, Asoquimbo radicó en el Ministerio del Interior un amparo policivo contra Emgesa por la defensa de la soberanía sobre los ríos y la pesca artesanal, en el cual aclaraba que ese recurso ya había sido interpuesto incluso en la Alcaldía de Paicol sin obtener respuesta alguna. Asoquimbo ratificó que respetaría el debido proceso y se sometería al Estado Social de Derecho.

El desalojo

Tras el cierre del diálogo, la multinacional Emgesa mediante un amparo policivo otorgado por la Alcaldía de Paicol consiguió el desalojo de los pobladores que se encontraban a orillas del río Magdalena en la vereda Domingo Arias. Dicha diligencia judicial estaba dirigida a la zona conocida como La Dispensa, a pesar de que los manifestantes se encuentran en La Esperanza. Según Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo, dicha diligencia va contra «personas inciertas e indeterminadas», violando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Aunque la actitud de los manifestantes fue cogerse de las manos para abrazar el río Magdalena la Fuerza Pública lanzaba gases lacrimógenos. Fruto de la acción policial tres personas fueron heridas y una de ellas con una lesión que según reporte del Hospital Universitario de Neiva perdió su ojo derecho. Igualmente, durante la diligencia se encontraban mujeres en estado de embarazo y adultos mayores que fueron violentados.

Reacciones

Según el ministro de Ambiente, Frank Pearl, en entrevista a Radio Nacional de Colombia del día 14 de febrero, los campesinos han incumplido a tres reuniones y mantuvieron las vías de hecho. Además, según Pearl, no encontraron irregularidades para retirar la licencia ambiental a la multinacional.

El general Segura, comandante de la Regional Dos de la Policía Nacional, ordenó la restricción del acceso al puente Paso el Colegio ubicado en el municipio de La Plata para impedir el ingreso a las personas y los vehículos que no fueran personal de la multinacional. La vía también fue cerrada para Elsa Ardila, representante legal de Asoquimbo, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, observadores internacionales y la prensa alternativa; el general Segura afirmó al diario La Nación que esto obedeció a un acordonamiento especial de seguridad que se realizaba en el área.

Miller Dussan, miembro de Asoquimbo, anunció que Asoquimbo instaurará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que la convocatoria a una movilización regional para seguir rechazando el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Los hermanos Vargas Lleras

Asoquimbo solicita que se clarifiquen las razones por las cuales el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se declaró «impotente» ante decisiones y actuaciones de otras instancias que afectaron la integridad física de la población vulnerando derechos como la libertad de organización, de movilidad, de prensa y de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Miller Dussan sostiene que «la claridad obedece a que su hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de CODENSA que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá y Emgesa a quien el Gobierno colombiano le concesionó el proyecto hidroeléctrico El Quimbo».

«Sin oro y sin plata podemos vivir, pero sin agua y sin tranquilidad no». En la vereda El Volador (Arboleda) pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La compañía minera Gran Colombia Gold regaló material escolar a las niñas y niños de esa misma escuela y en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga». Los próximos 28 y 29 de febrero tiene lugar un foro en la Universidad de Nariño (Pasto) para sentar la mesa de interlocución con el Gobierno departamental y nacional.

Parte de la población de los municipios de San Lorenzo y Berruecos (conocido hoy como Arboleda) denuncia el deterioro del tejido social y la contaminación del medio ambiente a causa de las exploraciones de la compañía minera Gran Colombia Gold. Desde hace más de 15 meses esta compañía realiza excavaciones en diferentes veredas de estos municipios en busca de oro y plata, aunque deducen sus habitantes que las exploraciones conducen a la búsqueda de todo tipo de mineral. Rodrigo, habitante de El Volador (vereda de Arboleda) dice que han encontrado también cobre y piedra caliza (componente del cemento) en la región.

En estos municipios ubicados a tres horas al nororiente de Pasto (capital nariñense) viven alrededor de 19.000 campesinos y campesinas, trabajadores de la tierra que generación tras generación se han dedicado a las labores de la agricultura durante ya varios siglos y nunca se han acostumbrado a la labor minera. Afirman que antes de que llegara la minería no tenían mayor conocimiento de lo que guardaban bajo el suelo sus tierras hasta que las exploraciones empezaron a darle un nuevo uso a los suelos y generaron en los pobladores grandes incertidumbres y conflictos al ofrecer dinero, empleo y contraprestaciones por la exploración del territorio.

Parte superior de las plataformas de exploración derribads por la población.

Desde que llegaron los mineros en el primer semestre de 2011los pobladores denuncian el silencio de la Gran Colombia Gold. También acusan al alcalde saliente de Arboleda, Ciro Rafael Delgado, y al ex gobernador y hoy secretario de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, de no haber socializado nunca la llegada de la minera al territorio y permitir a través de Ingeominas y Corponariño (Corporación para el cuidado del medio ambiente en Nariño) la concesión de terrenos y sus recursos hídricos.

Durante los primeros meses, el campesinado sólo veía personas subir y bajar por las veredas cargando equipos, midiendo, observando. Aseguran que nunca hubo previo aviso a las comunidades de lo que iba a suceder; el desconocimiento fue evidente hasta que la minera vio la necesidad de entrar a las fincas y pedir permisos con remuneraciones económicas para realizar su trabajo. Uno de los campesinos afectados, miembro de la Pastoral Social, menciona cómo la Mazamorras Gold (nombre del proyecto de la empresa en la zona) no informa adecuadamente: «A los dueños de los terrenos se les ha ido con los cuenticos de que iban a abrir un huequito así no más y que luego ellos se iban; y ahorita les dicen que los quieren despojar de sus propios tierras».

Empleos con la minera y conflictos

Los trabajos que la empresa ofreció a los pobladores fueron de tres tipos: obrero, encargado de cargar equipos, materiales, herramientas, abrir caminos y todo el trabajo pesado que necesiten los ingenieros; vigilancia, que se encarga de cuidar los equipos, los campamentos, las plataformas y los asentamientos de los ingenieros; y trabajo social, mujeres en su mayoría que se encargan de la inclusión social aunque los pobladores aseguran que su tarea es «convencer al resto de los “beneficios” de la misma».

Uno de los trabajadores retirados de las labores de la mina amplía la situación de los obreros: «Hubimos varios trabajando; la primera quincena entramos 65 y salimos la mayoría los cuales estamos en contra porque nos dimos cuenta del mal que causa. Y quienes están trabajando allá son personas que no son de la vereda y no están acostumbradas al trabajo del campo; por eso a ellos les duele que la empresa se vaya».

Los obreros tuvieron al principio de sus labores un sueldo alrededor de entre 30.000 y 40.000 pesos diarios, tres veces más que su jornal por el trabajo en las fincas, cifra que después de los enfrentamientos con la comunidad en octubre de 2011 fue multiplicada hasta por dos y por tres. De igual manera sucedió con los otros trabajadores. Tras esos hechos la empresa organizó una manifestación donde presionaba a los trabajadores a que participaran con sus familias. Hoy en día unas 15 personas de la comunidad están presentando denuncias ante instancias judiciales por las amenazas que dicen haber recibido por el personal de vigilancia de la empresa.

Efectos devastadores en la agricultura

La sensación entre la población es que desde la llegada de la empresa los efectos han sido devastadores y están tomando un ritmo desalentador. Los pobladores han visto como el tejido social de su comunidad se viene desmoronando poco a poco; hacen notar con frecuencia su preocupación al ver cómo se destruye la comunidad debido a las confrontaciones entre la población local y los trabajadores de la mina. De estos últimos muchos también son pobladores lo que convierte el conflicto en muchas ocasiones en conflictos familiares o entre vecinos.

Estas comunidades siempre se han dedicado a la agricultura, al oficio de la tierra, y cultivan en su mayoría el café, mercado principal para el comercio junto a la Asociación Nacional de Cafeteros, y producen de igual manera plátano, papa, frijol, maíz, oyoco, trigo, yuca, guaba, algunas frutas y hortalizas propias de su clima templado para su propia alimentación. Las grandes extensiones de tierra vistas desde los altos de las montañas están en su mayoría cultivadas y en sus laderas viven varias familias. Entre sus cumbres detrás de la vista fiel de las carreteras se encuentran pueblos como Santa Marta con pobladores de más de cien años.

El campesinado de la región se queja de las continuas valoraciones de los ingenieros de la mina que afirman que sus terrenos, donde se van a realizar las explotaciones, no son nada más que monte espeso sin trabajar. Al contrario de ello, y si el lente de la cámara no engaña, era fácil divisar en cada montaña grandes extensiones de tierra cultivada.

Una de las grandes preocupaciones es lo qué sucederá con los terrenos donde han habitado durante años. El campesinado conoce el discurso del Estado sobre la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Artículo 332, Constitución Política de Colombia) y cómo este argumento es un pretexto para expropiarles las tierras y entregárselas a una multinacional extranjera para que la explote. Pero las familias campesinas se preguntan a dónde irán a parar las familias campesinas y bajo qué condiciones. Desconocen qué es el desplazamiento y no lo quieren experimentar; han trabajado esa tierra durante años y no pueden entender por qué ahora, bajo el pretexto de la minería, les van a quitar todo lo que han obtenido.

Plataformas y expansión de la mina

El proyecto Mazamorras Gold inició su primer trabajo en la vereda Bolívar (municipio de Arboleda) donde consiguió los terrenos para realizar la exploración con el alquiler de un pedazo de tierra de menos de diez metros cuadrados. Allá colocaron sus máquinas de perforación, que alcanza de 500 a 700 metros de profundidad, y desde allí fueron buscando otras fincas donde instalarse e iniciar más perforaciones. Así, abrieron caminos, hicieron trochas y bombearon el agua del río Mazamorras para sus tareas: las máquinas sonaban las 24 horas del día en busca de los minerales. Según rumores de la población, la empresa ha encontrado varios minerales a lo largo y ancho del territorio. Hoy en día se han extendido a diversas veredas como Olaya, Yunguilla o Salado con múltiples plataformas de exploración.

En la vereda El Volador pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La empresa regaló material escolar y juguetes a las niñas y niños de esa misma escuela en diciembre de 2011; en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga».

El funcionamiento de estas plataformas es el siguiente: los ingenieros determinan los sitios en los que seguramente hallarán los minerales, instalan allí una pequeña base, llamada plataforma, con un sistema de taladro que perfora y succiona todos los residuos de la exploración. La succión se hace a través del bombeo utilizando para esto el agua de las quebradas o del río Mazamorras. La cantidad utilizada para una bomba hidráulica es de 246 litros por minuto para una máquina de perforación como la kmB 1.4 de Versadrill Canada; su consumo diario sería de 354.240 litros.

«Son unos tubos de tres pulgadas que la maquinaria va impulsando, un taladro, y ahí le van echando químicos y la piedra va saliendo un poco y ahí la vuelve y la endurece y si les salía tierra no les servía. Todos los residuos con cianuro los tiraban a la quebrada con mangueras de retorno y ellos decían que eso en poquita cantidad no era malo», cuenta uno de los trabajadores que decidió retirarse de la minera.

Según los estudios realizados por el Referendo por el Agua —propuesta desde diferentes organizaciones sociales que buscan transformar algunos artículos de la Constitución para que el acceso al agua sea un derecho fundamental— el consumo mensual por domicilio entre los estratos 1 y 4 de una ciudad como Bogotá es de 15 m³, lo que daría un consumo diario de 500 litros por domicilio en las grandes ciudades. Entonces el consumo diario de una máquina de exploración es equivalente al consumo de 708,48 domicilios al día, la cual es sustancialmente mayor al consumo por usuario en un municipio de índole rural.

El nombre de esta exploración, Mazamorras Gold, fue acuñado por el nombre del río Mazamorras que discurre por la zona montañosa de varios municipios del norte de Nariño y desemboca en el río Juananbú. El río obtuvo su nombre en la época de la Colonia ya que los senderos a su alrededor eran un paso obligatorio para los caminantes por lo que las mujeres se apostaban a lado y lado del río a brindar platos de mazamorra, un tipo de maíz cultivado por las culturas indígenas suramericanas. Los pobladores no creen que la Gran Colombia Gold sepa esto, pero lo que sí les preocupa es que los señores de la mina se muestran en los noticieros y en su página de internet como los dueños de ese territorio.

La Marucha

«El agua lo es todo, es la madre, el padre y la esperanza, cuando ella no esté no habrá nada más a su alrededor, sólo un inmenso desierto que ocultará la sangre de quienes lucharon por defenderla», según Don Tomás. Entre San Lorenzo y Arboleda, junto a la torre de comunicaciones de estas poblaciones, está La Marucha, una pequeña laguna a simple vista que es capaz de alimentar a miles de pobladores del sector. Sus aguas riegan los municipios de San Lorenzo, Buesaco y Arboleda regando los cultivos y brindando agua clara y limpia. Detrás de ella los mitos no esperan y todos saben que ella es brava y cuando brama anuncia la lluvia. «No es pertinente molestarla, porque ella se enfurece y hace temblar la tierra», dice Don Gerardo, uno de los más viejos pobladores de la región. También nos contó sobre la gallina de los pollos de oro que ronda por La Marucha y nunca se deja atrapar; cada vez que la quieren coger se va para el medio de la laguna y se pierde en sus profundidades. Seguramente durante siglos ha calmado la sed de estos terrenos del macizo colombiano.

Uno de los pobladores intentó tapar La Marucha tirándole un monte encima. Después de este suceso los habitantes realizaron una jornada para rescatarla y lograron sacarle grandes cantidades de tierra e incluso pedazos de árboles para poder destaparla. Dicen que duraron más de dos semanas en estas tareas hasta que al fin La Marucha volvió a resurgir.

La Marucha queda a dos horas de camino monte arriba desde la población más cercana que es Santa Marta; la mística alrededor de la laguna para sus pobladores no tiene precio, al parecer ni todo el oro que les pueda ofrecer la mina por ella. La Marucha en estos momentos es propiedad estatal y manejada o controlada por Corponariño. El campesinado sabe que el Estado puede entregar sus propiedades a quien quiera a través de la expropiación y reventa de los predios como regulan los artículos 332 y 333 de la Constitución Política y el actual Código Minero; después de esto se pregunta si el Estado es la comunidad o quién es el Estado. Pero en cuanto a La Marucha, los pobladores entienden que el Estado se la quita a la comunidad para entregarla a las multinacionales extranjeras, tal y como sucede con las quebradas que salen de La Marucha y que están siendo usadas para el bombeo de agua para la exploración minera.

El papel del Estado

El Estado ha venido comprando o expropiando terrenos en todo el territorio nacional bajo la normativa de la Ley 685 de 2001, actual Código Minero modificado por la Ley 1382 de febrero de 2010, en donde se estipula la reglamentación propia para el trabajo minero. Según Carlos Duarte en su investigación Cronologías legislativas del subsuelo en Colombia, esa legislación tuvo la asesoría directa de CEMEX, HOLCIM, Ladrillera Santafé —empresas cementeras y vinculadas al negocio de la construcción— y el patrocinio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo internacional y el Banco Mundial.

Esta nueva redacción de la Ley otorgó las mismas garantías a las compañías extranjeras frente a las nacionales sobre la propiedad de la tierra y la explotación. Cuatro artículos podrían resumir de manera escueta la finalidad del cambio de la norma: el artículo 4 establece la autoridad completa del Estado de explotar en cualquier sitio del país definiendo la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos; y los artículos 18, 19 y 20 le otorgan a las compañías o personas extranjeras los mismos derechos de explotación que los tenidos por capitales nacionales.

Reducción de salvaguardas ambientales y sociales, de las regalías y de impuestos para las compañías privadas son las consecuencias de esta nueva Ley. Carlos Duarte recoge datos valiosos acerca del uso de recursos públicos de Canadá para intervenir en el cambio de las legislaciones mineras en Colombia y África. El Gobierno canadiense contrata un equipo de abogados para coordinar con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial el asesoramiento en la elaboración del Código Minero.

Al respecto esta es una parte del discurso del diputado Bernard Bigras (Bloque Quebequense) del parlamento canadiense presentado en la investigación del académico Carlos Duarte: «A través de su Proyecto de Energía, Minería y Medio Ambiente, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) proporcionó apoyo técnico y financiero para volver a redactar la legislación minera de Colombia. La versión revisada del Código de Minería del 2001 fue adoptada sin consultar con los potenciales afectados como las comunidades indígenas. Este código creo condiciones de inversión que son sumamente favorables a las empresas extranjeras. El código del 2001 ha debilitado un número importante de las salvaguardias ambientales y sociales y ha creado importantes incentivos económicos reduciendo dramáticamente las regalías mineras y reduciendo los impuestos para las compañías privadas».

La preocupación del campesinado deriva de las formas estatales para expropiar los terrenos para uso minero. Recuerdan lo sucedido en el mes de octubre de 2011 cuando el Estado se encargó de enviar la Fuerza Pública para proteger los campamentos de la mina, hecho que generó contradicción a una población que asumía que el Estado está para proteger a la ciudadanía y no para reprimirla.

«Si ellos siguen trabajando, contaminan las aguas y los terrenos ya quedan un desierto, pues acaban los minerales que mantienen las plantas y nos mantienen a la gente también con la siembra». La minera argumenta que la exploración y explotación subterránea afecta mínimamente el ambiente y los suelos donde realizan su trabajo. Pero los pobladores se preguntan: ¿cómo van hacer si han explotado el subsuelo?, ¿dónde se asienta el suelo?, ¿vamos a cultivar en el aire? y ¿acaso las plantas y los cultivos no necesitan de los minerales que hay bajo la tierra para poder crecer, producir y reproducirse?

Por Ángela Bonilla

Para construir la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, será necesario inundar un área mayor que el tamaño de Pereira. La obra, según sus opositores, se construirá a costa de diversas alteraciones y cambios sociales, ambientales, económicos y culturales, a seis municipios: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol; cubriendo un total de 8.586 hectáreas que serían inundadas. Como si fuera poco, el río Magdalena -principal corriente hídrica del país-, tendrá que ser desviado.

La hidroeléctrica El Quimbo está siendo construida por multinacional española-chilena Endesa, a través de su filial Emgesa en el Huila.

Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (COMPES), definió la construcción de varias hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación y además, autorizó por tiempo indefinido a la empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, a presentar y construir su nuevo proyecto para la producción y abastecimiento de energía sobre el rio Magdalena en el Huila, a 1.300 metros aguas arriba de la desembocadura del río Páez en el río Magdalena, al sur del embalse de Betania.

“El Quimbo es el único proyecto hidroeléctrico en Colombia que tiene la naturaleza de ser unipropósito, o sea, solo para la generación de energía. En la mesa de concertación se ha criticado mucho esto, porque las características de todos estos mega proyectos deben de estar asociados a otras estrategias de desarrollo que favorezcan directamente la región”, expresa Miller Dussán, miembro del Movimiento Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.

El proyecto tendrá un costo cercano a los 700 millones de dólares y generará 2.216 gigavatios, lo que equivale a cubrir, actualmente, cerca del 5 por ciento de la demanda eléctrica total del país

Sin concertación previa

Cuando se expidió la resolución 321 del 1 de septiembre de 2008, se declararon de utilidad pública e interés social “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto”. Esto se hizo sin la notificación previa a las comunidades afectadas y sin la licencia ambiental, lo que generó desconcierto y molestia al interior de la población.

Gracias a la resolución, Emgensa puede reclamar las tierras que sean necesarias, en caso de que los titulares de los bienes se nieguen a vender. La resolución 321 se expidió sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo, que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonia, debido a que sólo le corresponde al legislador regular lo relativo a la extinción, modificación o sustracción de éstas áreas de reserva (Ley 2 de 1959).

Dussán habla sobre los proyectos hidroeléctricos en el río Magdalena:

Por comenzar las obras sin tener la licencia ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, mediante la resolución 227 del 11 de febrero de 2009, le formuló cargos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin previa autorización.

En una nota emitida por el noticiero RCN, el 13 de abril de 2009, se denuncia la construcción del túnel de desviación del rio Magdalena, obra que se inició sin tener el permiso. Juan Lozano, ex ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, en el Congreso de la Republica se refirió sobre el tema y esto dijo: “lo primero, y lo digo sin rodeos, tengan todos la certeza absoluta de que el Ministerio procederá con honradez, con transparencia y con diligencia, y evitara que el proceso de licenciamiento se traduzca en feriar una autorización, o en entregar un permiso de obra”.

El Quimbo se realizará en tres etapas, una de ellas es la construcción de un túnel que servirá para desviar el río Magdalena.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en uno de sus boletines de prensa en el 2009 dijo lo siguiente:

“El que nos hayamos retirado de la mesa de concertación, no quiere decir que nos hemos alejado del proceso de licenciamiento. Con toda la información que ha entregado la compañía al Ministerio de Ambiente y a nosotros, la cual hemos evaluado y analizado, tenemos una versión muy real que arroja una grave afectación ambiental”, afirma Rey Ariel Borbón Ardila, Director General de la CAM.

Otro hecho irregular en relación con el proyecto, fue denunciado el 31 de agosto de 2009, pues se publicaron varias fotografías en donde se alertaba sobre la existencia de campos minados permitidos por Emgensa en la zona de la represa de Betania. Luego de la denuncia, tanto la empresa como el Ejército se disculparon y retiraron los avisos.

Las consecuencias que traería el megaproyecto

1. Impacto socio-económico:

Según José Ávila, parcelero de la región, “se nos dañó el proyecto de vida, no tenernos trabajo y por eso los bancos no nos dan préstamos para comprar más ganado, tenemos 15 hectáreas que son de 19 familias que vivimos del ganado, sembramos pero todos los proyectos se nos han dañado. Emgensa no se ha pronunciado, solo nos dijeron una propuesta, pero no se ven los hechos y por eso no le firmamos nada a ellos”.

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios (en Gigante, Garzón y  Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas. Actualmente se siembra cacao, arroz, sorgo y maíz.

• Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.

• Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (el municipio de El Agrado perdería 30 por ciento de participación).

• Inundación e inutilización de vías primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.

• Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.

• Se perderían 1.466 puestos de trabajo.

• Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios).

• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.

• Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).

• El embalse, por la elevación del nivel del agua, dejaría incomunicados a varios territorios entre sí.

• En esas 9.000 hectáreas viven cerca de 500 familias, que son grandes y pequeños productores agropecuarios, jornaleros, pescadores artesanales, entre otros.

“Nuestra afectación va  a futuro, según los estudios nos va a perjudicar en un promedio de 7 a 10 años por la contaminación de los gases que emiten en las obras, afectando las cosechas de manera directa acabándolas por el verano”, dice Agustín Castro, cafetero de la vereda Rioloro, en Gigante.

“Se nos dañó el proyecto de vida, no tenernos trabajo y por eso los bancos no nos dan préstamos para comprar más ganado”, dice un parcelero de la Región.

2. Perdida Cultural

• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupa la represa y sobre su zona de influencia.

• Privación del Patrimonio Arqueológico y Cultural en su amplia comprensión, que integra además de lo arqueológico, al Patrimonio material e inmaterial.

• La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).

• La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

Tal es el disgusto, que Emilia Muñoz, habitante de Rioloro, asegura que “Emgensa no ha hecho si no atropellarnos, mucha gente se ha muerto de tristeza porque los van a sacar de las tierras, vienen con engaños que firmemos aquí que firmemos allá, pero menos mal que nosotros no hemos firmado nada, porque ellos empezaron viniendo a traer un sándwich, a traer una gaseosa, a traer un pan, y darle a la gente y fírmeme aquí, y todas esas firmas iban para el ministerio; decía todos están contentos, todos están satisfechos, la gente está muy contenta con el proyecto el Quimbo. ¡Mentiras!, eso no era así, ellos engañaron a la gente”.

Emgesa generará hasta 3.000 empleos en la construcción de la hidroeléctrica, pero los lugareños se resisten, pues están el peligro de desaparecer ocho empresas comunitarias.

3. Daños ambientales

• Inundación de 842 hectáreas de bosque ripario, en las orillas de los ríos. Ecosistema sensible único y de los últimos restos de bosque tropical seco de Colombia.

• Destrucción de poblaciones de peces que dependen de corrientes rápidas y son clave para la seguridad alimentaria local y la biodiversidad en otras especies.

• El desplazamiento de ecosistemas ambientales de la zona.

• Afectación de la flora, mediante la contaminación de los suelos por químicos a base de plomo.

• El 95 por ciento del área inundada hace parte de la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Amazonia, afecta a 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en peligro: la pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis).

• Contaminación de las aguas del rio Magdalena, por los residuos de construcción y de químicos.

• Los gases emitidos por la maquinaria produce emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero.

“Cuando dinamitaron para hacer el túnel de desviación del rio, todos los residuos de eso los tiraron al rio Magdalena, talaron arboles del bosque y los echaron al rio, donde está la obra hay mucho ruido. Ahora último trajeron un ferry para trasladar maquinaria y eso hace mucho ruido y por todo eso los pescados no suben, el Capaz, que es el pez nativo de la represa de Betania. Y en cuanto a Emgensa no nos dan ningún auxilio, ni trabajo para cambiar de vida, solo nos ofrecen proyectos productivos pero no se sabe de qué son, ellos solo hacen reuniones y reuniones para nada”, afirmó Oniel Cruz, pescador de la Jagua, Huila.

Los pescadores en el embalse de Betania se han visto afectados por la construcción de El Quimbo, ya que el Capaz -pez de la zona- no sale a la superficie, lo que dificulta su pesca.

Frente a las problemáticas mencionadas, la Ingeniera Ambiental, especialista en Gestión Ambiental, Liliana Bonilla, da su aporte desde al ángulo de afectación que trae consigo el proyecto hidroeléctrico El Quimbo:

“Los más importantes y graves impactos ambientales negativos generados por la construcción y puesta en marcha de la  hidroeléctrica El Quimbo se dan inicialmente por la alteración y afectación de los recursos naturales. En la remoción de tierra utilizan dinamita compuesta por diferentes químicos, parte de estos quedan en el suelo como residuos, alterando las condiciones naturales de este. Cuando hay presencia de precipitaciones en la zona, estos residuos son arrastrados contaminando fuentes naturales como el rio Magdalena, aguas superficiales y/o subterráneas. Como consecuencia de esta contaminación del agua se verán afectado el ecosistema acuático, la flora y la fauna de la zona”, argumentó la ingeniera.

¿Qué hacen las entidades de control?

La CAM es la entidad que vigila y controla las diferentes alteraciones y afectaciones del medio ambiente  en la obra del proyecto El Quimbo. El subdirector de regulación y calidad ambiental, Carlos Cuéllas dice: “En el proyecto El Quimbo, la CAM ha venido haciendo un seguimiento desde la presentación de documentación para la obtención de la licencia ambiental por parte de Emgensa. Se verificaron los posibles impactos que ellos presentaron en la zona, y que a consideración de esta corporación se sostiene en que son más los impactos que se van a presentar en el trascurso de esta obra. Se verifica actualmente en el proyecto los vertimientos de agua, el tratado y manejo de residuos, el cambio y modificación del plan de manejo ambiental de la empresa. Son de gran importancia  el ámbito social y arqueológico pero estos temas le competen al Ministerio de Ambiente. Los resultados de los seguimientos se remiten al Ministerio de Ambiente y son estos los encargados de las sanciones, la CAM solo vigila y controla”.

Habitantes de Rioloro en el Huila se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.

El gobierno colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, algo previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81: “…en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudios socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno”. Por el contrario, para el otorgamiento de la concesión se basó en estudios realizados por la empresa Emgensa, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el tema, desconocen o no tienen en cuenta aspectos prioritarios para las comunidades y la región.

La Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo– asumió la defensa de los intereses y derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los integrantes en la medida en que estos resultaban perjudicados, amenazados  por las acciones y omisiones derivadas, en forma directa o indirecta, de la construcción del proyecto.

“Asoquimbo defiende los derechos de las personas ubicadas en la zona de influencia del proyecto, todos los afectados son los que tienen propiedades en la zona, afecta su vivienda, sus fuentes de ingreso económico a jornaleros, parceleros, pesqueros, mayordomos, y las personas que tienen sus viviendas en la zona de obras”, cuenta Elsa Muñoz, presidenta de Asoquimbo.

Mientras el proyecto avanza, la sociedad colombiana parece no tener idea del mismo y sobre todo, del enorme impacto que tendrá en territorios y comunidades. El Quimbo, está diseñado para beneficiar a países vecinos y centroamericanos –a través de la interconexión eléctrica–; los entes gubernamentales siguen expectantes y en silencio.

Comunicado público

Mientras el gobierno nacional promociona más supuestas inversiones para proteger a niños, niñas y adolescentes, tres menores indígenas estudiantes y pertenecientes al resguardo de Jambalo sufren el rigor de la violencia en el desarrollo del conflicto armado que azota diariamente los territorios indígenas del norte del Cauca.

Antecedentes:

Los casos de afectación por el accionar de artefactos explosivos en el marco del conflicto armado, donde han resultado heridos menores indígenas, no es algo nuevo y esporádico en las comunidades del norte del Cauca, este tipo de hechos es una constante y ha cobrado varias victimas. Solo en año 2011, resultaron heridos 30 menores en diferentes hechos tales como bombardeos por parte de la fuerza aérea, activación de campos minados instalados por la guerrilla, tomas guerrilleras y, por el accionar de manera accidental de artefactos explosivos abandonados que quedan dispersos en el territorio después de los enfrentamientos armados.Hechos recientes:

Siendo aproximadamente las 10:00 a.m del día siete (07) de febrero del año 2012, en la Institución Educativa, Instituto Técnico Agrícola Jambalo,  tres estudiantes indígenas que responden a los nombres de TIBERIO DAGUA QUITUMBO, YAN CARLOS CUETIA FERNANDEZ Y, EIBAR YAIR PACHO de 10 y 15 años de edad, resultaron heridos al explotar un artefacto explosivo al interior de la Institución Educativa. Tema que esta en proceso de investigación por parte de la autoridad indígena y las demás autoridades competentes.

Situación que la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, rechaza, denuncia y condena, pues siendo nosotros una población indígena que escasamente alcanza el 1.3% de la población colombiana, fuertemente diezmada por el accionar de la guerra, es altamente grave que los actores armados legales e ilegales que operan en nuestros territorios estén asesinando a nuestra niñez. Colombianos y colombianos, los niños y niñas indígenas son la salvaguarda de nuestras culturas, y la pervivencia como pueblos originarios.

En este sentido, llamamos al gobierno, organismos humanitarios u organizaciones defensoras de derechos humanos pronunciarse respecto al tema y tomar las medidas necesarias en términos de proteger a la población civil atrapada en medio del conflicto armado.

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, Santander de Quilichao Cauca, febrero 07 de 2012.

Por Christian Peñuela

El 18 de enero de 1989 fueron asesinados 13 funcionarios de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones forzadas en los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Simacota, del departamento de Santander, a manos de paramilitares aliados con miembros de la Fueza Pública, narcotraficantes y los dueños del poder en la región. Veintitrés años después, los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y maś de 3.000 personas llegaron hasta la vereda La Rochela, ubicada en Simacota, para conmemorar este crimen de lesa humanidad y, de paso, denunciar la impunidad que aún reina en el caso y el incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.

Reivindicando la memoria colectiva

Los participantes en la conmemoración llegaron la noche anterior a Barrancabermeja desde distintos rincones del país, luego de incontables horas de viaje en delegaciones que partieron de Medellín, Bucaramanga, el Magdalena Medio, el Catatumbo y Bogotá. En coliseo del puerto petrolero descansaron, rodeados por un intimidante cordón policial, antes de emprender su camino hasta La Rochela para conmemorar uno de los episodios más tristes de la historia reciente de Colombia.

No era fácil: se trataba del primer acto en memoria de las víctimas que se realizaba en esta vereda, donde los paramilitares impusieron con el terror su domino durante años. Ni el Estado ni ninguna institución había intentado hacer homenaje alguno a los funcionarios judiciales que fueron asesinados allí y le correspondió a los campesinos y a distintas organizaciones defensoras de derechos humanos organizar este acto, realizado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), habitantes de La Rochela, el Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de Derechos Humanos de Barrancabermeja, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Seccional Barrancabermeja y Magdalena Medio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera y la Corporación Humanidad Vigente.

A primeras horas de la mañana, alrededor de treinta buses partieron del coliseo de Barrancabermeja en una caravana que emprendió un recorrido por la memoria y la resistencia hacia La Rochela. Hacia las once de la mañana del miércoles 18 de enero, toda la diversidad de las delegaciones se encontró en la vereda, muy cerca del lugar de la matanza, un lugar que tal vez nunca había recibido tantos visitantes distintos a sus pobladores y que no había tenido posibilidad hasta la fecha de reflexionar adecuadamente sobre lo ocurrido ni de llenarse de recuerdos para pensar en su presente.

El lema “Que el dolor no justifique el olvido” sirvió de excusa para que, hacia el medio día, inicaran las conmemoraciones con el descubrimiento por parte de los familiares de un monumento a los 13 miembros de la comisión judicial masacrada. Luego de esto, el obispo de Barrancabermeja, monseñor Darío Castrillón, ofició una ceremonia religiosa católica y los asistentes participaron en una siembra colectiva de árboles y plantas alrededor del monumento.

Bajo el ardiente sol, hacia las dos de la tarde, una larga marcha tomó rumbo hacia la vía Panamericana, donde los paramilitares cometieron estos crímenes para reforzar con sangre la impunidad de la que ya venían gozando: luego de años de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas que contaron con el beneplácito de algunas de las autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública, no podían permitir que la Fiscalía investigara sus acciones en 25 delitos, que incluían la desaparición y asesinato de 19 comerciantes de la región. En ese lugar se realizó el acto central de la conmemoración, usando una pequeña tarima ubicada al lado de la carretera para los actos culturales y la lectura del documento preparado para la ocasión, mientras la gente escuchaba desde la carretera que ocupaba pacíficamente.

Abelardo Sánchez, integrante de Credhos y quien denunció amenazas contra su vida por este acto de conmemoración, fue el encargado de leer el pronunciamiento. Junto a él se encontraba Amparo Vera, de la comunidad de la vereda La Rochela, quien expuso una serie de exigencias al Estado para que a la población del lugar y los caseríos aledaños les sean restituidos sus derechos como ciudadanos, debido al abandono institucional que han vivido por décadas.

Exigiendo justicia, a pesar de amenazas

Paola Martínez Ortiz, viuda de Luis Orlando Hernández Muñoz –quien hacía parte de la comisión judicial masacrada–, afirmó en nombre de las víctimas que “en estos momentos no consideramos que existan garantías para [que se cumpla] la orden que hace la Corte Constitucional a la Fiscalía para que nos brinde protección. A pesar de haber sido notificada la Fiscalía el 14 de diciembre del año pasado e imponer la corte un plazo de 48 horas para vincularnos [al programa de protección de testigos del Ministerio del Interior] es el momento en que no nos han brindado nada”. Para ella, la reparación económica ofrecida por el Estado no es la principal de las demandas y necesidades de las víctimas y sostuvo que “buscamos una reparación integral: mientras no haya justicia y no se condene a los autores materiales e intelectuales de esta masacre no va haber una reparación para nosotros, los familiares de las víctimas”.

Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para las víctimas, sus abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos que vienen reivindicando la verdad, la justicia y la reparación integral en el caso de La Rochela. El 13 de enero a las 9:30 am, un día después de la rueda de prensa realizada en las instalaciones de Credhos en Barrancabermeja, dos personas encapuchadas en una moto detuvieron a Abelardo Sánchez, integrante de la junta directiva de la organización, en una calle del barrio Torcoroma de esa ciudad y, mientras le apuntaban con un arma de fuego, lo amenazaron para que abandonara la ciudad en menos de 72 horas. De acuerdo con el testimonio de Sánchez, el mensaje del parrillero de la moto era claro: los defensores de derechos humanos debían dejar de “estar denigrando de la Fuerza Pública, que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de Credhos encarcelado –refiriéndose a David Ravelo Crespo, sobre quien pesa un proceso con múltiples irregularidades– y si es necesario darle al resto, pues lo haremos para callarlos”.

Por su parte, Luz Marina Hache Contreras, dirigente sindical de Asonal Judicial e integrante del Movice, conmovida con el homenaje y con la voz entrecortada, denunció que masacres como la de La Rochela y otros casos de violación de derechos humanos son comunes en un país donde muchos funcionarios de la Rama Judicial y defensores de derechos humanos son víctimas de la violencia sociopolítica, el montaje de procesos jurídicos falsos que no respetan el debido proceso y la corrupción estructural de un país donde muchas veces la justicia tiene precio para unos y la muerte para otros. Además, hizo mención sobre la necesidad de crear una unidad en la Fiscalía General de la Nación que realice seguimiento y examen a los procesos judiciales que existan en contra de los defensores de derechos humanos, para determinar si realmente tienen fundamento y se respetan las garantías jurídicas y el debido proceso.

Crímenes de lesa humanidad en total impunidad

Respecto a la impunidad reinante luego de 23 años de cometida la masacre de La Rochela, Ludwing Gómez, secretario de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera de Barrancabermeja, expresó que es indispensable realizar ejercicios de memoria colectiva como éste en aquellos lugares del país donde se ha “negado la verdad y se han perpetrado diferentes masacres que hoy siguen en la total impunidad […] más sabiendo que en la región siguen patrullando grupos paramilitares y el narcotráfico”.

Hasta el momento, la justicia sólo ha procesado a uno de los responsables materiales de la masacre de La Rochela, pero a pesar de todos los indicios no se han establecido las responsabilidades de militares, políticos, narcotraficantes y terratenientes en estos hechos. Se trata del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir’, quien fue condenado en 1990 y confesó su participación en el crimen. Según ‘Vladimir’, la incursión paramilitar a La Rochela hizo parte de las actividades para las que el mercenario israelí Yair Klein capacitó a las autodefensas, sirviendo los 19 comerciantes desaparecidos como “material didáctico” en técnicas de tortura y descuartizamiento para un grupo de entre 180 y 200 hombres de la escuela ‘Cero Uno’, que contó con el apoyo incondicional del narcotraficante Henry de Jesús Pérez, la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) y el conocimiento y complicidad de los generales en retiro Farouk Yanine Díaz, fallecido en 2009; Juan Salcedo Lora, actual presidente  de la Asociación de Oficiales en Retiro (Acore); y Alfonso Vacca Perilla; así como el entonces alcalde militar de Puerto Boyacá, mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y otros militares pertenecientes al Batallón Bárbula y la XIV Brigada de la Segunda División del Ejército. Adicionalmente, ‘Vladimir’ ha reiterado en sus confesiones a la justicia colombiana la participación del exsenador Tiberio Villareal Ramos en estas alianzas.

Yomary Ortegón, abogada del Cajar encargada del caso de la masacre de La Rochela, afirmó que “sólo hasta el año 2009 estos generales fueron llamados a rendir diligencia de indagatoria y con posterioridad a esta decisión no han existido mayores acciones de impulso procesal ni encaminadas a investigar a partícipes, beneficiarios y a los autores de los hechos. Paramilitares como Henry Pérez y Ernesto Báez no han sido investigados, judicializados ni sancionados por la comisión de la masacre”. Respecto a las situaciones de amenaza y hostigamiento de los familiares de las víctimas, Yomary Ortegón asegura que la CIDH ordenó al Estado colombiano adoptar medidas provisionales de protección en su favor, pero hasta el momento no existen garantías judiciales y de seguridad para las familias de las víctimas, pues “cuentan con un esquema de seguridad muy limitado y no hay medidas para reducir los riesgos de amenaza”.

Al final de la tarde, las delegaciones iniciaron el retorno. Para los familiares de las víctimas, sus abogados y los miles de asistentes, la impunidad sigue reinando en el caso de La Rochela y el aparato judicial no se ha atrevido a investigar y sancionar a los determinadores del horror que vivió el Magdalena Medio a manos de los paramilitares. Para ellos, sólo queda seguir denunciando y luchando porque se haga real justicia, se sepa la verdad y se evite que casos como éste vuelvan a repetirse.

Tomado de El Turbión

Doctor:

Medófilo Medina

Bogotá.

Apreciado Profesor:

Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito.

Si me lo permite, muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado. A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC.

Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.

Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio independiente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento. Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.

El por qué de la guerra

El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.

Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.

Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.

Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.

Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen.

Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.

Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.

La democracia colombiana

Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.

Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.

Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.

Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido.

Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática.

Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.

Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada.

Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia.

Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades. Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.

Un escepticismo fundado en la experiencia

Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.

Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.

Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero.

Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.

Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.

Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.

Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.

El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces. Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos.

Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.

Un poco de historia

La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones.

Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él.

También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.

Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame. Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.

Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.

Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.

Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.

Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.

Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.

De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.

Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?

El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.

Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?

Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.

Unas precisiones necesarias

Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno.

Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.

Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.

La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.

¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?

Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.

¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.

Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.

Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales.

En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.

La voluntad sincera de paz

Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.

Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.

En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.

Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.

De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL DIÁLOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.

Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.

Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.

Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.

Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.

¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.

Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.

Una ligera mirada al entorno

No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente. Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas. Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes.

Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas. En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la catorce veces continuas derrotada oposición de ese país. La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte. Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos.

Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en la Guajira y se llama el Cerrejón. Hace casi tres décadas que se anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte. ¿Y los Wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz.

El eterno sambenito

No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país. Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario. Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto.

Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento. Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión. A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras.

Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia. Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar. El gobierno de los Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras. El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas. La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso.

Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero. En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país, a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo,

Cordialmente,

Timoleón Jiménez

Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre de 2011.

Un debate necesario .- Diálogo epistolar

Haz click aquí para leer la carta abierta del historiador Medófilo Medina a Alfonso Cano

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“Francisco Isaías Cifuentes”

DENUNCIA PÚBLICA

En desarrollo de acciones militares arbitrarias, indiscriminadas y sistemáticas. Enfrentamientos armados en zonas pobladas, señalamientos, actos de pillaje, ataque a bienes protegidos (civiles y culturales) y desplazamiento forzado colectivo de pobladores en la Vereda Mugui del Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

HECHOS

Sur occidente de Colombia, Departamento de Nariño, Municipio de Tumaco.

Viernes 20 de Enero de 2012

Corregimiento de Llorente, Vereda Mugui, (zona alta del Rio Mira). Cerca de las 9:00 de la mañana, se inicia un enfrentamiento armado en una zona poblada entre integrantes de la Brigada Móvil No. 19 al mando del sargento corredor e integrantes de la Columna Móvil “Daniel Aldana” de las FARC EP.

En medio de los enfrentamientos armados, los militares de la Brigada Móvil No. 19, algunos de ellos sin insignias de distinción, utilizaron como trinchera de ataque y defensa las instalaciones de la Institución Educativa Mugui, además de la caseta comunal y las viviendas de campesinos de la zona.

Ante la intensidad de los combates, los pobladores trataron de concentrarse en la escuela, pero los integrantes del ejército de Colombia no los dejaron y los sacaron. Adicionalmente les pidieron a los pobladores que salieran del lugar y les dijeron que esta acción la hacían por seguridad.

En un retén que el Ejército del Estado Colombiano había instalado en una de las vías principales un grupo de campesinos que salió del lugar de los enfrentamientos para salvaguardar sus vidas e integridad personal, fueron sometidos a señalamientos, a requisas, obligados a entregar sus documentos de identificación y les tomaron fotografías.

Cuando los enfrentamientos armados cesaron, varias familias campesinas trataron de retornar. Pero un grupo de Militares impidió el retorno a sus propiedades. Varias familias que fueron desplazadas forzosamente se concentraron en el predio del campesino JOSE MAYA.

Sábado 21 de Enero de 2012

Corregimiento de Llorente, Vereda Mugui, integrantes del ejército le dieron a la comunidad que se encontraba concentrada preventivamente, un tiempo de treinta (30) minutos para que recogieran la ropa y luego se fueron. Posteriormente y ante los reclamos de los comuneros los militares les dijeron a los pobladores que podían volver.

Cuando los habitantes del lugar retornaron a sus predios se percataron que el grupo de Militares de la Brigada Móvil No. 19, habían irrumpido arbitrariamente en sus hogares, revolcado la ropa y se robaron algunas pertenencias.

A EMILIO MOSQUERA, tesorero de la junta de acción comunal de la Vereda Mugui, el grupo de militares además de violentarle el domicilio, le revolcaron la ropa y se le robaron 1.200.000 en dinero (de los cuales una era parte de ahorros de la JAC) y los cuadernos de contabilidad. A otro poblador los militares le robaron una navaja, dos lociones y una cadena de oro y plata.

Ante la grave situación humanitaria, cerca de 450 pobladores permanecen concentrados en las instalaciones de la Institución Educativa Mugui. En espera de una comisión de verificación que aparentemente se realizara el próximo lunes 30 de enero de 2012.

FRENTE AL FUNDADO TEMOR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TUMACO Y ANTE EL TEMOR DE LAS COMUNIDADES Y LOS CIUDADANOS AFECTADOS

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Nariño en Cabeza de RAUL DELGADO por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los habitantes del Corregimiento Llorente  en el municipio de Tumaco que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

· El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

AL ESTADO COLOMBIANO

· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de  los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los habitantes del Corregimiento Llorente en el municipio de Tumaco que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

A LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los habitantes del Corregimiento Llorente  en el municipio de Tumaco que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los habitantes del Corregimiento Llorente  en el municipio de Tumaco que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

· En  el marco del  cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”

25 DE ENERO DE 2012

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

ANGELINO GARZÓN

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

JUAN CARLOS PINZÓN

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , infprotocol@mindefensa.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , mdn@cable.net.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.

e-mail: german.vargas@mij.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , ministro@minjusticia.gov.coEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO

Ministro de Justicia

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

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WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

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ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

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POSICIÓN POLÍTICA DE LOS DELEGADOS INDIGENAS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIO.

Nosotros, los Delegados Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y de la Comisión Nacional de Territorio, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días 23 y 24 de enero de 2012, después de reflexionar sobre nuestra participación en las consultas previas al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al Decreto Ley 4633 de 2011 para la atención, asistencia y reparación de las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas y, el trabajo adelantado en la formulación del Programa de Garantías, así como de analizar la grave situación humanitaria que afrontamos los pueblos indígenas de Colombia, quienes seguimos siendo sujetos de asesinatos, desplazamientos, violaciones sexuales a menores, así como de otras graves y manifiestas vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; como también el sinnúmero de concesiones mineras, agroindustriales y megaproyectos de infraestructura y de explotación de recursos naturales, vulnerando el derecho fundamental a la consulta previa; INDIGNADOS por las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional; en defensa de la vida, el territorio, la autonomía, la cultura y la unidad de los pueblos, nos permitimos MANIFESTARLE al Gobierno Nacional y a la opinión pública nacional e internacional, que:

CONDENAMOS Y RECHAZAMOS

1. Los hechos recientes y reiterados de violencia sistemática y generalizada que se han producido contra nuestros hermanos indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Tolima y de otros departamentos del país.

2. El asesinato selectivo de dirigentes indígenas que han dado su vida en defensa del territorio, la cultura, la unidad y la autonomía de los pueblos indígenas, entre ellos, los compañeros Sergio Parra Mendoza, expresidente del CRIT, del pueblo Pijao asesinado el 18 de diciembre de 2011, Jaime Alberto Chazatar exgobernador del pueblo Pasto asesinado el pasado 31 de diciembre y atentados contra el exgobernador y alcalde del Gran Cumbal Jorge Alpala y el director de su IPS Abrahan Mitis, entre muchos más.

3. La violencia sexual contra las mujeres indígenas y el enamoramiento como táctica de guerra, en especial de nuestras niñas, futuro de la existencia nuestra como pueblos.

4. El otorgamiento continuo de concesiones mineras, de hidrocarburos y agroindustriales que afectan directamente los territorios indígenas, profundizan la pobreza en nuestros territorios, fraccionan el tejido social, cultural y organizativo, desconocen la existencia física y cultural de los pueblos indígenas como propietarios de nuestros territorios ancestrales y aceleran los procesos de exterminio físico y cultural.

5. Las declaraciones del Ministro de Transporte Sr. Germán Cardona Gutiérrez el pasado 16 de diciembre de 2011 en el marco del Foro Vial del Putumayo, realizado en la Cámara de Representantes en el que señaló a los Pueblos Indígenas de “aparecidos” (brotan de la tierra) y “perversos”, dejando entrever que las comunidades indígenas son un estorbo para el desarrollo del país y alentando a la discriminación, señalamientos y persecución contra los pueblos indígenas.

EXIGIMOS

1. Convocar de manera urgente y extraordinaria una sesión de la Comisión de Derechos Humanos para adoptar medidas frente a la grave situación humanitaria que afrontan actualmente los pueblos indígenas. Asimismo, adelantar la implementación inmediata de lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011 para proteger a los pueblos y comunidades indígenas frente al conflicto armado interno.

2. El cumplimiento de lo establecido en el decreto 1397 de 1996 y respetar las funciones que ejerce la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas en el marco de dicha norma.

3. Que el Sr. Ministro de Transporte se retracte de manera pública e inmediata por los mismos medios de comunicación que utilizó para hacer afirmaciones “perversas” que ponen en grave riesgo la integridad física de los dirigentes indígenas de la región y del resto del país y, en consecuencia, lo responsabilizamos de cualquier acto de violencia contra los dirigentes y comunidades de los departamentos que señaló irresponsablemente en su intervención.

4. Respeto al ejercicio del derecho fundamental de la Consulta Previa y el CONSENTIMIENTO frente a las medidas administrativas y legislativas que afecten a los pueblos indígenas, bajo los estándares nacionales e internacionales que la han desarrollado.

5. Coherencia interinstitucional entre las distintas carteras del Gobierno Nacional que permanentemente dilatan, incumplen y plantean maniobras técnicas y sin mayor fundamento jurídico para no cumplir los acuerdos pactados con los pueblos indígenas.

6. Convocar una reunión con los todos los Ministros para que rindan informe sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas en sus diferentes escenarios de Concertación. En especial, los concernientes a la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los acuerdos como los pactados en el Plan Nacional de Desarrollo y la Comisión Nacional de Territorio.

7. Al Departamento Nacional de Planeación que entregue por escrito todos los informes de cumplimiento de cada uno de los Ministerios o del Gobierno Nacional en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo y su efectividad.

8. Al Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón, el cumplimiento de la reunión pactada para el mes de febrero del año en curso, con la presencia de todo su gabinete ministerial, con el fin de adelantar el seguimiento y evaluación de los acuerdos pactados con su Gobierno, así como definir los presupuestos, metas y acciones concretas a desarrollar de manera consultada con los pueblos y comunidades indígenas en su territorio. Asimismo, sea esta la oportunidad para discutir sobre aquellos puntos en los que no ha habido avance con su Gobierno y para evaluar a fondo las actuaciones de las entidades públicas frente a proyectos o iniciativas que afecten a los pueblos indígenas.

Los Pueblos Indígenas de Colombia representados en la Mesa Permanente de Concertación y en la Comisión Nacional de Territorio MANTENEMOS nuestra voluntad de diálogo político sobre la base del RESPETO a los derechos humanos, a la protección de nuestros territorios y recursos naturales, así como de la observancia del cabal cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

Así mismo las organizaciones indígenas CONVOCAMOS a los pueblos y comunidades indígenas a defender el territorio, exigir el cumplimiento de los derechos y acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, resistir frente al modelo de desarrollo extractivista y devastador de los recursos naturales y del medio ambiente y, prepararnos para la movilización social como un instrumento de protección de la vida en contra del proyecto de muerte contra nuestros pueblos.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012).

Glenn Greenwald
Salon/Information Clearing House
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El FBI anunció ayer que ha obtenido un acta de procesamiento contra Faruq Khalil Muhammad ‘Isa, un ciudadano iraquí de 38 años, quien está actualmente en Canadá, cuya extradición es solicitada por EE.UU. El titular en el Comunicado de Prensa del FBI suministra la historia básica: “Presunto terrorista acusado en Nueva York por el asesinato de cinco soldados estadounidenses”. La demanda criminal previamente presentada con autenticación suministra los detalles:” ‘Isa es acusado de “suministrar apoyo material a una conspiración terrorista” porque supuestamente apoyó un ataque en 2008 contra una base militar estadounidense en Mosul que mató a 5 soldados estadounidenses. En otras palabras, si EE.UU. invade y ocupa tu país, y respondes defendiéndolo contra el ejército invasor –la máxima definición de un “objetivo militar, no civil” – eres un…Terrorista.

La demanda, en su primer párrafo, resume la acusación de terrorismo contra ‘Isa: “Sharif Sayfildin, junto con otros, mientras estaba fuera de EE.UU., conspiró a sabiendas e intencionalmente para matar, intencionalmente, deliberadamente, maliciosamente y con premeditación y alevosía, a uno o más nacionales de EE.UU. a saber: personal militar de EE.UU., mientras esos nacionales de EE.UU. se encontraban fuera de EE.UU.

Al decir “fuera de EE.UU.,” el gobierno quiere decir: dentro de Iraq, el país de ‘Isa. La mayor parte de la queja detalla conversaciones que ‘Isa sostuvo supuestamente por Internet, mientras estaba en Canadá, con varios tunecinos que querían iniciar ataques suicidas contra soldados estadounidenses en Iraq; no se afirma que haya organizado el ataque en Mosul sino solo que otorgó aliento político y religioso (la red de la que supuestamente formaba parte también realizó un ataque suicida contra una comisaría de la policía iraquí, aunque la supuesta participación de ‘Isa se limita al ataque contra la base militar de EE.UU. en la que murieron los 5 soldados junto con varios iraquíes, y la acusación de terrorismo se basa solo en las muertes de los soldados estadounidenses).
En un esfuerzo por presentarlo como un demencial terrorista fanático, la demanda incluye la siguiente descripción de conversaciones que tuvo mientras era monitoreado:

38. Vigilancia electrónica ha revelado numerosos casos en el período entre abril de 2009 y la actualidad en los cuales el acusado expresó cólera ante la invasión estadounidense de Iraq y el deseo de vengarse contra EE.UU. Por ejemplo:

En una conversación telefónica con su madre el 19 de octubre de 2009, el acusado declaró: “Como si un enemigo penetra tu país, madre, nadie debiera seguir excluido, grande o pequeño, todos tienen que alzarse y combatir, mujer, hombre, niño, niña, cualquiera y todos, ¿comprendes?”
En una conversación telefónica con su madre del 9 de noviembre de 2009, el acusado habló del “enemigo infiel” que entra a un país musulmán y declaró que es la responsabilidad de todos combatir contra ese enemigo. Mencionó la yihád y preguntó: “¿Sabes madre que cuando muere un mártir tiene 7 características: Primero recibe perdón por todos sus pecados, luego llega a ver su propio sitio en el Paraíso… también llega a tener 70 vírgenes? El acusado agregó que su mayor deseo es morir como un mártir”

¿No es exactamente el modo de pensar que tendría más o menos cualquiera en el mundo: si un ejército extranjero invade su país y procede a ocuparlo brutalmente durante los próximos ocho años, ¿es su deber solemne combatir en su contra? Por cierto, ¿no es exactamente la mentalidad que llevó a algunos jóvenes estadounidenses a alistarse después del ataque del 11-S y ser saludados como héroes: nos atacaron en nuestro suelo, y por ello ahora queremos combatir contra ellos?

No obstante, cuando es EE.UU. el que invade y ataca, se supone que todos consideren esta reacción muy común con burla, horror y disgusto –mirad esos primitivos terroristas religiosos fanáticos que no respetan la vida humana – porque la única reacción saludable, normal, civilizada, que alguien debe tener ante una invasión, la ocupación, y la destrucción de su país es gratitud, o por lo menos una aquiescencia pasiva. Cualquier otra cosa, por definición, lo convierte en terrorista. Es porque existe un derecho inherente estadounidense a invadir u ocupar a quienquiera desee y solo un terrorista resistiría (o ved una vívida expresión (de humor negro) de este derecho patológico imperial, en esta especulación casual de un profesor de derecho en Cornell de que Irán puede haber cometido un “acto de guerra” si derribó el drone estadounidense que penetró su espacio aéreo y sobrevoló su suelo sin permiso: “si es verdad, como afirman los iraníes, que el drone no cayó por accidente sino fue derribado por medios electrónicos iraníes, ¿no es ya de por sí un acto de guerra?”).

Una cosa es condenar las acciones de ‘Isa por motivos morales o éticos: supongo que se podría decir que el deber solemne de todo iraquí es tratar respetuosamente a los invasores estadounidenses como visitantes apreciados (aunque no invitados), o por lo menos ceder a las tropas invasoras estadounidenses el monopolio de la violencia. Pero es algo enteramente distinto calificar a alguien que decide ofrecerles resistencia de “terrorista” y procesarlo por acusaciones que significan cadena perpetua (en contraste: un soldado israelí mató ayer a un manifestante palestino en una pequeña aldea cisjordana, gran parte de cuya tierra había sido apropiada por colonos israelíes, disparándole en la cara una granada de gas lacrimógeno a una distancia relativamente corta, mientras un avión israelí atacaba una casa civil en Gaza y mataba a un padre, a su joven hijo y hería a otros niños; actos de este tipo, o los innumerables actos de matanza imprudente o incluso deliberada de civiles por estadounidenses, nunca deben ser considerados como terrorismo).

Pocas cosas ilustran mejor la extrema carencia de significado de la palabra terrorismo que el que sea aplicada a un ciudadano de un país invadido por ofrecer resistencia contra el ejército invasor y apuntar a objetivos puramente militares (y está lejos de ser la primera vez que iraquíes y otros acusados de resistencia contra los militares invasores de EE.UU. han sido considerados formalmente como terroristas por haberlo hecho). En la medida en que la palabra significa algo operacionalmente, es: el que se opone efectivamente a la voluntad de EE.UU. y sus aliados.

Este tópico es tan vital porque esta palabra sin significado, libre de definición –terrorismo– impulsa tantos de nuestros debates y políticas. Virtualmente cada debate en el que participo incluye rápida y prominentemente a defensores de la política gubernamental que invocan la palabra como una especie de elixir mágico que termina el debate: por cierto, el presidente Obama tiene que asesinar ciudadanos sin proceso debido: son terroristas; por cierto tenemos que quedarnos en Afganistán: tenemos que detener a los terroristas; el Presidente Obama no solo tiene razón cuando mata gente (incluidos civiles) utilizando drones, sino se justifica que alardee e incluso bromee al hacerlo, porque son terroristas; por cierto algunos deben ser mantenido en prisión sin acusarlos: son terroristas, etc. etc. Es una palabra que al mismo tiempo no significa nada y lo justifica todo.

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Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article29948.htm

Según los informes financieros producidos por la Superintendencia de Salud, de los 995 hospitales y centros de salud públicos que reportan su información financiera el 88% de ellos se encuentra en déficit, es decir, 882 centros de salud. Según la Ley 1438 de enero de 2010, el Ministerio de la Protección Social podrá intervenir financieramente las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera y deberán someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero en las condiciones que determine el Ministerio. El artículo 82 de la Ley anuncia que si no superan la situación de riesgo, serán liquidadas o fusionadas.

El 19 de enero de 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 «por medio de la cual se reforma el Sistema General en Salud» y el 18 de febrero el Ministerio de Protección Social comunicó el cronograma de reglamentación e implementación de los 145 artículos que componen la Ley con la previsión de que los cambios se realizarían desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2012. Esta reforma da continuidad al modelo implementado por la Ley 100 de 1993, pero tiene especial interés porque introdujo medidas con efectos importantes sobre las instituciones públicas de salud aún existentes.

La exposición de motivos de la Ley 1438 y las intenciones de las reformas están orientadas a la satisfacción de los usuarios debido a un mejoramiento de los servicios de salud. Entre ellos cabe mencionar la afiliación de toda la población colombiana, la prestación de los servicios en cualquier parte del país, un mismo plan de beneficios para el régimen subsidiado y para el contributivo, la libre elección para la afiliación o la prohibición de multas por inasistencia a citas médicas. Esas son algunas de las promesas que ya habían sido previstas en la Ley 100 y no se habían cumplido.

Alguno de los puntos destacables son aquellos referentes al tratamiento que se le dará a las Instituciones Prestadoras de Salud Públicas (IPS) aún existentes que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud (Supersalud), hasta 2009 eran 998, en su mayoría hospitales públicos. Según los informes financieros producidos por esta entidad, de los 995 hospitales y centros de salud públicos que reportan su información financiera el 88% de ellos se encuentran en déficit, es decir, 882 centros de salud. Por déficit se entiende que los gastos para funcionamiento e inversión en los presupuestos son mayores a los ingresos percibidos por estas entidades. En la siguiente tabla sobre la situación financiera de los hospitales públicos en 2009 se puede ver el número de IPS que hay en cada departamento, las que están en déficit y el monto del déficit por cada departamento. El total del déficit para el agregado nacional fue de 1,57 billones de pesos hasta diciembre de 2009.

La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC) afirma que la deuda de las EPS con los más de 1.000 centros de salud públicos es de 5 billones de pesos por los servicios prestados en atención médica intrahospitalaria en los anteriores 10 años. En el reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) para 126 instituciones afiliadas a esta institución —principalmente clínicas y hospitales privados, aunque también hay públicos—  la deuda a diciembre de 2010 de las EPS y el Estado es de 3,7 billones de pesos.

La intervención de la Ley 1438
El Capítulo 4 del título 6 de la Ley 1438 que trata sobre las «Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y empresas sociales del Estado» se presenta un mecanismo en el artículo 80 sobre la «Determinación del riesgo de las Empresas Sociales de Estado» que indica: «El Ministerio de la Protección Social determinará y comunicará […] el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros». Ya sea porque las empresas no exhiban buenos indicadores o porque no reportan la información exigida, «las Empresas Sociales del Estado, atendiendo a su situación financiera se clasificarán […] en riesgo alto y deberán adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero, sin perjuicio de las investigaciones que se deban adelantar por parte de los organismos de vigilancia y control».

Luego, el artículo 81 indica que «las empresas categorizadas en riesgo medio o alto deberán someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero […] en las condiciones que determine el Ministerio de Protección Social […] cuando una Empresa Social del Estado no adopte el programa de saneamiento fiscal y financiero en los términos y condiciones previstos, será causal de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud». Finalmente, el artículo 82 anuncia que si no superan la situación de riesgo, dará lugar a su liquidación o fusión.

Ahora bien, ya desde hace unos años sindicatos, alcaldes y gobernadores están llamado la atención sobre la situación de fragilidad financiera de los hospitales y centros de salud públicos. Ello significa que la mayoría de estas instituciones están propensas a ser calificadas en alto y medio grado de riesgo y, por lo tanto, proclives a ser intervenidas y liquidadas. La cantidad de instituciones en esta situación es tan significativa que la Ley ordena, en el artículo 50, crear el Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud (FONSAET) con el fin de garantizar los recursos necesarios para la intervención, fusión o liquidación de esas instituciones públicas.

Sin embargo, la Ley no sólo aplicará mecanismos de vigilancia y de intervención, sino que también implementará mecanismos de incentivos para las instituciones que exhiban buenos indicadores, o que hayan superado la situación de riesgo por medio de los programas de saneamiento. En consecuencia, el artículo 69 indica la creación del “Programa de Fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado” que se basa en un fondo con recursos provenientes del Presupuesto Nacional con el fin de mejorar la capacidad instalada y modernizar la gestión. Es importante destacar que los recursos para estos fines se otorgarán a las instituciones a través de créditos, que en algunos casos exitosos pueden ser condonados.

Dado que este mecanismo de regulación del riesgo puede dar lugar a que desaparezcan las instituciones públicas de salud en las regiones más pobres, la Ley prevé un sistema de subsidios para que las instituciones privadas puedan prestar los servicios. Es más, se autoriza a las EPS para intermediar los recursos del Régimen Subsidiado dirigido a las regiones más pobres.
Finalmente, para la reforma de la salud el gobierno nacional estima unos gastos de 1,5 billones de pesos anuales justificados por la intención manifiesta de dar mejor servicio al usuario final. Con esta reforma se garantiza la participación creciente del sector privado que captará recursos públicos no sólo por atención a usuarios del régimen contributivo sino también por los del régimen subsidiado.

http://notiagen.wordpress.com/2011/12/06/la-ley-1438-que-reforma-el-sistema-de-salud-pone-en-riesgo-a-los-hospitales-publicos-que-aun-existen/